El fiasco del decreto de los alquileres debilita al Gobierno en vísperas del debate presupuestario

243 votos en contra y 103 a favor. El Gobierno ha sido incapaz de articular una mayoría parlamentaria suficiente para evitar que su decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquileres, presentado a bombo y platillo el pasado diciembre, fuese derogado apenas un mes después de su entrada en vigor. A su favor sólo consiguió sumar los votos del PNV y de cuatro partidos del grupo mixto (PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias). En contra, la derecha (PP y Ciudadanos) pero también los dos grupos parlamentarios a su izquierda (Unidos Podemos y Esquerra Republicana), además de los diputados de EH Bildu integrados en el mixto.

La singular de la derrota del Ejecutivo de Pedro Sánchez se entiende mejor si se sitúa en términos históricos: desde la aprobación de la Constitución, el Congreso sólo ha tumbado un decreto ley en cuatro ocasiones: uno de UCD en 1979 sobre la Junta Central de Acuartelamiento; otro del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el impuesto al tabaco que cayó en 2006 por un error, un tercero del Gobierno de Mariano Rajoy sobre estibadores en 2017 y ahora el de los alquileres.

El Gobierno no ha podido evitar ofrecer una evidente imagen de debilidad a sólo tres semanas de que el proyecto de Presupuestos se enfrente a su primera prueba de fuego también en el Congreso. Y aunque rápidamente se ha apresurado a restar importancia al traspiés sufrido, lo cierto es que el fiasco afecta a una materia —la vivienda y el alquiler— de marcado carácter social, precisamente el área política donde Sánchez quiere poner el foco de cara a los Presupuestos.

Los socios potenciales del Gobierno no ocultan su decepción por la escasa disposición del Ejecutivo a la hora de tratar de llegar a acuerdos antes de las votaciones. El diputado de Unidos Podemos Alberto Montero criticó que el Gobierno invoque constantemente el sentido de “responsabilidad”. “No entiendo por qué no llaman para preguntar nuestra consideración; el PP y De Guindos lo hacían de forma permanente. Ustedes vienen sin levantar el teléfono y sin apelar al diálogo. No sé si lo que quieren ahorrar en la factura de teléfono es lo que se gastan en combustible del Falcon”, recriminó.

En parecidos términos se expresó el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà. Es de “caraduras”, dijo, reclamar a la izquierda el apoyo en el Congreso a sus decretos ley sin ni siquiera llamarles para negociar. Resulta “un tanto antiguo”, explico en los pasillos del Congreso en declaraciones recogidas por Europa Press, que el PSOE, por el hecho de tener la palabra socialista en sus siglas, considere que el resto de las izquierdas deben apoyar los decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez. “Es una manera de hacer muy chapucera que no se corresponde con la fuerza que tienen”.

“Deberán ser más humildes”, advirtió, porque para obtener el respaldo de otros grupos hay que dialogar. “No creo de muestren demasiado interés en que les aprobemos los decretos si no son capaces de llamar para razonar por qué hay medidas en ellos que pueden ser interesantes, pero los aprovechan a la vez para endosarnos otras cuestiones”.

Las consecuencias del rechazo

La derogación del decreto supone que los cambios impulsados por el Gobierno dejan de estar en vigor. La extensión a cinco años de la duración mínima de los contratos ha durado sólo un mes y vuelve ahora a ser de tres años, como había establecido el PP. Asimismo, la prórroga tácita de tres años vuelve a ser de uno solo.

También deja de estar en vigor la fijación de un máximo de fianza de dos mensualidades y que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato recayeran en el arrendador en caso de tratarse de una persona jurídica. Los ayuntamientos tampoco podrán destinar excedentes de tesorería si tienen superávit a la promoción del parque de vivienda pública, y volverá a estar en vigor la obligación de repercutir el IBI al inquilino en alquiler social por parte de la Administración o entes públicos. Tampoco serán de aplicación las medidas del Gobierno para limitar los alquileres turísticos.

La derogación del decreto será del agrado del fondo buitre Blackstone, la mayor inmobiliaria privada de España, que hace apenas unos días había criticado con dureza la medida.

No obstante, los contratos que se hayan firmado durante el mes que ha estado en vigor el decreto ley seguirán siendo válidos.

La visión del Gobierno 

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, desplazada este martes a Bruselas y a quien Unidos Podemos atribuye la negativa del Gobierno a aprobar límites para los alquileres más elevados, lamentó la decisión del Congreso. El decreto ley ahora derogado “atajaba un problema social” sin impedir la adopción en el futuro de otras medidas como las que reclamaba el grupo de Pablo Iglesias, que pueden necesitar “más maduración o una base jurídica distinta a un decreto ley”.

“A mí me parece que se trataba de un proyecto ambicioso que atajaba un problema social y que trataba de abordar los aspectos más urgentes, lo que nos había sido reclamado por parte de la sociedad" subrayó.

Calviño aseguró que el Gobierno ha puesto “en el centro” de su actividad “desde el primer día” el acceso a una vivienda digna y en condiciones aceptables de todos los ciudadanos. Pero el problema de los alquileres, subrayó, “no se puede resolver con una única norma o una única varita mágica”.

