La Fiscalía pide que declaren como investigados el autor y el firmante del 'Protocolo de la Vergüenza'
La Fiscalía de Madrid ha denunciado ante los juzgados nueve posibles delitos de discriminación en las residencias de la región durante lo peor de la pandemia. Casi cinco meses después de que dos asociaciones de familiares presentasen una macrocausa firmada por 109 personas, el Ministerio Público madrileño ha decido judicializar una decena de esos casos, para lo que pide además que declaren como investigados los "autores intelectuales" del Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre y que supuso la prohibición de derivar a los hospitales a los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo, tuvieran o no covid. En cuanto al resto de los casos, algunos ya habían sido investigados y archivados y otros se han añadido a las investigaciones que ya se estaban llevando a cabo por otros jueces.
Llevaban semanas en manos de cuatro fiscalías a las que los familiares llevaban días acudiendo a declarar. Eran la Provincial de Madrid (de donde proceden cuatro de estas nuevas denuncias) y las de área de Getafe-Leganés, Alcalá de Henares (a la que corresponden tres) y Móstoles-Fuenlabrada (a la que corresponden otras dos denuncias). Este martes comenzaban a prescribir todos los casos que no estuvieran judicializados, por lo que la mayoría —si no son denunciados antes del quinto aniversario del fallecimiento en cuestión— ya no podrán ser investigados.
Todo se remonta al pasado mes de octubre, cuando las asociaciones de familiares de víctimas Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia presentaron ante la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, una macrodenuncia por un delito que hasta ahora no se había investigado en el marco de lo ocurrido en las residencias de mayores madrileñas durante la pandemia. El objetivo era que la justicia investigase si los 115 ancianos a los que representaban —111 de los cuales fallecieron en el geriátrico en el que vivían— habían sido vítimas de un delito continuado de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios", contenido en el artículo 511 del Código Penal.
Acusaban de ello a un total de 29 personas, entre los que se encontraban los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza. También denunciaron a Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos; Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Para las organizaciones de familiares este es "un primer paso decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas", por lo que piden a Mur y Peromingo "que tiren de la manta y señalen quiénes fueron los autores intelectuales del Protocolo". Aplauden "el trabajo enorme" que ha realizado la Fiscalía de Madrid y lo contraponen a "la pasividad absoluta qeu durante años mostró la fiscal Almudena Lastra", que ni siquiera se reunió con las víctimas como ha asegurado este lunes.
Los archivos y las judicializaciones
La importancia de la macrodenuncia por discriminación vino dada porque abrió una nueva vía en la estrategia que habían seguido las víctimas en los tribunales. Hasta ese momento se habían denunciado siempre cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que no han prosperado en los tribunales, aunque en algunos casos se siguen investigando. Según informa ahora la Fiscalía madrileña, este delito por discriminación se ha unido a esas diligencias en marcha cuando se refieren al mismo residente fallecido y ha sido guardado en un cajón cuando, ya antes, el caso había sido objeto de archivo.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado ahora cuatro casos, pero a sus manos habían llegado 53 por una posible discriminación. Ya tenía sobre la mesa, no obstante, otros ocho —dos en Madrid, dos en San Lorenzo de El Escorial, dos en Collado-Villalba, uno en Majadahonda y otro en Torrelaguna. Además, desde el 30 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024, informa el Ministerio Público, los órganos judiciales archivaron 54 procedimientos, de los que 41 ya son firmes y otros 13 están pendientes de que se resuelva el recurso contra su sobreseimiento.
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No se ha judicializado ningún caso procedente de la fiscalía de Getafe-Leganés, donde recayeron 15 casos por posible discriminación. No obstante, este organismo tiene dos procedimientos penales abiertos y cuatro archivos, tres de los cuales son ya definitivos.
Tres de las denuncias interpuestas ahora pertenecen a la Fiscalía de Alcalá de Henares, en la que se incoaron 13 diligencias de investigación. Ocho de ellas se remitieron directamente a los juzgados porque los hechos a los que hacían referencia ya estaban siendo investigados y en cuanto a las cinco restantes se llamó a declarar a los familiares, pero dos ya estaban judicializados.
Por último la Fiscalía de Móstoles-Fuenlabrada inició las diligencias de otros 28 casos, 21 de los cuales ya habían sido objeto de investigación: doce habían sido archivados y nueve continúan en fase de instrucción. Ha denunciado, por su parte, dos casos de posible discriminación.
