Una farmacéutica intenta evitar que el Gobierno haga pública la información sobre un tratamiento innovador contra el cáncer

Lo anunció el Gobierno a finales de 2018: el medicamento Kymriah quedaba aprobado. Se trataba de un novedoso procedimiento terapéutico destinado a tratar la leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta principalmente a niños y a jóvenes menores de 25 años. Ahora, casi un año después, a la noticia ha seguido una batalla judicial de la compañía farmacéutica, Novartis, que trata de evitar que el Gobierno dé información sobre los criterios de aprobación del medicamento, algo que pidió No es Sano y que avaló el portal de Transparencia. Así lo ha desvelado la propia campaña a través de una nota de prensa hecha pública este lunes. 

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Una vez se anunció la aprobación del medicamento, No es Sano solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre el precio del producto y los criterios terapéuticos y médicos que justificaban la decisión. Al poco tiempo, en enero de este año, el Ejecutivo contestó a la primera pregunta: el precio de financiación del medicamento alcanza los 320.000 euros en España. En cuanto a la segunda pregunta, según denuncia No es Sano, el Gobierno "ofreció una información genérica e incompleta que no respondía a la solicitud". Por eso, No es Sano acudió al Consejo General de la Transparencia. Y les dieron la razón: el Ejecutivo debía dar la información. 

Sin embargo, Novartis ha decidido llevar el caso a la Justicia para que no ocurra. Según ha informado No es Sano, la farmacéutica ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución de Transparencia. Organizaciones como Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se han personado en la causa.

"La resolución del Consejo de la Transparencia considera que esta información debe estar disponible porque es de interés público, que es algo que llevamos años defendiendo desde Salud por Derecho y desde la campaña No es Sano; y que respaldan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, con este movimiento, Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía y, por eso, nos personamos en este proceso", dijo Vanessa López, directora de Salud por Derecho. "Es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras, sobre todo cuando se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior", añadió Ileana Izverniceanu, la directora de comunicación y relaciones institucionales de la OCU.