La Fiscalía alerta del aumento de propaganda de Dáesh sobre España y de "nuevos planes para actuar en Europa"

La Fiscalía General del Estado alerta en su Memoria de 2018 del aumento de propaganda del grupo terrorista Estado Islámico (Dáesh o ISIS) en España, sobre todo a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, lo que otorga a nuestro país una "relevancia estratégica como elemento a recuperar o atacar".

En este sentido, el Ministerio Público considera que esta "campaña mediática" se enmarca en un ámbito "geográfico y temporal de gestación de nuevos planes" de la organización yihadista "para actuar operativamente en Europa".

Según la Memoria, que ha presentado este lunes la fiscal general del Estado, María José Segarra, en el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, "España continúa siendo uno de los objetivos de las organizaciones yihadistas a nivel global, al igual que gran parte de los países del entorno". "Este terrorismo -añade el informe- es la mayor amenaza a la que se enfrentan las democracias occidentales".

"Se considera vigente la amenaza procedente de terroristas autónomos en países occidentales que podrían llevar a cabo acciones en función de sus propias capacidades y de la vulnerabilidad y oportunidad de los potenciales objetivos, como se evidencia con la materialización de un atentado terrorista en el mes de agosto en la comisaría de la policía autónoma de Cataluña en Cornellá de Llobregat", en el que el atacante fue abatido, explica la Memoria.

30 detenciones en más de 20 operaciones

En 2018, las fuerzas policiales desarrollaron más de una veintena de operaciones en las cuales se practicaron 39 detenciones, tanto en España como fuera del territorio, en colaboración con otros países como Francia, Italia, Colombia, Argentina y Marruecos.

Las actividades llevadas a cabo por los integrantes de las estructuras terroristas desarticuladas en España, según la Fiscalía, han sido principalmente de radicalización, captación, reclutamiento y envío de activistas a zonas de conflicto. Igualmente se han producido detenciones por integración, apoyo logístico, actos de enaltecimiento y amenazas graves con fines terroristas.

La actividad contraterrorista desarrollada, en parte en colaboración con los otros países mencionados, ha permitido constatar que los detenidos forman parte de organizaciones "perfectamente estructuradas donde la lealtad individual al ideario" del Estado Islámico es "plena", siguiendo en todo momento las directrices de su autodenominado califa.

Para comunicar ese ideario, la estructura de propaganda oficial de la organización "habilita canales paralelos a través de las redes sociales que actúan como amplificador de los mensajes violentos que quiere difundir y sirve de aliento permanente a sus seguidores para cometer acciones terroristas contra objetivos en occidente", advierte el Ministerio Público.

Además, los miembros de las células desarticuladas ejercían "labores de captación y adoctrinamiento con su entorno, e incluso con miembros de su familia, sin dudar en usar la violencia si fuera necesario, con el objetivo de captar adeptos para su envío a zona de conflicto o integrarse en nuevas células locales activas, valiéndose para ello de diferentes perfiles creados en redes sociales y de plataformas de comunicación vía Internet".

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En cuanto a los tipos de objetivos, la Fiscalía hace mención especial a las fuerzas de seguridad como "uno de los principales activos amenazados, como ha quedado demostrado en los múltiples ataques que han sufrido en diferentes países de nuestro entorno y como se constató en agosto de 2018 con el atentado en Cornellá de un terrorista autónomo que, al parecer, habría actuado inspirado en la propaganda terrorista y movido por la emulación de otros atentados similares con alta repercusión".

Los medios de transporte, principalmente terrestre y, en especial, los trenes e infraestructuras ferroviarias, junto a los espacios y edificios simbólicos y los lugares de grandes concentraciones de personas, como las zonas turísticas y costeras, "continúan sufriendo el mayor nivel de amenaza al ser reiteradamente priorizados en la propaganda yihadista".

Entre los mecanismos para hacer frente a este terrorismo, la Fiscalía expone en su informe que "se echa en falta" la redacción de una nueva ley de protección de testigos, ya que la norma vigente ha quedado "obsoleta al no responder a las necesidades de este fenómeno criminal, que requiere agilidad y globalidad en su respuesta".