Feijóo compra el discurso de Puigdemont sobre aranceles y menores migrantes para desgastar a Sánchez

El Partido Popular pasó de reconocer que había "elementos acertados" en el plan del Gobierno contra los aranceles de Donald Trump a denunciar la concesión de un "cupo arancelario separatista" a Junts en solo veinticuatro horas. Fue el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que el pasado lunes tendió la mano al Ejecutivo de Pedro Sánchez en un contexto de guerra comercial en el que, según dijo, "estar divididos no sirve de nada". En esa declaración desde la sede de Génova el conservador también marcó distancias con Vox a raíz de su amistad con Trump y aseguró que el PP estaría "al servicio del Estado". Pero no todos en el PP creen que apoyar a Sánchez sea lo adecuado, de ahí su giro discursivo.

El martes su formación ya marcaba distancias a raíz de las palabras del diputado catalán, Josep María Cruset, que vendió el acuerdo con el Gobierno para apoyar el plan aludiendo a que la movilización de los más de 14.000 millones de euros se haría "en base al peso de las exportaciones de Cataluña a EEUU". Les corresponderían, según la formación de Carles Puigdemont, 3.000 millones a las empresas catalanas al representar el 25% de las ventas a EEUU. Según Junts, esto se incluía en una disposición del texto. La excusa de un supuesto pacto entre el Ejecutivo y Junts dio al PP la munición que necesitaba para marcar una postura más firme contra el socialista y acallar así el debate interno.

El Gobierno, sin embargo, aseguró desde el primer momento que no existía ningún trato diferencial de cara a las empresas catalanas en el texto del que disponen todos los grupos parlamentarios salvo Vox antes de su aprobación en el plazo de un mes, pero la interpretación de Junts valió al PP para darse por "expulsados del marco negociador", comprando así el discurso de los de Puigdemont frente al del Gobierno. En privado, desde las filas del PP consideran que les han "engañado" porque les han "colado" un acuerdo que, a su modo de ver, beneficia a Cataluña sobre el resto. Con todo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sigue manteniendo abierto el diálogo con el PP y este mismo jueves se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas para pactar la creación de un grupo de trabajo para que los territorios participen en el diseño del plan de respuesta a los aranceles

Lo cierto es que el decreto no habla de que las líneas ICO se vayan a distribuir por un criterio territorial, sino que deben ser las empresas las que las pidan. De hecho, la disposición indica, según fuentes del Gobierno, que los instrumentos de financiación estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock arancelario. El miércoles, desde los pasillos del Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó que exista un pacto para favorecer los intereses de Junts. "Es evidente que no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o algún territorio frente a otro. Creo que el ministro Cuerpo tuvo ocasión ayer de hablar con uno de sus representantes políticos y así se lo transmitió", subrayó, en referencia a las conversaciones entre Cuerpo y el portavoz económico del PP, Juan Bravo.

"Si hay empresas más expuestas a los aranceles en determinadas regiones, en consecuencia, podrían necesitar más acceso a financiación. Se otorgará a las empresas que lo soliciten y el seguimiento del uso de los instrumentos se hará de forma transparente articulando mecanismos de seguimiento con las comunidades y rendición de cuentas antes las Cortes”, trasladaban al mismo tiempo desde Economía. Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, criticó la postura del PP pero siguió alimentando ese mismo relato. "Cuando a Cataluña le llegan los euros que le corresponden, aquí todo el mundo se escandaliza", afirmó. El Ejecutivo recalca que habrá financiación para todas las empresas que lo requieran y señalan que no habrá competencia entre ellas para conseguirlas, por mucho que tanto los independentistas catalanes como el PP insistan en esa versión.

En la dirección del PP insisten en que el "Gobierno no es de fiar" pero, en cambio, sí dan por buenas las explicaciones de la formación de Puigdemont, a la que no hace tanto tiempo tildaban de "enemiga del Estado" e incluso de "terrorista". De esta manera también buscan defenderse de las acusaciones de Vox, que ha criticado duramente la mano tendida del PP para pactar con Sánchez mientras les excluía a ellos. Lo que temen en Génova es que, pese al daño que puedan hacer los aranceles a España, se imponga el relato de que la formación ultra es la única que le planta cara al presidente del Gobierno. Una preocupación que lidera el sector duro del PP, que quiere evitar a toda costa cualquier acercamiento con el socialista.

"Invade competencias", un clásico del independentismo

Los aranceles no es el único punto en el que el PP ha comprado el discurso de Junts. También ha sucedido en el caso de la acogida de los menores migrantes, bajo la acusación de que Cataluña tendrá que acoger menos que el resto por los acuerdos con el independentismo. Este jueves, tras casi un año marcado por desacuerdos constantes, reuniones infructuosas e incluso una votación fallida en la Cámara Baja, el Gobierno logró finalmente validar el nuevo sistema de acogida para menores migrantes al conseguir una mayoría a favor del decreto que el Consejo de Ministros aprobó el mes pasado. La medida, que impone un reparto obligatorio entre las comunidades autónomas, no contó, sin embargo, con el apoyo del Partido Popular pese a que gobierna en la mayoría de autonomías. Tras amagar durante todo el día con una abstención, eligió la vía más dura y se alineó con Vox votando ambos en contra.

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Los conservadores sostienen que Sánchez privilegia a Cataluña por sus pactos con Junts y así lo repitió su portavoz, Ana Alós, durante el debate este jueves al asegurar que esa comunidad solo recibirá 20 menores mientras que a Madrid y Andalucía les corresponderán 800. Unos números que el Ejecutivo justifica en el contexto de que Cataluña ya ha acogido a muchos más menores migrantes que ambas comunidades gobernadas por el del PP. El diputado de Junts, Josep Maria Cervera, también reforzó ese planteamiento: "En Cataluña somos pioneros, tenemos un número de plazas muy por encima que el resto", dijo. Los de Feijóo, sin embargo, lo consideran una clara cesión a los independentistas.

Paradójicamente Alós utilizó algunos de los argumentos clásicos del independentismo para oponerse a la medida, entre ellos de que se trata de un mecanismo "impuesto" desde Madrid, que "invade competencias autonómicas" y que contribuirá al lo que los conservadores denominan "efecto llamada" —un marco que tanto la derecha catalana como la española le ha comprado a la extrema derecha—y que, a juicio del PP es la "constatación del fracaso absoluto de la política migratoria" porque no se tiene en cuenta "la realidad del territorio".

Más allá de la oposición a este reparto obligatorio, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, admitió hace solo unos días que sus comunidades cumplirían con la ley, pese a no estar de acuerdo con el reparto, aunque no descartaron emprender acciones judiciales en forma de recurso, como han anunciado ya algunas autonomías como Madrid o Aragón.