Para Unidos Podemos el objetivo de fijar precios máximos a los alquileres es una cuestión mayor. El problema de los desahucios y de la vivienda forma parte de la identidad de las fuerzas políticas que integran el grupo. Y su desconfianza hacia el Gobierno es tal que el grupo de Pablo Iglesias se negó a aceptar ninguna de las alternativas que les ofreció Fomento: sacar adelante ese mecanismo en el tramite de enmiendas, introducirlo en los Presupuestos o dejarlo para un decreto ley posterior. “Si se tramita como un proyecto de ley, PP y Cs pueden bloquearlo alargando el plazo de enmiendas en la Mesa del Congreso”, explican fuentes de la formación morada. “Y un decreto complementario abre la puerta a muchas incertidumbres”. Por eso reclaman un nuevo decreto, aún a sabiendas que otros grupos políticos —PNV y PDeCAT— no vayan a apoyarlo y que, por tanto, no pueda salir adelante.

A pesar del desencuentro con el Gobierno, el diputado y miembro de la dirección de Podemos Rafa Mayoral insistió en que las vías de diálogo están abiertas y sostuvo que es posible alcanzar un acuerdo en materia de vivienda para sacar “un real decreto que realmente sea un acuerdo de la mayoría parlamentaria”.

No habrá nuevo decreto

El Gobierno ni siquiera considera esa posibilidad. Fuentes del Ministerio de Fomento consultadas por infoLibre confirmaron que el departamento que dirige José Luis Ábalos se va a concentrar ahora en sacar adelante su proyecto de Ley de Vivienda. Aprobar un nuevo decreto ley no tiene sentido, aseguran, porque si lo hace y esta vez incluye en él medidas de control de precios para ganarse el apoyo de Podemos perderá el respaldo del PNV y del PDeCAT y tampoco habría mayoría en el Congreso. Un callejón sin salida. Lo dijo Ábalos al inicio del debate, cuando pidió el apoyo de los grupos al decreto: “Se trata de una oportunidad que no debemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan”.

Con la herida aún reciente, el Ejecutivo optó por restar importancia a la derrota. Fuentes de La Moncloa destacaron que el pleno se saldó con la aprobación de siete decretos ley del Gobierno. “En total, de los 25 aprobados por el Consejo de Ministros durante 2018, el Congreso ha convalidado 24, lo que supone un 96% de la actividad política” del Ejecutivo “a través de este instrumento normativo. Y tres de cada cuatro han recibido menos de cinco votos en contra”, subrayan las mismas fuentes.

El Gobierno “está satisfecho con este balance porque le ha permitido desarrollar parte de su agenda del cambio, la más urgente”. Algo que, asegura, “han entendido el resto de grupos de la Cámara, por cuanto el 80%” de estos decretos se han tramitado “por procedimiento de urgencia también como proyectos de ley”.

Así que, sostienen, “el Gobierno ha demostrado su capacidad para generar zonas de consenso en beneficio de la ciudadanía”.

En cuanto a la derrota sufrida en el decreto de alquileres, el Gobierno mantiene que sigue “trabajando en su propósito de crear una ley estatal de vivienda, de marcado carácter social, que incluya la creación de una estadística oficial de alquiler más transparente e instrumentos legales que eviten que los fondos buitre se queden con las viviendas sociales, así como la movilización de suelo público para la creación de 20.000 nuevas viviendas públicas”.

La derrota ha sentado como un jarro de agua fría dentro del Gobierno y del PSOE pero nadie ha querido dar muestras de desánimo. Todo lo contrario. Ha sido en este contexto en el que tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se han mostrado más optimistas que hace unos días en relación con la posibilidad de rearmar la mayoría de la moción de censura para sacar adelante el proyecto de Presupuestos para 2019.

La situación está ahora “mejor, y confío en contar con la mayoría suficiente para tramitar el proyecto de ley”, dijo Montero. La situación es mejor que hace dos semanas y ve que el escenario "se va despejando" para que el Ejecutivo pueda concitar el apoyo de fuerzas independentistas a sus cuentas.

“Estamos a la espera de que tomen sus propias decisiones”, dijo Lastra en referencia a los partidos independentistas. “Hablamos con ellos, al igual que con el resto de grupos parlamentarios, pero soy más optimista que hace 15 días”, reveló en una entrevista en RNE. Como portavoz parlamentaria socialista habla “mucho” con PDeCAT y Esquerra y ahora percibe cómo el escenario “empieza a despejarse un poco”.

Una reunión clave

Lo cierto es que los independentistas están a la espera de la reunión que el próximo viernes mantendrá la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el Govern para intentar concretar la puesta en marcha de una mesa de partidos para abordar la situación de Cataluña. PDeCAT y Esquerra vinculan la creación de ese foro a su apoyo a los Presupuestos.

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El Gobierno plantea que la mesa de partidos sea entre formaciones catalanas, como la que ya creó el president Quim Torra en Barcelona a instancias de una iniciativa del Parlament aprobada a petición del PSC. Pero el Govern quiere que sea de partidos estatales, y que en ella participen, entre otros, Unidos Podemos o el PNV.

Fuentes del PDeCAT consultadas por Europa Press consideran “de gran importancia” este encuentro. Si la conclusión es satisfactoria, aseguran, puede “cambiar el escenario” con relación a su posición sobre la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que no quiere decir, precisan, que se vaya a dar un “sí” a las cuentas públicas para 2019.

Fuentes de ERC, por su parte, también destacan la importancia de la reunión, pero se muestran poco optimistas en cuanto al resultado. “En este momento estamos a un 95% de probabilidades de presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos”, recalcan, al tiempo que insisten en la necesidad de que el Gobierno haga gestos en favor de los políticos presos, cuyo juicio dará comienzo a principios de febrero.