La Fiscalía no ve delito en el acto de expresos de ETA que Interior tacha de “aquelarre repugnante”

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso no se opone a la celebración del acto convocado para mañana en Durango (Vizcaya) por el colectivo de presos vascos EPPK en el que participarán 63 etarras recientemente excarcelados por la derogación de los efectos retroactivos de la doctrina Parot al tratarse de una actividad que se realiza en un local privado y sin difusión pública, por lo que considera que, a priori, es "penalmente neutro".

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que señalan que, no obstante, se ha solicitado al juez Santiago Pedraz que comande a la Policía, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza para que adopten las medidas oportunas tendentes a evitar que durante este acto se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El informe de la Fiscalía, último paso antes de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 decida sobre la reunión, se ha elaborado tras analizar los informes presentados por los tres cuerpos de seguridad, que coinciden en señalar que la comida se realizará en un local cerrado en el que el colectivo tiene previsto analizar el comunicado que hizo público el pasado 28 de diciembre.

No está prevista, por lo tanto, la difusión pública de esta actividad, según han concretado las mismas fuentes, que insisten que, no obstante, las fuerzas de seguridad deberán actuar de producirse hechos incardinables en delitos de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a las víctimas.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al colectivo, los más de 60 reclusos de ETA excarcelados en aplicación de la derogación de la doctrina Parot –entre ellos Inés del Río o José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati'– y los 25 integrantes de la comisión de interlocutores del EPPK denunciarán este sábado en Durango "el inmovilismo" del Gobierno de Mariano Rajoy y mostrarán su "unidad" ante el comunicado hecho público el pasado sábado por el Colectivo de Presos de ETA.

Los informes policiales llegaron al Juzgado a lo largo de esta mañana y, según afirman las mismas fuentes, coinciden en sus contenidos al señalar que un particular ha reservado el Kafe Antzokia de la localidad vizcaína de Durango para celebrar el acto además de reservar una comida para un determinado número de personas.

Además se ha realizado una convocatoria de prensa que fue enviada este jueves, después de que la asociación Dignidad y Justicia pidiera a la Audiencia Nacional que suspenda el evento, al considerar que los reclusos quieren hacer "un acto conjunto" para celebrar su salida de la cárcelcelebrar su salida de la cárcel y para "brindar y enaltecer el terrorismo de ETA".

Dignidad y Justicia señala en su denuncia ante la Audiencia Nacional que el convocante del acto es el KT1, "subestructura" de EPPK y "órgano de dirección de dicho colectivo", al frente del cual se encuentra Arantza Zulueta Amuchastegui, quien actualmente está en libertad provisional en la causa seguida contra ella y otros abogados defensores de etarras, así como imputada por un delito de integración en organización terrorista.

La asociación considera que EPPK "forma parte del entramado" de la banda y se encarga de "procurar la cohesión y la adherencia de los presos que cumplen condena por actos terroristas siguiendo los postulados de ETA", excluyendo a los reclusos que no pertenecen al entorno etarra.

Para respaldar sus argumentos, Dignidad y Justicia hace alusión a varios documentos intervenidos en una operación contra algunos de los abogados de etarras, incluida Zulueta, y que son, según la Guardia Civil, "una prueba fehaciente que corrobora el papel" de KT en "el control, coordinación y dinamización" de los integrantes de EPPK.

Interior ve este acto como "un aquelarre repugnante"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de "repugnante" y "deleznable" el acto convocado este sábado por el colectivo de expresos de ETA y ha atribuido la responsabilidad de decisión final al juez, quien es el "que tiene la última palabra en relación con la prohibición o no de esta reunión. 

"El lugar donde se ha convocado el aquelarre es un antiguo matadero. No sé si lo eligieron con ese conocimiento previo pero va muy buen para el caso", ha declarado Fernández Díaz.

Ha calificado de "deleznable y repugnante" el encuentro porque las personas convocadas están "libres", pero en ningún momento se han arrepentido de su "crímenes horribles", no han pedido perdón a las víctimas, no se han "desvinculado" de ETA ni han pedido a la organización terrorista que se disuelva.

Ilegalización de Sortu

Al ser preguntado si se puede instar la ilegalización de Sortu y Bildu si apoyan ese acto, Fernández Díaz ha advertido de que hay que ser "muy escrupulosos" porque si se toma una iniciativa de esas características es "para ganar", ya que "si no sería peor el remedio que la enfermedad".

"Pero que tengan muy claro Bildu y Sortu que lo que dijo el Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos Políticos, que están muy vigentes. Legalidad no significa impunidad", ha recalcado el ministro del Interior.

En este sentido, ha subrayado que conductas de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas o "equiparación" de víctimas y verdugos" de una manera reiterada incurrirían en los supuestos fijados por el Tribunal Constitucional que podrían dar lugar al "incidente de ilegalización sobrevenida". "El contador hace tiempo que dejó de estar a cero", ha avisado.

Respeto a la decisión de la defensora del pueblo

En cuanto a la decisión de la Defensora del Pueblo de abrir una investigación sobre los trámites que se han seguido para aplicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula la doctrina Parot, el ministro ha expresado su respeto a esa decisión y ha subrayado que el Gobierno ya dijo en su momento que la valoración jurídica del fallo correspondía a los tribunales competentes.

Así, ha recordado que un informe de la Abogacía del Estado les informó de que "no había margen" para que el Gobierno pudiera actuar. Según ha añadido, el Poder Judicial es "independiente", ha valorado jurídicamente ese fallo de Estrasburgo y lo ha ejecutado.