La farmacéutica vende Sovaldi a España 180 veces más caro de lo que le cuesta producirlo

La empresa farmacéutica Gilead comercializa en España uno de los fármacos de última generación capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C a un precio 180 veces superior al que le cuesta producirlo. Se trata del sofosbuvir –de nombre comercial Sovaldi–, que entró en la financiación pública el pasado noviembre después de nueve meses de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio norteamericano. Los pacientes afectados por el virus están llevando a cabo una campaña de protesta –incluido un encierro en el hospital 12 de Octubre de Madrid desde el pasado 19 de diciembre– para denunciar que el fármaco, que combinado con otros ofrece tasas de curación del 90%, no está llegando a los pacientes que lo necesitan.

Aunque Sanidad no ha informado del precio acordado con Gilead, una simple operación aritmética permite determinar el precio finalmente pactado. La partida reservada para financiar el Sovaldi "durante el primer año de comercialización" es de 125 millones de euros, según informó el pasado octubre el Ministerio de Sanidad, que también ha indicado de que serán 6.000 los afectados de hepatitis C que tendrán acceso en 2015 a este nuevo fármaco. España pagará, por tanto, alrededor de 20.800 euros por cada tratamiento. 

El tratamiento con este antiviral de acción directa inhibidor de la polimerasa tiene para los genotipos del virus en los que se ha demostrado efectivo una duración de doce semanas con una ingesta diaria de la pastilla Sovaldi en combinación con otros fármacos como la ribavirina o el simeprevir (de nombre comercial Olysio), que también tiene un coste elevado. No obstante, en algunos pacientes con estados avanzados de la enfermedad los hepatólogos no descartan que el periodo de ingesta tenga que ampliarse para garantizar la eficacia. 

La realidad es que el coste de producción del Sovaldi mucho de la cifra que pagará España. Un estudio [PDF en inglés, aquí] en el que participaron cinco investigadores de las universidades de Liverpool (Reino Unido), Howard (Estados Unidos), Cape Town (Sudáfrica) y el Imperial College de Londres determinó el coste de fabricación de este fármaco en entre 68 y 136 dólares (entre 57,6 y 115,2 euros, según el cambio de moneda a día 8 de enero de 2015). Tomando como referencia el precio más alto determinado por los expertos, se puede concluir que Gilead vende en España el Sovaldi a un precio 180 veces superior al que le cuesta fabricarlo. 

Dado que el novedoso medicamento tiene una estructura química y molecular similar a la de los antirretrovirales, los científicos utilizaron en este caso las mismas dinámicas de mercado empleadas para determinar los costes mínimos de los fármacos contra el VIH. La investigación, de la que se hizo eco la prestigiosa revista The Lancet, determina que con estos precios el acceso generalizado al nuevo medicamento sería factible en 15 años. Según esta misma publicación, el investigador Raymond Schinazi –en cuyo laboratorio de la Emory University de Atlanta (EEUU) se comenzó a gestar este tratamiento– estimó el coste de producción en 1.400 dólares (1.186 euros). 

Diferencias entre países

Viendo estos datos no extraña el hecho de que algunos países hayan conseguido precios mucho más reducidos que los alcanzados por los países europeos y EEUU. En Egipto, según informó la agencia Reuters citando a la estatal Mena, el Gobierno consiguió una rebaja sustancial y sólo paga 900 dólares por tratamiento. Si se toman como referencia los precios del estudio previamente citado, Gilead sigue obteniendo un cierto margen de beneficio. Algo similar ocurre en India donde, según informó el pasado septiembre la propia compañía en un comunicado, Gilead autorizó a siete laboratorios del país –Cipla o Ranbaxy, entre otros– a lanzar versiones genéricas del fármaco que resultan más baratas (alrededor de 1.062 euros), pero con la obligación de que sólo puedan ser vendidas a 91 países en vías de desarrollo, donde se concentra el 54% de la población mundial infectada de hepatitis, según cifras aportadas por la farmacéutica. 

