Caso Villarejo
La Fiscalía se opone a la imputación de Pablo Iglesias en el 'caso Dina'
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La Fiscalía Anticorrupción se opone a citar como investigado al exvicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la pieza 10 del caso Villarejo, también conocida como Dina, sobre el robo del teléfono móvil de la exasesora Dina Bousselham y la posterior publicación de parte de su contenido en medios de comunicación. La negativa se sustenta en que aún están pendientes de practicar otras diligencias encargadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y en que todavía no ha sido llamada a declarar la propia Bousselham, cuyo testimonio como afectada en este caso resulta determinante para dar otros posibles pasos en el procedimiento.
Según han informado a infoLibre fuentes jurídicas, el Ministerio Público se ha pronunciado así en respuesta a la acusación popular que ejerce la Asociación de Juristas Europeos (Pro Lege), que justo después de que Iglesias dejara su escaño en el Congreso para presentarse como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y por tanto perdiera el aforamiento, aprovechó para solicitar a la Audiencia Nacional su imputación. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige las investigaciones, dio traslado a Anticorrupción para que se pronunciara sobre esta petición. Con el escrito de los fiscales, tendrá que tomar una decisión en respuesta a la asociación.
La postura de Anticorrupción es congruente con la opinión que viene manteniendo desde el verano de 2020 sobre Iglesias, cuando pidió en dos ocasiones al juez García Castellón la citación de Bousselham para saber si quiere denunciar los hechos relacionados con un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos derivado del hecho de que Iglesias se quedara meses con la tarjeta del móvil después de recuperarla de la revista Interviú, adonde el soporte había llegado en un sobre anónimo. El Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por esos delitos. El instructor nunca llegó a acordar esta citación y lo que hizo, en cambio, fue dirigir al Tribunal Supremo una exposición razonada para que procediera contra el líder de Podemos.
La opinión de la Fiscalía coincide con lo que determinó el Supremo el pasado mes de enero, cuando rechazó imputar al entonces vicepresidente segundo del Gobierno, como aforado ante este órgano, y ordenó al magistrado que agotara la investigación llamando a declarar a Bousselham y ampliar la pericial informática realizada sobre los daños que sufrió la tarjeta para tratar de precisar las causas que impidieron acceder a su contenido, así como a escuchar a la exasesora en relación a si el contenido del soporte era accesible cuando se lo entregó Iglesias, ya que sobre este asunto hizo diferentes matizaciones en las declaraciones que prestó en la Audiencia Nacional antes del verano de 2020.
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García Castellón optó por empezar encargando la pericial a la Policía Científica, a la que dio permiso para que analizara la tarjeta de memoria ante la advertencia de la unidad policial de que ésta puede destruirse en su intento. Para el instructor, esta diligencia es "necesaria, útil y pertinente" antes de tomar declaración a Bousselham, según el auto de ordenación de la diligencia, pues su resultado "permitirá aportar elementos objetivos" para corroborar las manifestaciones que la exasesora de Podemos hizo ante el juez instructor así como aclarar qué "causas impiden acceder a la información de la tarjeta"; "el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado"; "eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía"; "si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos" y "fecha del último acceso".
El informe aún no ha sido remitido al juzgado, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Será cuando lo reciba cuando tome una decisión sobre el siguiente paso a seguir. Ahora Pablo Iglesias ya no es aforado ante ningún tribunal, pues ya no es vicepresidente del Gobierno ni diputado en el Congreso y también ha anunciado su intención de abandonar la política, por lo que tampoco recogerá su acta de parlamentario en la Asamblea de Madrid, condición que le otorgaría el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Por eso, el juez García Castellón es plenamente competente para investigarle, si así lo considerara oportuno.
Los fiscales del caso Villarejo también recuerdan, según las fuentes consultadas, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de septiembre del año pasado que confirmó la condición de perjudicado de Iglesias en la pieza 10, puesto que parte del contenido de la tarjeta del móvil que salió publicado en medios de comunicación le afecta directamente. Los magistrados de la Sala reprocharon entonces a García Castellón que le hubiese retirado la condición de afectado basándose en "meras hipótesis" y que no había "pruebas que sustenten" la tesis del juez instructor de que podía haber otras fuentes posibles de difusión del contenido del móvil de Bousselham, además del comisario José Manuel Villarejo, refiriéndose a la propia exasesora y a Iglesias.
