La Fiscalía de Barcelona rechaza escuchar a familias de residentes muertos pese a la orden de García Ortiz

"Cuando recibí la carta de la Fiscalía, tardé horas en abrirla. Sabía que cuando lo hiciera iba a sentirme como si mi madre hubiera vuelto a morir". Así recuerda Enriqueta López el momento en el que vio el documento con el que la Fiscalía Provincial de Barcelona rechazaba la reapertura de las diligencias de investigación que solicitó para conocer las condiciones en las que había fallecido su madre en la Residencia Bertrán i Oriola. "Cuando lo vi, me pregunté: '¿Dónde está la justicia?'", recuerda. A Cipriano Victorio le ocurrió prácticamente lo mismo. Mediante un escrito idéntico, su petición, que pretendía que el organismo volviera a investigar en qué situación murió su madre en la residencia Sophos de Sant Joan Despí, también fue rechazada. La de Estíbaliz García, también.

Los tres solicitaron la reapertura de las diligencias de investigación después de que la Fiscalía General del Estado diera una orden el pasado mes de octubre a los fiscales superiores para que rindieran cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para que escucharan a las familias. "Resulta [...] de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar [...]. Para ello, se ha de velar por que sean oídos", recoge el oficio [puedes consultarlo aquí]. Hacerlo, detalla la Fiscalía, está recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de la víctima del delito y la instrucción que dictó el organismo en 2005 "sobre el deber de información en la tutela y protección de las víctimas en el proceso penal".

Sin embargo, como dijeron fuentes fiscales a infoLibre después de conocerse la orden, la reapertura de las diligencias no tenía porqué ser ni obligatoria ni automática ni, mucho menos, masiva. "Es algo que dependerá de cada una de las fiscalías. Si consideran que hay testigos o allegados importantes con los que no se ha hablado, puede que se reabra el asunto y se tome esa declaración. Pero hay que ir caso a caso, es algo que depende de cada uno de ellos", apuntaron. Así, habrá unos casos en los que sí sean escuchadas las familias, cumpliendo con las dos normas dictadas por la Fiscalía General y con su propio oficio de 2005, y otros en los que no ocurrirá así, dado que se archivaron antes de que Álvaro Ortiz recordase la necesidad de cumplir con ello y no se van a reabrir.

La Fiscalía Provincial de Barcelona, preguntada por este periódico, explica lo mismo: la repertura tiene que estudiarse de manera individual, y no siempre se producirá. "Las diligencias de investigación —y en esta misma línea apunta la nueva circular de la Fiscalía General del Estado 2/22— es una investigación llevada a cabo en sede de Fiscalía para buscar indicios sobre si se ha cometido o no un hecho delictivo, recabando todos los medios de investigación que tenemos al alcance, y muchas veces se precisa para ello recibir declaración a los denunciantes o perjudicados. Esta decisión se toma caso por caso", explican. Y añaden: "Solo se reabren Diligencias de Investigación de Fiscalía ya archivadas cuando se aporta por el denunciante nuevos elementos de prueba que justifiquen, de forma motivada, seguir con la investigación, garantizando con ello también los legítimos derechos de la persona investigada".

No ha ocurrido, a su juicio, ni en el caso de Enriqueta ni en el de Cipriano ni en el de Estíbaliz. En los tres, según los escritos de la Fiscalía de Barcelona, consultados por infoLibre, se reitera el archivo de las diligencias que se dictó en un principio —en junio de 2020 en el primer caso, en julio en el segundo y en el tercero— "al no presentar los hechos caracteres de delito alguno". Además, añadió el organismo, la Fiscalía ya informó a estos familiares de que podían "reiterar su denuncia ante la autoridad judicial", algo que, según le consta al organismo, no se ha realizado. "No han quedado desvirtuados los razonamientos jurídicos contenidos en el referido decreto de archivo", sentencia la Fiscalía en todos los casos. "No se estima justificada la petición formulada", termina.

