Feijóo rescata su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada para intentar justificar el pacto con Vox

La culpa de que el Partido Popular haya accedido a gobernar junto a la extrema derecha en Castilla y León es del PSOE. Así lo asegura Alberto Núñez Feijóo, que acusa a los socialistas de “obligar” a su formación a pactar con Vox por no facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco con su abstención. En una entrevista con El Confidencial, el dirigente conservador ha reclamado que los dos partidos del turnismo parlamentario español durante los últimos cuarenta años se comprometan a facilitar la investidura del candidato más votado.

“Creo que una forma de darle estabilidad institucional a nuestro país es un acuerdo para que gobierne la lista más votada. Ahora vienen las municipales y autonómicas y por mi parte me gustaría que ese acuerdo fuese recibido por el PSOE”, han sido las palabras del gallego. Algunos dirigentes socialistas como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya han rechazado públicamente la propuesta.

“A mí, que podría parecerme bien porque nos garantizaría poder gobernar en Extremadura durante mucho tiempo sin necesidad de sacar mayoría absoluta, me parece que la democracia se construye también sobre el respeto a las minorías”, ha valorado el primero. La ministra de Transportes ha añadido que Feijóo “solo se acuerda” de esa propuesta “cuando le toca a él”. En ese sentido apuntan también fuentes de la dirección socialista a infoLibre: "Eso solo vale si ellos quedan primeros. ¡Hay que recordarles Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia… en 2019!".

Lo cierto es que si la propuesta del líder conservador se hubiera materializado en las elecciones autonómicas de 2019, el PP no hubiera retenido el gobierno de ninguna comunidad autónoma, a excepción de Galicia (cuyas autonómicas se celebraron un año más tarde). Pero tras el descalabro de Ciudadanos, a Feijóo le faltan socios con los que poder pactar. El gallego es consciente de que tendrá muy limitadas las posibilidades de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente al aceptar como socio a Vox. 

El peligro de bloqueo, que obligó a repetir las elecciones en 2016 y en 2019, está más presente que nunca. Casi todas las encuestas — la última la publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas—  anticipan la posibilidad de que ningún bloque, ni PSOE-Unidas Podemos ni PP-Vox, esté en condiciones de sacar adelante una investidura en un país en el que, a pesar de lo ocurrido en los últimos años, sigue vigente la norma constitucional —el artículo 99— que posibilita a las minorías el bloqueo de las legislaturas.

En el PSOE se muestran partidarios de reformar este artículo y así lo expresaron en la celebración del 40º Congreso el pasado mes de octubre. La fórmula por la que abogan los socialistas es que cada partido pueda presentar un candidato distinto a la presidencia y que gane el que más votos obtenga, como sucede en Galicia y País Vasco. En España la Presidencia del Gobierno siempre ha recaído en el candidato del partido más votado, con la única excepción de los diez primeros meses de Pedro Sánchez en la Moncloa, a la que llegó gracias a una moción de censura. 

Para ser investido en 2019, Sánchez pactó un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y llegó a acuerdos con otros seis partidos (ERC, PNV, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG) que hoy, a la vista de los sondeos, serían insuficientes para ganar la votación. 

Una reunión de solo quince minutos con Tudanca

Quince minutos. Ese fue el tiempo que duró la reunión entre Mañueco y el portavoz socialista, Luis Tudanca, en la ronda de contactos celebrada en el mes de febrero. No volvieron a reunirse. El socialista aseguró que fue el líder conservador quien dio por finalizado el encuentro después de mencionar la presunta corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso y las informaciones sobre el espionaje de Génova. "La excusa fue la mera mención de la palabra corrupción. Le hizo levantarse de la mesa", reveló.

Tan solo unas semanas después, el 10 de marzo, Mañueco cerró un acuerdo con Vox que incluía no solo la Mesa de Cámara autonómica, también el Gobierno de la Junta, ante el riesgo de perder el control de las Cortes. El presidente de Castilla y León no agotó plazos y tampoco se presentó a una investidura sin apoyos comprometidos para poner a prueba a Vox y al PSOE. La opción de la repetición electoral quedó descartada desde el primer momento.

Para conseguir el apoyo de Vox, Mañueco no sólo ha cedido poder ejecutivo (la Vicepresidencia y las consejerías de Industria y Empleo, Agricultura y Cultura y Turismo), sino que ha abrazado el discurso de la extrema derecha en asuntos como la violencia machista, el veto parental, la memoria democrática o la transición ecológica, como se pudo comprobar en la investidura del pasado lunes.

El nuevo presidente de Castilla y León confirmó que antes del mes de agosto su Gobierno de coalición remitirá a las Cortes un proyecto para elevar a la categoría de ley el concepto de “violencia intrafamiliar” con el que Vox intenta, desde su nacimiento, negar la existencia de una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres que es la base de la estrategia contra la violencia machista que apoyan, o apoyaban hasta ahora, todos los partidos del arco parlamentario con la única excepción de los ultras.

También asumió la idea del veto parental. “Apostamos por un modelo educativo libre de adoctrinamiento ideológico”, proclamó siguiendo al pie de la letra las exigencias de Vox, aunque “en esta comunidad no hay adoctrinamiento ni lo va a haber por parte de nadie”, añadió Mañueco. Y en materia de memoria democrática, al comprometerse a impulsar una ley “de concordia” para evitar su “uso” para “dividir” a los españoles.

Su vicepresidente, Juan García-Gallardo, habló de “delirio climático” para referirse a la crisis medioambiental que según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) está a punto de no tener marcha atrás y hacer del planeta un lugar inhabitable, prometió “guerra cultural” desde las consejerías que ocuparán a partir de la semana que viene y anticipó que su partido recortará desde la Junta las “ultrasubvenciones” que, sostuvo, reciben sindicatos y organizaciones empresariales.

Feijóo rechaza romper con Vox a cambio de la abstención de PSOE

El PP abraza el discurso de Vox en violencia machista, veto parental y memoria democrática

Ver más

Antes de que el pacto con Vox fuera una realidad, el presidente Pedro Sánchez se ofreció a facilitar la investidura de Mañueco pero reclamó como contrapartida que los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia rompieran todos sus acuerdos con la ultraderecha. "Si explica que la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender”, le planteó Sánchez al portavoz del PP en el Congreso, Javier Maroto.

Se trata de un peligro del que también advirtió el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Felix Bolaños, en una reciente entrevista con infoLibre. “Tenemos que decirle a la ultraderecha que no. Que basta ya. Que no se tiene que insultar y que tienen que integrarse en la democracia asumiendo las reglas, no intentar socavar todos los días las instituciones y a los que estamos en una responsabilidad de gobierno”, aseguró.

Pero Feijóo enmarca la oferta de Sánchez en su “cinismo político”: “Los partidos políticos no pueden ser tacticistas ni decir una cosa y hacer la contraria. Lo hemos visto en Navarra, donde el PSOE se apoya en Bildu para gobernar y no dejó que lo hiciera una coalición como Navarra Suma. Está más o más claro, ¿no? No hay versiones”, señala en la citada entrevista. Al dirigente del PP lo que le interesa es hablar de la inflación, la más elevada de los últimos 40 años, y de su receta para combatirla, pero la actualidad ha desdibujado su discurso.