Fuentes de la patronal Farmaindustria explican, a preguntas de infoLibre, que el alto precio de comercialización de algunos fármacos tiene que ver con los elevados costes en investigación y desarrollo y el hecho de que no siempre se obtienen los retornos esperados. "El desarrollo de un medicamento es un proceso costoso y arriesgado que dura de media 12 años. En 2011 de 3.200 moléculas patentadas, sólo 35 fueron autorizadas como nuevos fármacos. La Universidad de Tufts de Boston estimó en noviembre de 2014 que el proceso de elaboración de un fármaco supone, de media, una inversión de 2.285 millones de euros. Por otro lado, sólo 3 de cada 10 medicamentos comercializados producen beneficios que superan los costes medios de I+D", señala un portavoz de esta organización.

En Farmaindustria explican que el tiempo de vigencia de una patente es de 20 años, pero comienza en el momento en el que se descubre una molécula. Y como el tiempo medio de desarrollo hasta que se introduce en el mercado –señalan– es de 12 años, la explotación real de esa patente en el mercado es de unos 8 años hábiles. "Un tiempo que, desde luego, no parece desproporcionado", señalan fuentes de la patronal de los laboratorios. "Una vez expira la patente, que surja competencia de medicamentos genéricos es un claro síntoma de que el medicamento original ha sido realmente innovador y ha supuesto una mejora importante de la calidad de vida de la sociedad", añaden. 

¿cómo se fijan los precios?

La fijación del precio de los medicamentos corresponde a cada país, que lo determina en función de los acuerdos a los que llega con las farmacéuticas. En España es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, la encargada de esta función. Por eso los precios no son iguales en todos los países. Francia, según explicó el Ministerio de Sanidad galo en una nota de prensa, paga 13.667 euros por cada bote de 28 comprimidos, por lo que el precio del tratamiento completo es de alrededor de 41.000 euros. En Estados Unidos se fijó en 84.000 dólares (unos 71.185 euros), lo que provocó las críticas de dos senadores, Ron Waiden y Chuck Grassley, que llegaron a enviar una carta al presidente de Gilead, John C.Martin, en el que expresaban sus dudas sobre el método utilizado por la compañía para fijar el precio. De hecho el Congreso norteamericano, a instancias de ambos representantes, está investigando el por qué de ese alto precio. En Alemania el precio fijado para todo el tratamiento es de 56.000 euros, y en Canadá y Reino Unido de 46.500 euros. 

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Ángel Puyol González, profesor de Ética de la Universitat Autònoma de Barcelona especializado en bioética, considera que los Estados "no deberían aceptar el chantaje de la industria farmacéutica cuando se negocian precios para medicamentos que salvan vidas". "Hay que poner un precio justo con el que todas las partes ganen. La industria tiene que obtener beneficios e incentivos para seguir investigando, pero tales beneficios deben estar finalmente al servicio de los enfermos. De lo contrario, se convierten en inmorales. Todos deben ganar, y para eso es fundamental que ninguna de las partes, ni la industria ni los Estados, abuse de su poder", asevera.

La situación generada a propósito de este medicamento es "compleja y envenenada" a juicio de José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad. "Resulta un ejemplo paradigmático de cómo una compañía farmacéutica puede aprovechar las condiciones de monopolio otorgado, es decir, la patente, contra todos los Estados para imponer un chantaje de precio abusivo... y conseguir sus objetivos ante la parálisis de todos los poderes públicos". El alto precio que algunos gobiernos tienen que pagar por este fármaco y las diferencias entre países es, según su parecer, "otro fracaso para la comunidad internacional y para la Unión Europea en particular". 

Para Repullo, este escenario no es sino "otra razón para replantearse cómo financiar la investigación y la innovación, y cómo garantizar el interés general en medio de esta marea de ánimo de lucro desenfrenado". Y censura que los afectados se vean abocados a estudiar "cómo forzar judicialmente las decisiones e indemnizar con sentencias a las víctimas" en vez de que el debate público esté centrado en cómo bajar precios y liberar patentes". "Un resultado patético en términos de bienestar social; posiblemente inevitable en esta ocasión, pero imperdonable en la siguiente... que la habrá", sentencia.