El giro unilateral de Feijóo sobre la ley del aborto de Zapatero abre un frente interno en el PP

Génova intentó este lunes acallar las voces que critican el cambio de postura del PP sobre el aborto dando a entender que en realidad no ha modificado su postura y que su líder, Alberto Núñez Feijóo, jamás ha reconocido que el aborto sea un derecho. Pero no han convencido a nadie. 

Lo cierto es que la posición oficial del PP sobre el aborto, en la que se apoya la decisión de mantener viva durante trece años su petición para que el Tribunal Constitucional derogase le ley de plazos de 2010, se fijó en un documento oficial aprobado en 2017. En el punto número 54 de ese texto, el PP afirma estar“firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad. Por ello, continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres”.

Para intentar hacer ver que ese documento sigue en vigor, el portavoz de campaña del partido, Borja Sémper, intentó la paradoja de defender la ley de plazos de 2010 y afirmar, al mismo tiempo, que el PP sigue creyendo que el aborto no es un derecho, tal y como reconoce precisamente esa ley. Es más, Sémper llegó a negar que Feijóo haya defendido alguna vez tal cosa.

Rechazar que el aborto sea un derecho era la clave de bóveda de la posición del PP contra el aborto y específicamente contra la ley de 2010 que reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres. El texto de la ley lo dice claramente en su exposición de motivos al reconocer “el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”. Y al establecer, en su artículo 1, lo siguiente: “Constituye el objeto de la presente Ley Orgánica garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos”.

“No hemos hablado en ningún momento de que el aborto es un derecho”, declaró Sémper en la misma rueda de prensa en la que apoyó que la ley vigente, que dice precisamente eso, “porque ofrece garantías a las mujeres que se someten a un aborto”.

El derecho al aborto

Para apuntalar su posición, el portavoz conservador negó una y otra vez que Feijóo haya reconocido alguna vez el aborto como un derecho. “Yo nunca he oído hablar al presidente Feijóo de que el aborto es un derecho”, subrayó. Eso "no le quita entidad ni importancia, ni deja de interpelar a los poderes públicos a que regulen este fenómeno para dar respuesta y seguridad a las mujeres que deciden emprender este proceso”.

Feijóo, sin embargo, sí ha hablado del aborto como un derecho. Lo hizo en junio del año pasado, poco después de hacerse con la riendas del partido y de que el Supremo de Estados Unidos abriese la puerta a su prohibición: “El aborto es un hecho con el que convive la sociedad española desde hace muchos años. Todos los países de la Unión Europea tienen regulado ese derecho”.

Que esa es su postura y no la de su partido, al menos hasta ahora, lo reconoció él mismo en varias ocasiones al apoyar la ley de plazos a título personal. La última, la semana pasada: “Mi opinión personal, lo he dicho hace tiempo, es que una ley de plazos, bien construida, es una ley correcta en términos generales, constitucional y, por tanto, es un planteamiento que merece mi respeto”. 

Es un asunto, argumentó también una entrevista publicada por El Confidencial el 29 de enero, en el que “confluyen cuestiones morales, éticas, religiosas y políticas. Seguro que cada persona tiene una sensibilidad distinta y nosotros aspiramos a tener 10 millones de personas que nos apoyen. Mi posición personal es la de Alberto Núñez Feijóo. Y punto”, intentó zanjar.

También este lunes el vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, siguió esa línea, desmintiendo de hecho a Sémper. “Somos un partido que defiende la vida, pero también los derechos y las libertades de las personas. Y creo que hay que conjugar todo esto”, declaró en un entrevista emitida por el programa Conexión Galicia (TVG).

La sociedad “ha evolucionado mucho”

Tellado, a diferencia de Sémper, admitió abiertamente que el PP sí ha cambiado de postura y que lo ha hecho porque “la sociedad española ha evolucionado mucho”. También, añadió, porque la vigente ley de plazos ha sido efectiva a la hora de reducir el número de abortos. Es “una ley garantista que está funcionado, muy similar a todo lo que existe en el entorno comunitario. Las leyes se tienen que juzgar por los resultados que producen y la realidad es que el número de abortos se ha reducido” y eso “es una buena noticia”.

Para matizar su defensa de la ley e intentar hacerla más llevadera al sector del partido que rechaza este cambio de posición, Génova se esfuerza en subrayar que al mismo tiempo el el PP defiende “la maternidad” y se va a concentrar en promover medidas para que ninguna mujer aborte por causas “socioeconómicas”. 

Pero lo cierto es que cada vez son más las voces críticas con un cambio de postura que no ha pasado, que se sepa, por ningún debate interno y que se basa exclusivamente en una decisión personal de Feijóo. Es el caso del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, que en un artículo publicado este fin de semana en La Razón subrayó que “es la primera vez que el PP se declara partidario del aborto de forma institucional y pública, cuando en sus estatutos todavía se define como defensor de los principios del humanismo cristiano y del derecho a la vida”. Feijóo debería “reflexionar que esa posición política genera problemas de conciencia –entre otros– a no pocos de sus votantes católicos que, sin duda, esperan un cambio político en España y no una mera sustitución en La Moncloa limitada a corregir la deteriorada situación económica”.

