El PP está teniendo serias dificultades para apagar el incendio interno provocado por la decisión unilateral de su líder, Alberto Nuñez Feijóo, de abrazar la ley de plazos que reguló el derecho al aborto en 2010. Pasando por alto las resoluciones del partido de 2017, todavía en vigor, que dicen exactamente lo contrario, y actuando como si el partido no hubiese mantenido vivo durante trece años un recurso ante el Tribunal Constitucional precisamente para tumbar esa ley.
El propio Feijóo tuvo que hacer frente este miércoles, en una comparecencia después de visitar un centro privado de apoyo a pacientes oncológicos pediátricos, a una batería de preguntas sobre este asunto a la vista de las ambigüedades, contradicciones y críticas internas que ha desatado su apuesta por la ley de plazos.
Feijóo empezó con un reproche que trataba de pasar por alto la contestación interna en el PP y las críticas que ha recibido por parte de las confesiones religiosas, en particular de los obispos españoles. Según el presidente del PP “raya lo cómico” que los periodistas tengan “tanto interés en desviar la atención” al preguntarle por la posición del PP en relación a al aborto en “una España en la que el Gobierno está en una implosión histórica”. Sobre todo porque, dijo, “ustedes conocen mi opinión, se la he dado a ustedes hace unos días” y “no voy a cambiar en los próximos días. Yo tengo mi opinión y la he explicado y la opinión es muy muy clara y muy diáfana”.
Ante la insistencia de los periodistas, que no terminan de ver esa claridad por ningún lado, intentó primero eludir las preguntas que le instaban a aclarar si el PP considera el aborto un derecho, contradiciendo así los documentos del partido de 2017 que dicen lo contrario, tal y como sospecha al ala radical de su formación. Para tratar de evitar la cuestión, primero hizo una proclamación de la voluntad del partido de “apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad” y después, en referencia a los deseos de Vox, aseguró que no van “a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo de acuerdo con la legislación en nuestro país”.
Dilema
Una vez más, eludiendo hablar de una posición de partido, Feijóo se refugió en que en este asunto se dan cita “cuestiones éticas, morales, filosóficas, religiosas y de conciencia”, razón por la cual cree que “sería bueno buscar acuerdos, buscar consenso. No criticar a nadie, sino respetar las opiniones de los demás”.
Aún así, el líder del PP afirmó que su opinión es que “es necesario regular la interrupción voluntaria del embarazo”, así como “apoyar a todas las mujeres que quieren ser madres”. De los 27 países miembros de la Unión Europea, recordó tratando de evitar la palabra “derecho”, 23 tienen “una regulación del aborto”.
Y si la ley que lo regula en España lleva 13 años en vigor y “ni el Partido Popular ni el Partido Socialista la ha cambiado”, añadió pasando por alto las oposición histórica de su partido a esa norma, que él mismo compartía en 2014, y además el TC la considera constitucional, “yo entiendo que ese es el consenso al que debemos de llegar. Eso forma parte o debería formar parte del consenso” político en España, insistió.
Aun así, y para distanciarse del Gobierno, trató de poner el énfasis en que el PP quiere que jueces y padres puedan imponer a las mujeres de entre 16 y 18 una maternidad no deseada, rechazó la regulación de la objeción de conciencia y reivindicó que las mujeres que deseen abortan deban pasar obligatoriamente por un periodo de reflexión.
Derecho sí, pero no
¿Pero el aborto es un derecho?, insistieron los periodistas. “No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos”, respondió dando a entender que no considera derecho nada que no esté en este documento, lo que dejaría fuera de esa categoría, por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio de las personas con el mismo sexo. “Se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país”, trató de explicar, por lo que “es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país”.
A pesar de las críticas internas y externas que está recibiendo, Feijóo trató de ponerse de perfil diciendo que en este asunto lo que hay es una polémica entre los partidos que forman el Gobierno y Vox. “Nosotros no estamos intentando politizar, al contrario. Lo que estamos haciendo es un llamamiento a todas las mujeres que quieren ser madres para que nos digan lo que necesitan para mantener ese embarazo” sin “cuestionar a aquellas mujeres que quieren interrumpir voluntariamente el embarazo, siempre que lo hagan de acuerdo con la ley”.
Feijóo busca desde hace días el modo de superar este asunto, pero no lo consigue. Defiende la ley de plazos de Zapatero de 2010, en contra de los documentos políticos del PP, pero no quiere enfadar al 33% de los votantes del partido que, según las encuestas, están en contra del derecho al aborto tal y como está regulado en España. El riesgo de perder votos en favor de Vox, que sí defiende la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, está sobre la mesa.
De ahí que el líder del PP trate de evitar la cuestión y defienda “un gran consenso social” que plantea en oposición al Gobierno y a Vox. Para su formación “respetar a las mujeres que quieren tener hijos y apoyarlas es nuestra primera opción, pero no coaccionar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo de acuerdo con la legislación, por supuesto que forma parte de nuestros principios y de nuestras propuestas a la sociedad”.
Descontento
El giro unilateral de Feijóo sobre la ley del aborto de Zapatero abre un frente interno en el PP
Las palabras de Feijóo están muy lejos de lo que esperan exdirigentes del partido como los exministros Jaime Mayor y Jorge Fernández Díaz. Y por supuesto de lo que piensan los representantes de las principales confesiones religiosas en España —católicos, evangélicos, musulmanes, ortodoxos y anglicanos— que, mientras el líder del PP trataba de justificarse, firmaban este miércoles una declaración contra la ley del aborto que será entregada a los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Sólo se ha mantenido al margen la comunidad judía española.
El problema para el PP no ha terminado. Este jueves tendrán que tomar posición en el debate sobre la actualización de la ley de plazos propuesta por el Gobierno, a la que se oponen. En él previsiblemente tendrán que escuchar los reproches de Vox, partidario de derogar el aborto en España.
La ultraderecha ha visto en este asunto una nueva oportunidad de denunciar la connivencia que a su juicio acaba teniendo siempre el PP con el PSOE y se dispone a explotarla a fondo de cara a las elecciones. Para ello ya han presentado una proposición no de ley con el objetivo de obligar a los diputados del PP, entre los que se encuentran algunos contrarios al aborto o al menos a la ley de plazos, a tomar partido en este asunto.
El PP está teniendo serias dificultades para apagar el incendio interno provocado por la decisión unilateral de su líder, Alberto Nuñez Feijóo, de abrazar la ley de plazos que reguló el derecho al aborto en 2010. Pasando por alto las resoluciones del partido de 2017, todavía en vigor, que dicen exactamente lo contrario, y actuando como si el partido no hubiese mantenido vivo durante trece años un recurso ante el Tribunal Constitucional precisamente para tumbar esa ley.