La Agencia Tributaria tiene desde este miércoles una denuncia para que investigue la existencia de un posible fraude fiscal por parte de DomusVi, la multinacional que es líder del sector de las residencias en España. La denuncia la ha presentado REDE, una organización que agrupa a asociaciones de familiares y usuarios de residencias de Galicia y que está presidida por Paulino Campos.
En concreto, REDE formuló denuncia contra la sociedad Geriavi, que tiene su sede en Vigo y es la matriz española de DomusVi. Este grupo explota 138 geriátricos en España y es el único que tiene implantación en todas las comunidades autónomas.
REDE pide a la Agencia Tributaria que abra diligencias de investigación a Geriavi al entender que “existen indicios de delitos contra la Hacienda Pública, al menos por la participación de esta entidad en un entramado internacional tendente, presuntamente, a eludir las normativas fiscales para obtener unos beneficios impropios”.
El relato de hechos de la denuncia se basa en tres informaciones publicadas por infoLibre, en las que se desvelaba la estructura de la trama societaria montada por DomusVi y las prácticas fiscales del grupo para evitar el pago del impuesto de sociedades y desviar los beneficios a una compañía creada en la isla de Jersey.
DomusVi es el principal grupo de residencias en España, el tercero en Francia y ha entrado con fuerza en Portugal y varios países de Latinoamérica. De acuerdo con sus datos, gestiona más de 400 geriátricos, atiende a más de 70.000 “residentes y clientes” y en 2018 facturó 1.370 millones de euros. Pese a estas cifras de negocio tan importantes, no paga ni un euro por impuesto de sociedades. Algo que consigue mediante prácticas de elusión fiscal diseñadas por su principal accionista, el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), y que se ejecutan desde dos compañías de Luxemburgo.
DomusVi recurre a una de las medidas más extendida entre las multinacionales para evitar el pago de impuestos: el endeudamiento. La compañía matriz del grupo en Francia –denominada Kervita– está pagando a dos sociedades en Luxemburgo de su principal accionista unos intereses desorbitados por los 640,5 millones que le han prestado. Desorbitados significa entre el 9,2 y el 11%, en dos operaciones de deuda firmadas en julio de 2017, cuando el tipo de interés de mercado no superaba el 4%.
Kervita es la empresa que presenta las cuentas consolidadas de todo el grupo. En concreto, consolida los resultados de más de 200 filiales, incluidas las 54 que tienen su sede en España. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas del grupo tributan como si fuesen una sola, de forma que los beneficios de unas empresas se compensan con las pérdidas de otras, reduciendo así la factura fiscal. Todas las compañías tienen sus cuentas, pero la única responsable del impuesto de sociedades es la empresa matriz que consolida las cuentas.
Como Kervita es la sociedad que tendría que pagar impuestos por los beneficios de todo el grupo, ICG le impone el pago de esos intereses desorbitados para llevarla a pérdidas. De hecho, entre julio de 2017 y marzo de 2019, Kervita abonó en intereses a las dos sociedades de Luxemburgo 105,5 millones de euros. Ello le permitió declarar pérdidas y, en consecuencia, no pagó cantidad alguna por el impuesto de sociedades, según las cuentas depositadas por Kervita en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia) consultadas por infoLibre. Y ello pese a facturar 1.370 millones de euros anuales.
Estamos ante una operativa financiera compleja, que utiliza una trama societaria de más de 20 empresas en cuatro países (España, Francia, Luxemburgo y Jersey), pero cuyo resultado es inequívoco: el traslado de beneficios a una sociedad en la isla de Jersey creada por los principales dueños de DomusVi, mediante operaciones de endeudamiento ejecutadas desde compañías de Luxemburgo que permiten no pagar impuestos por el negocio de residencias del grupo en España y Francia.
DomusVi aplica también en España las mismas prácticas de elusión fiscal para trasladar parte de sus beneficios a la compañía de Jersey . El ejemplo más claro es la firma de un préstamo de 65 millones de euros entre la matriz del grupo en España –Geriavi– y su accionista único –la sociedad francesa Homevi– a un tipo de interés del 7,7%, en septiembre de 2015, lo que supone prácticamente el doble del precio de mercado en aquel momento. La legislación española obliga a realizar este tipo de operaciones entre sociedades vinculadas al valor de mercado.
¿Cuál era ese tipo de interés en 2015, cuando se firmó el crédito de 65 millones al 7,7%? La respuesta se puede encontrar incluso en las propias cuentas de Geriavi. Varias de sus filiales tenían a finales de 2015 deudas con entidades de crédito por un importe total de 55,3 millones de euros y el tipo de interés medio se situó en ese ejercicio “en el 3,92% aproximadamente”, según se indica literalmente en la memoria de la compañía. Al año siguiente ese porcentaje bajó ligeramente hasta el 3,88%.
