La Fiscalía General del Estado asume la investigación de los casos de pederastia en la Iglesia

El ministro Félix Bolaños, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, y el secretario general de los obispos, Luis Argüello.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha asumido este lunes las investigaciones sobre agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas y ha ordenado a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan todos los procedimientos penales para su recopilación en un plazo de diez días.

Según ha adelantado el diario El País y ha confirmado Moncloa, la actuación de la Fiscalía General del Estado se enmarca "en el ámbito de su autonomía y de sus competencias", ha recogido Europa Press.

Desde el Ejecutivo también explican que estas actuaciones "no agotan" otras medidas que el Gobierno estudia "para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse", incluidas también iniciativas parlamentarias, en referencia a los casos de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas.

En 2019, la Fiscalía General del Estado, que entonces lideraba la fiscal María José Segarra, remitió un informe al Ministerio de Justicia donde alertó de una "deficiente" respuesta al problema de los abusos en la Iglesia católica en España y propuso investigar los casos del pasado, como han hecho en otros países como Australia, Holanda o Austria.

En este contexto, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se reunió el pasado 18 de enero con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Madrid, Juan José Omella, quien le explicó el "camino" que la Iglesia española ya está realizando en comunión con la Santa Sede ante los casos de abusos a menores.

Por su parte, el Gobierno trasladó al purpurado la preocupación del Gobierno por que todos los casos se aclaren y se resuelvan lo antes posible.

En el plano parlamentario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que no se cierra a apoyar la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica y tampoco descartó que el Ejecutivo vaya a llevar a cabo alguna acción al respecto.

Este lunes, precisamente, los servicios jurídicos del Congreso no vieron inconveniente legal a que la Cámara cree una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de Iglesia Católica, como la que han pedido Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu.

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, apuntó que su partido estaba dispuesto a apoyar la petición, pero que querían esperar a conocer la opinión de los servicios jurídicos que, en cualquier caso, no es vinculante.

Una "visión global"

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La Fiscalía General del Estado, en el oficio remitido, señala que el motivo de esta nueva instrucción es que en la actualidad los medios continúan recogiendo noticias relacionadas con estos hechos sobre los que ya en 2019 se interesó información. Con esta medida se busca tener una "visión global" de este fenómeno delictivo, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

En un escrito de dos páginas firmado por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, se explica que deben incluir una identificación detallada, como el número, la fecha o la fiscalía concreta que lleva el asunto. Y dice que han de recopilar todos los procedimientos, tanto "los incoados en sede judicial como fiscal" y que tengan por objeto "el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa".

Fuentes fiscales consultadas este martes por Europa Press apuntan que esa recopilación "manual" de datos de las diferentes fiscalías es la única manera de tener una visión global de diagnóstico de la situación. Por eso, consideran necesario este "esfuerzo" para recabar en los diferentes ámbitos territoriales los procedimientos en trámite, ya que las aplicaciones informáticas del Ministerio Público por medio de las cuales comparten información no permite tener datos desagregados.

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