Posibles desatenciones por parte de las residencias

Las tres respuestas del organismo son idénticas, y sus casos casi también. Cuando empezó la pandemia, la madre de Enriqueta vivía en la residencia Bertran i Oriola —donde la Generalitat retiró la gestión a la empresa Eulen por las "diversas irregularidades detectadas en la atención a las personas usuarias durante la emergencia sanitaria del covid-19", según informó el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que, por otro lado, no especificó cuáles eran esas "irregularidades"—, en la que fallecieron, según los cálculos de los propios familiares, 42 personas. "No nos lo llegaron a confirmar nunca, pero lo contabilizamos entre todos", recuerda.

El 12 de marzo por la tarde, el centro echó el cierre. "Nos dijeron que estaban preparados y que solo serían 15 días", lamenta. En ese momento, no obstante, recibía información e imágenes de su madre, hasta que un día le dijeron que tenía covid y otro su hermana recibió una llamada en la que le indicaron que había muerto. Pero Enriqueta no cree que las cosas fuesen como le contaron. "Mi madre, por su patología, debía estar incorporada, porque si no se ahogaba. Una doctora del centro de salud que entró en la residencia me dijo que era eso lo que había ocurrido. Fue una mala praxis, y tampoco pudieron comprobar que tuviera covid. No comprobaron nada", denuncia. En el escrito de la Fiscalía, consta que Enriqueta denunció que le informaron de "que su madre, dependiente total y con patologías previas como glaucoma, parkinson y diabetes, falleció por broncoaspiración y no covid-19 cuando en el certificado de defunción constaba 'insuficiencia respiratoria grave por posible covid-19'".

Con la petición de reapertura de las diligencias para saber exactamente qué ocurrió, Enriqueta ya ha intentado descubrir las condiciones en las que falleció su madre cuatro veces. La primera, mediante una denuncia a la Fiscalía interpuesta por la Coordinadora 5+1 de manera conjunta con otros centros; la segunda, mediante el Defensor del Paciente; y la tercera, mediante otra interpuesta únicamente por ella. "Estoy muy desanimada. Sigo pensando que hasta que no consigamos que alguien pague por lo que pasó, no cambiaremos la manera de gestionar nada", lamenta.

A Cipriano le llamaron desde la residencia Sophos en pleno confinamiento para comunicarle que su madre tenía algo de fiebre. Consiguió entrar en el centro para visitarla y comprobó que estaba completamente sola y desatendida, dice. "Tenía que estar con oxígeno, y lo tenía por el suelo. Además, otro residente no paraba de entrar en la habitación. No sabía ni si estaba contagiado ni si podía ser él el que le había quitado la máscara a mi madre", recuerda. Al poco tiempo, le comunicaron la muerte. "Me dijeron que se atragantó, pero no sé en qué condiciones pasó nada. Yo creo que la tuvieron desatendida, no estuvo protegida", denuncia.

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La madre de Estíbaliz ingresó en Vitalia Sants poco antes de que estallara la crisis sanitaria y a las pocas semanas le notificaron que su madre tenía "algo de fiebre". "Nos pidieron que no llamáramos cada día porque tenían que atender a muchos familiares, así que empezamos a hacerlo en días salteados. Siempre nos decían que todo iba bien", recuerda. Hasta que le anunciaron que había empeorado y que tenía neumonía.

En ese momento, explica, le comunicaron que no podían derivarla al hospital. "Hasta que empecé a apretar y llamé yo misma a una ambulancia", denuncia. Consiguió el traslado, pero ya en un momento demasiado avanzado de la enfermedad. "Llegó con un fallo multiorgánico y no pudimos hacer nada", lamenta. Así lo recogió en su denuncia, como consta en el escrito de la Fiscalía: "Considera [Estíbaliz] que los hechos ocurridos fueron muy graves por diversos motivos; en primer lugar por la falta de información real del estado en el que se encontraba su madre; también por la negativa de la residencia a derivarla a un centro hospitalario bajo el argumento de que tenían todos los medios necesarios para atenderla".

"Yo entiendo que las circunstancias eran malas, pero reclamo que al menos me hubieran informado bien. De haber sabido cómo estaba mi madre, quizás hubiera intentado antes llevarla al hospital", dice. Ahora, tras este segundo varapalo de la Fiscalía, ha tirado la toalla. "Para qué voy a poner otra denuncia. No me van a hacer caso. Ahora lo que hay que hacer es luchar para que el estado de las residencias mejore de cara al futuro, nada más".