En contra está también exministro Jaime Mayor Oreja, muy activo entre las organizaciones antiabortistas. La Fundación Neos, que él mismo dirige, difundió este fin de semana un comunicado en el que califica de “llamativo y preocupante el apoyo expresado por el presidente del Partido Popular” a la sentencia del TC. En línea con Díaz, sostienen que es “una contradicción, no solo con la posición que había mantenido este partido, sino también un alejamiento y un abandono de las convicciones más profundas de una parte sustancial de su electorado”. 

“El paso de otorgar al aborto la consideración de 'derecho', elemento sustancial de una ley de plazos”, “constituye un salto determinante”, por lo que piden expresamente a los miembros de la dirección del PP que “reflexionen y reconsideren su postura en esta cuestión tan decisiva, en lo que significa un reemplazo y sustitución de un orden social basado en fundamentos cristianos por un desorden social”.

La contestación se extiende

No son los únicos críticos. Varios firmantes del recurso del PP contra la ley del aborto están indignados, según fuentes consultadas por Europa Press. Su tesis es que dar por buena la ley de plazos de 2010 contradice el principio aprobado el partido de negar al aborto la condición de derecho.

Entre los más enfadados está el exministro Federico Trillo, autor del recurso presentado ante el TC, que en una reciente entrevista emitida por la emisora católica TreceTV especuló con presentar un recurso judicial en Bruselas para tratar de tumbar la decisión del Constitucional basándose en cuestiones formales.

Varios exdiputados llegaron a remitir el pasado 2 de diciembre una carta a Feijóo en la que le pedían que no renegase de los principios del partido y advertían de las consecuencias. “Estamos seguros de que el Partido Popular no ha renegado de estos compromisos y que impulsará que su posición en los debates y trámites parlamentarios sea conforme a los mismos”, decían en una carta en la que también sugerían, a modo de aviso, que cambiar de posición dejaría “la defensa de estos principios a otras fuerzas políticas”, en referencia a Vox.

Lo cierto es que la posición de Feijóo en este asunto ha ido cambiando con el tiempo y constituye un buen ejemplo de cómo el líder del PP se adapta a las circunstancias y, obsesionado por hacer suya la tesis de la mayoría, ajusta sus planteamientos políticos a lo que cree que la sociedad defiende en cada momento. 

Cuando se aprobó la ley que ahora ha hecho suya, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, amagó con desafiar su aplicación en Galicia en 2010 anunciando que en el sobre que, según la nueva norma, las Administraciones deberían entregar a las solicitantes de aborto con información sobre las ayudas a las que tendrían derecho, iba a incluir algunas observaciones a fin de disuadirlas de su propósito. El Gobierno respondió anunciando que adoptaría medidas para impedirlo y Feijóo acabó renunciando.

Años después, en 2015, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, Feijóo seguía criticando la ley de plazos de Zapatero y defendía la vuelta a la regulación de 1985. Hay que “volver al consenso tácito de la ley que estuvo en vigor en España 25 años, la ley socialista de 1985”, que no era de plazos sino de supuestos. “Nuestro planteamiento es la ley de 1985”, subrayaba.

El cambio de Feijóo

Ahora Feijóo lo que entonces consideraba una ley divisiva le parece una norma “correcta” y bien construida”, una posición que no compartió con sus compañeros cuando fue elegido presidente del partido. Y no la piensa derogar, para desesperación del sector más confesional del partido, pese a que en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses había dejado claro que es lo que pensaba hacer con todas las leyes que el PP tenía recurridas ante el TC. “Por coherencia, un partido debe derogar total o parcialmente una ley que tiene recurrida en el Tribunal Constitucional”.

El giro del PP no ha gustado nada a los obispos católicos. El de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, se mostró muy crítico en declaraciones a una emisora confesional. Feijóo “dice que está feliz. Si su partido piensa lo contrario, está sobrando”, señaló cuestionando que la formación conservadora comparta el planteamiento de su líder.

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Munilla acusó a Feijóo de estar “en la contradicción más absoluta” porque “matar a un hijo” no es un derecho. “La traición del Partido Popular a la causa de la vida es total. No se puede ir mas lejos: han asumido todos los parámetros de la izquierda más radical”. En su opinión, ningún católico puede apoyar “a un partido que sostiene esos principios”.

La iglesia católica no va a dejar pasar por alto este asunto. Prueba de ello es que líderes católicos, musulmanes, evangélicos, ortodoxos y anglicanos de España firmarán este miércoles una declaración interreligiosa apenas unas horas antes de que el Congreso amplíe la ley del aborto para que padres y jueces no puedan imponer tener un hijo no deseado a las mujeres de entre 16 y 18 años. 

La declaración será suscrita por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Comisión Islámica de España (CIE), la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, la Iglesia ortodoxa de Rumanía, la Iglesia ortodoxa de Rusia y la Iglesia Española Reformada Episcopal.