La consejera delegada de Geriavi es Josefina Fernández Miguélez, que también es accionista minoritaria de DomusVi a través de una sociedad francesa denominada Mancare I.
REDE entiende que las informaciones de infoLibre “resultan especialmente esclarecedoras sobre la creación y el desarrollo de una estrutura de ingeniería financiera, en la que participa GeriaVi, que puede traducirse en una conducta ilícita con resultado de fraude fiscal o evasión de impuestos, al sobrevalorar conceptos deducíbles con el fin de reducir el pago de sus obligaciones tributarias respecto a lo que legalmente le correspondería”. El escrito de denuncia ante la Agencia Tributaria lo elaboró el despacho de abogados coruñés Pérez-Lema.
DomusVi es un grupo que vive esencialmente del dinero público. Como desveló este periódico en una anterior investigación, 82 Administraciones autonómicas, forales y locales alimentan la caja de ingresos de la multinacional.
En algunos de sus geriátricos se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia y, aunque se desconoce la cifra total de fallecidos por la opacidad de varios Gobiernos autonómicos y de la propia empresa, los datos que sí han trascendido son escalofriantes. En sus centros de Madrid fallecieron 419 mayores con covid-19 o con síntomas compatibles, en los de Cataluña 145, en Baleares 36 y en Andalucía 33. En total, 633 mayores muertos en las cuatro autonomías cuyos datos oficiales ha desvelado infoLibre.
En otras comunidades también han trascendido hechos impactantes, por ejemplo en Galicia o la Comunidad Valenciana, pero las cifras totales se desconocen.
"las personas mayores como mercancia"
En declaraciones a este periódico, Paulino Campos explica las razones de la denuncia presentada en la Agencia Tributaria por parte de la organización que preside: "El vasto entramado societario de la multinacional DomusVi, que dio a conocer infoLibre a finales de julio, tiene todos los visos de operar con herramientas financieras ilegales por lo menos desde hace cinco años, eludiendo el pago de impuestos en España, violando las leyes, lo que sitúa presuntamente al emporio franco-británico en el universo del delito continuado por fraude fiscal o evasión de impuestos. Por ello vemos la necesidad ineludible de denunciar a la matriz española, Geriavi, ante la Agencia Tributaria, el organismo competente para determinar si DomusVi efectivamente está vulnerando las leyes".
Paulino Campos asegura que "de ser así, de enfrentarnos ante la delincuencia financiera organizada que utiliza a las personas mayores y dependientes como mera mercancía, un hecho gravísimo e intolerable, solicitaremos de las Administraciones españolas correspondientes que se le retire a DomusVi la autorización y acreditación de sus centros de servicios sociales".
La denuncia ante la Agencia Tributaria no es la única acción que piensa emprender REDE tras desvelarse la trama societaria y las prácticas fiscales de Domusvi: "La próxima semana presentaremos también ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) otra denuncia contra Geriavi y DomusVi, y sus principales accionistas, en la suposición de la comisión de delitos contemplados en el Código Penal, derivados del funcionamiento fraudulento de una red estratégica de más de 20 sociedades controlada desde paraísos fiscales, incompatible con las leyes internacionales y españolas vigentes y con las normas que vigilan los acuerdos o conciertos con la Administración pública".
Más allá de las cuestiones legales, Paulino Campos denuncia por último que las actuaciones de DomusVi chocan "con la ética exigible a todo aquel operador habilitado para la prestación de servicios a un cuerpo fundamental de la sociedad, vulnerable e indefenso, como es el de las personas mayores y dependientes, que viene sufriendo durante los últimos años un menoscabo evidente de la dignidad, deterioro que ha derivado en un holocausto atroz durante la infame gestión de la pandemia en las residencias españolas y que ha llevado a miles de ancianos a la tumba, muchos de ellos ingresados en los centros del emporio DomusVi".
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Puedes leer aquí las tres informaciones en las que se basa la denuncia de REDE ante la Agencia Tributaria:
Aralia se embolsa otros dos millones por seguir gestionando una residencia de la que se le intentó quitar la concesión
– DomusVi en España también ejecuta prácticas fiscales irregulares y presenta cuentas con pérdidas
La Agencia Tributaria tiene desde este miércoles una denuncia para que investigue la existencia de un posible fraude fiscal por parte de DomusVi, la multinacional que es líder del sector de las residencias en España. La denuncia la ha presentado REDE, una organización que agrupa a asociaciones de familiares y usuarios de residencias de Galicia y que está presidida por Paulino Campos.