El exgerente del Canal dejó sin pagar 3,2 millones de dos préstamos públicos y luego reclamó daños y perjuicios

Dos empresas directamente vinculadas a Ildefonso de Miguel, antiguo factótum de Ignacio González como gerente del Canal de Isabel II hasta 2009 y quien este miércoles recuperó la libertad tras depositar 100.000 euros de fianza como investigado en la Operación Lezo, no solo dejaron sin pagar 3,2 millones de sendos préstamos públicos sino que una de ellas reclamó luego en los tribunales que se la resarciera por daños y perjuicios [pincha aquí para leer la sentencia].

Destinados a proyectos de I+D y financiados por el Gobierno central, los créditos les fueron otorgados en septiembre de 2011: a bajo interés, tras un proceso de concurrencia restringida y con cinco años de carencia. Los concedió, seleccionando a los prestatarios solo entre sus asociados, Madrid Network, un organismo semipúblico creado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y que se define como "la red de innovación de la Comunidad de Madrid".  

Las dos empresas involucradas en esta historia de dinero público en espera de ser recuperado se llaman Safeview SL –la antigua Secuenzia Pixels fundada por De Miguel y su cuñado Fernando Ruano y a la que el Gobierno de Esperanza Aguirre otorgó casi cuatro millones de euros en contratos públicos– y Saerco (Servicios Aeronáuticos Control y Navegación SL), que en febrero de 2012 obtuvo la adjudicación de la torre de control del entonces desierto aeropuerto de Castellón.

Entre ambas se garantizaron en septiembre de 2011 la concesión de ocho de los 80 millones -nada menos que el 10% del total- sujetos a reparto por Madrid Network para proyectos de innovación. El dinero, del que los beneficiarios recibían inicialmente solo un 40% -por eso únicamente ingresaron 3,2 millones- procedía de un convenio suscrito a finales de 2010 por el ya liquidado Ministerio de Ciencia de Innovación y la Comunidad de Madrid. Los portavoces consultados por infoLibre en Madrid Network aseguran que a día de hoy sigue sin conocerse qué hicieron las dos firmas ligadas a De Miguel con el dinero, dado que ni siquiera terminaron la primera fase de ninguno de los dos proyectos asignados: la instalación de fibra óptica en varios municipios de Madrid (el proyecto Enitma) y la creación de un sistema de control de navegación aérea sin torres (el proyecto Towerless).

En junio de 2015, la Audiencia de Madrid condenó a Safeview a devolver la parte del préstamo que ya le había abonado Madrid Network -1,94 millones- más intereses y costas, lo que eleva la cifra a unos 2,6 millones según fuentes del organismo madrileño. Safeview acudió en casación al Supremo, Madrid Network pidió no obstante la ejecución de sentencia y en febrero de 2016 ambas partes alcanzaron un acuerdo: la empresa fundada por Ildefonso de Miguel pagaría a plazos hasta 2024. Hasta ahora ha satisfecho 336.000 euros. Sigue debiendo por tanto casi 2,3 millones.

En el caso de Saerco no llegó a haber sentencia: antes de que se celebrara la vista, hubo también acuerdo de plazos "visado por el juez", esta vez en abril de 2016. De los 1,7 millones que debe devolver -los 1,25 que le fueron transferidos más intereses y costas- ya ha desembolsado 700.000 y adeuda alrededor de un millón, sostiene Madrid Network.

Concedidos a bajísimo interés (1,232%) para los estándares del momento y en condiciones muy ventajosas -cinco años de carencia y otros 10 para amortización-, los destinatarios de aquellos préstamos estaban obligados a ajustarse a un requisito clave: cumplir los plazos de ejecución marcados para cada "hito" -objetivos parciales predeterminados- del proyecto. Safeview obtuvo la adjudicación de 4.870.000 euros pagaderos en varias entregas para el ya mencionado proyecto Enitma. Exactamente, para la primera fase recibió 1.948.000 euros. Y ya no hubo más porque la compañía, que tiene como administrador al cuñado de Ildefonso de Miguel, no cumplió los plazos. Y no logró, por tanto, ninguna otra entrega de dinero.

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En enero de 2013, ya constatado el incumplimiento de las cláusulas, Safeview sorprendió a Madrid Network: le envió un burofax en el que le conminaba a resolver el contrato de préstamo. Cuando el prestamista respondió interponiendo una demanda para recuperar los casi dos millones ya pagados, Safeview contraatacó de nuevo demandando al demandante -lo que se conoce en el argot jurídico como una reconvención. Y exigió daños y perjuicios. 

La sentencia por la que la Audiencia Provincial de Madrid condenó en junio de 2015 a Safeview a devolver el préstamo introduce un párrafo que alimenta las incógnitas sobre el destino del dinero: "El documento número 3 adjunto a la demanda, consistente en el informe de seguimiento del hito 1, pone de manifiesto "que las actividades previstas para el periodo no han sido ejecutadas". Ese mismo documento añade lo siguiente: "En el aspecto económico, la entidad beneficiaria justifica 316.280 euros de los 911.875 euros previstos para el primer hito, demostrando el retraso en la ejecución del proyecto". En junio de 2012, fecha final en que debía concluir el primer hito, este se encontraba al 20%.

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