Feijóo se alinea con los ‘duros’ de la UE a favor de hacer recortes para cumplir el pacto de estabilidad

Que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con las reglas fiscales de la Unión Europea, suspendidas desde que estalló la pandemia de la covid-19, es una de las fijaciones del discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que aterrizó en la escena política nacional. El líder de la oposición defiende desde entonces la necesidad de aplicar ajustes que permitan reducir deuda y déficit nacional y renunciar en la práctica a la suspensión excepcional de los límites decretada por Bruselas para facilitar a los países miembros la financiación de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia.

No es algo que haya hecho sólo España. En realidad, en 2020, salvo Suecia y Dinamarca, ningún país cumplió con el déficit fiscal europeo y, en 2021, fueron 15 los que no lo hicieron. 

Volver a las reglas de gasto anteriores, que marcan un déficit anual por debajo del 3% y un objetivo de deuda inferior al 60% del PIB, lo defienden en la Unión Europea los halcones, los gobiernos que en su día más se opusieron a iniciativas como la creación de los fondos extraordinarios Next Generation, liderados estos días por Alemania. Aunque este pasado martes los ministros de finanzas de los 27 llegaron a un preacuerdo para que el regreso a la estabilidad se aplique de manera mucho más flexible que en el pasado. La letra pequeña deberá fijarse antes de que termine 2023, coincidiendo con la presidencia española de la Unión y la campaña de las elecciones generales.

El pasado 8 de marzo, mientras en España la atención se dirigía a las controversias provocadas por la ley del sólo sí es sí y la ley trans, Bruselas dio el primer paso para poner fin a una excepcionalidad que comenzó en 2019. La Comisión Europea quiere que los presupuestos para 2024 vuelvan a incluir una senda creíble para alcanzar el objetivo de reducir el déficit público, aunque de momento no hay previsión de incluir procedimientos sancionadores para los países que no lo hagan.

La idea es, en palabras del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que “la economía europea ya no está en grave recesión. Se ha recuperado más allá de su nivel prepandémico“ y “hemos superado la intensa primera fase de la crisis energética”, por lo que es necesario volver a embridar la deuda, que en algunos países, entre ellos España, ha vuelto a crecer.

En discusión

No obstante, los detalles acerca del modo en que Europa volverá a tener un plan de estabilidad están todavía en discusión. Y es ahí donde la posición de Núñez Feijóo parece estar alineada con la de los halcones, los países que defienden el regreso a un modelo de control estricto de deuda y déficit. 

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, no está entre ellos. El equipo liderado por la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defiende la contención de ambos indicadores, pero también su modulación en función de la situación de cada país. Entre otras cosas porque alcanzar el 60% de deuda está lejos de las posibilidades de cualquier gobierno, a menos que acometa una drástica reducción del gasto.

En el PP se apoyan en criterios como el expresado recientemente por la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero: “Llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro y que tarde o temprano iban a volver las reglas fiscales”. Según ella, es “razonable” pensar que España pueda cumplir y alcanzar en poco tiempo un déficit por debajo del 3%, pero no rebajar sustancialmente la deuda pública, a menos que se pongan en marcha “medidas estructurales”, que es una manera de señalar que hará falta reducir sustancialmente el gasto. 

En Génova se fijan también en la opinión de Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, partidario de que nuestro país inicie cuanto antes, este mismo año, “un proceso de consolidación fiscal”. 

En esa línea, Feijóo evita hablar de ajustes, especialmente con unas elecciones generales a las puertas. Porque reducir la deuda por la vía de la contención del gasto significa tocar las grandes partidas del presupuesto (pensiones, educación, sanidad y servicios públicos en general) y echar mano de la gestión privada.

Patata caliente

No es algo que tenga buena acogida, así que el líder del PP nunca concreta sus planes. Pero a veces da pistas. Desde hace un año defiende una reducción de lo que el PP llama el “gasto superfluo” de la administración, pero sin señalar a nadie. De hecho, para curarse en salud, lo que Feijóo propone es pasar la patata caliente a la Airef para que sea este organismo el que identifique a través de una auditoría dónde se puede meter la tijera. Es su manera de presentar la política económica que está cocinando como si fuera una conclusión técnica, no una elección política, uno de sus argumentos favoritos desde que se dedica a gestionar fondos públicos.

En el PP han hecho de la deuda y del déficit dos piezas esenciales de su campaña electoral y defienden un plan económico para reducir ambas cifras. “Necesitamos modificar nuestra política económica para volver a la credibilidad de las instituciones europeas”, ha declarado Feijóo sin explicar, como es habitual en él, cómo planea hacerlo más allá de repetir la máxima de que bajar impuestos estimulará la economía y aumentará la recaudación, algo que no ha ocurrido en ninguna de las comunidades gobernadas por el PP.

En realidad, y aunque Feijóo dice, un día sí y otro también, que la deuda se incrementa mes a mes, los datos oficiales señalan que se redujo en 2022 hasta el 113,1% del PIB, lo que supone una caída de 5,2 puntos sobre el cierre de 2021, la mayor en la historia reciente de España y cerca del objetivo para el cierre de 2023. Desde el nivel máximo alcanzado durante la pandemia (120,4%), la ratio deuda PIB se ha reducido ya en más de 7 puntos, una bajada muy superior a la prevista. 

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Y eso sin contar con que no toda la deuda, ni mucho menos, es achacable al Gobierno de Sánchez. Mariano Rajoy se la encontró en el 70% cuando llegó a la Moncloa en 2011, y cuando se fue, tras la moción de censura de 2018, la había elevado al 98% del PIB.

El déficit público, por su parte, se disparó en 2020 a causa del fuerte aumento del gasto para hacer frente a la crisis sanitaria, que se sumó a la caída de los ingresos provocada por el parón de la actividad, hasta alcanzar un 11%. Cayó al 6,76% al año siguiente y la Airef estima que 2022 se cerró en un 4,5%. La previsión del Gobierno, incluida en el vigente Plan de Estabilidad 2022-2025, es reducir ese porcentaje al 3% de aquí al final de 2025.

Feijóo se queja a menudo de que el Gobierno de Sánchez lleve “cuatro años sin cumplir una sola regla fiscal”, lo que permite al ejecutivo, asegura, ir “dopado de deuda y de déficit”. “Así gobierna cualquiera”, asegura cada vez que se refiere a este asunto lamentando abiertamente el margen de que disfruta el Ejecutivo español —como el resto de los países de la UE—, especialmente en pleno año electoral.