La Fiscalía se reafirma en que la Junta orquestó una década de reparto de ayudas sin control

Ya están todas las fichas sobre el tablero. Defensas y acusaciones han dicho su último palabra. La Fiscalía Anticorrupción, que ha mantenido en lo esencial sus acusaciones contra la veintena de ex altos cargos de la Juntaacusados en el caso de los ERE, ha asegurado este miércoles en el juicio que el sistema de pago de ayudas sociolaborales puesto en cuestión por la instrucción de Mercedes Alaya se articuló "sin sujeción a procedimiento alguno". El Ministerio Público insiste así en la línea seguida a lo largo de la instrucción. Niega que las ayudas se dieran al amparo de una orden estatal de 1995 y mantiene la tesis de que el problema no fueron sólo las ilegalidades cometidas gracias a los fallos del sistema, que se juzgarán más adelante, sino el sistema en sí, haciendo responsable a la Administración pública desde los presidentes Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013) para abajo. La Fiscalía cree que la Junta intentó evitar los controles de la Unión Europea. Y mantiene que el Gobierno andaluz orquestó desde su cúpula un sistema para dar ayudas sin control durante una década.

El fiscal Manuel Fernández fue el encargado de dar lectura a su informe final en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos –al principio eran 22–, entre ellos Chaves, Griñán, seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales, tres ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. La plana mayor de una década de poder socialista en Andalucía. La plana mayor de una década de poder socialista en AndalucíaEl fiscal ha realizado una defensa cerrada de los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han intervenido en la prueba pericial conjunta, subrayando su "alta cualificación y experiencia".

"Todas" las conclusiones de sus informes están "justificadas en la norma y legislación", al tiempo que "no han obviado lo que pudiera favorecer a la defensa de los acusados", señaló. Si los peritos de la IGAE se han basado en la norma vigente, "no tanto" los peritos propuestos por las defensas, quienes, por ejemplo, "de forma sesgada han querido establecer un nuevo marco normativo" sobre las ayudas investigadas, añade la Fiscalía. Le tocará al tribunal presidido por el juez Juan Antonio Calle decidir qué peritos tienen razón en su interpretación sobre la legalidad del sistema y de las conocidas como transferencias de financiación, la figura administrativa en cuestión.

La Fiscalía aprecia en los informes de los peritos de las defensas y en sus declaraciones en el juicio "falta de estudio y actuación sobre la documentación relativa al programa presupuestario 31L", el conocido informalmente como "fondo de reptiles", con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y cuyos fondos llegaban al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación, en virtud del convenio marco de julio de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA. Todos los elementos de la ecuación son atacados por la Fiscalía: la transferencia, la comprobación previa y posterior, las competencias para entregar el dinero, los destinatarios... El Ministerio Público sostiene que los altos cargos diseñaron, mantuvieron o no hicieron nada por evitar que el dinero saliese indebidamente de la Administración. Los acusa de prevaricación (Chaves) o prevaricación y malversación (Griñán).

"Cajas de pollos"

El primer bloque que ha abordado la Fiscalía sobre las cuestiones jurídicas objeto de esta causa ha sido la naturaleza jurídica de las ayudas concedidas por la Junta y los beneficiarios. "Hablar de expedientes de ayudas para esta Fiscalía es generoso, sobre todo tras el análisis de los papeles que venían en cajas de pollos con documentos dispersos e incompletos", ha asegurado el Ministerio Fiscal, al referirse a los "mal llamados expedientes" de concesión de las subvenciones. Para la Fiscalía las ayudas investigadas eran subvenciones excepcionales y los "reales" beneficiarios eran las empresas, frente a las tesis de algunos peritos de parte, que no comparte "por absurdas", según las cuales los beneficiarios eran los trabajadores.

El fiscal considera que la premisa básica de los acusados de que los beneficiarios son los trabajadores "no responde a la realidad", sino que busca el "efecto" de "soslayar" la obligación de comunicar a la Unión Europea las ayudas a empresas, evitar la publicidad e impedir que otros colectivos o empresas denuncien la vulneración de la competencia. Considerándolas subvenciones a trabajadores "se impide que tengan que ser aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta en función de su importe", añadió.

Sobre la obligatoriedad de comunicar las ayudas a empresas a la Unión Europea, el fiscal asegura que debía ser conocida. "Teniendo en cuenta los antecedentes –los reparos de la intervención delegada de Empleo en el año 2000 a la ayuda a Hamsa por no haberse comunicado y que supuso la obligación de comunidad europea de devolver el importe de la misma–, no era baladí ni desconocido" por el Gobierno andaluz. "No cabe que los encausados no conozcan la realidad de las ayudas que se pretendían conceder como ayudas sociolaborales", afirmó.

"Vaguedad", "inconcreción"...

Las defensas han pedido la absolución de los acusados. "Déficit de concreción, insuficiencia, vaguedad, inconcreción o generalidades" son algunos de los términos usados por los abogados de las defensas. Y ello al margen de alegaciones de tipo técnico y formal. El abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por ejemplo, ha anunciado la impugnación de la prueba en la que participaron los permitos de la Intervención General del Estado. Según la defensa de Zarrías, la prueba ha consistido en explicar al tribunal la ley, cuando la misma ya debe ser conocida con sus integrantes. Se vulneraría así el principio iura novit curia, que significa "el juez conoce derecho". La pericia del IGAE es crucial para la acusación.

El abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha sido uno de los más insistentes en la "falta de concreción, insuficiencia y vaguedad de los hechos imputados". Las intervenciones más extensas han sido las de las defensas del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. La letrada del exconsejero se ha opuesto a las "genéricas acusaciones, que no individualizan ni concretan la parte referente a los hechos" sobre su representado. La defensa de Guerrero ha insistido en que el que fuera director general, considerado el responsable más directo del reparto de los fondos, actuó "dentro de los límites legales" y con un sistema "dado pos sus superiores, consejeros y viceconsejeros". El abogado de Guerrero ha señalado que su cliente concedió las ayudas al amparo de la normativa estatal de 1995.

Cárcel para Griñán

El ministerio público sigue pidiendo 6 años de cárcel para José Antonio Griñán por malversación y prevaricación y 10 de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación. También mantiene petición de penas para otros 20 ex altos cargos.

El juicio que entra en su última fase es de la llamada pieza política del caso de los ERE, no de todo el caso. Lo que se dirime en la Audiencia Provincial es si hubo un concierto "expreso o tácito" para permitir el reparto sin control sin control entre 741 y 855 millones en ayudas para empresas en crisis entre 2000 y 2011. Se enjuicia el sistema en sí, no cada una de los supuestos delitos cometidos aprovechándose de ese sistema. Se enjuicia el modelo, no los aprovechamientos delictivos al calor de los agujeros de dicho modelo. No se acusa a nadie de llevarse dinero al bolsillo, sino de saber que había un sistema que permitía a otros entregar dinero sin control y no evitarlo, o incluso promoverlo.

Antes de terminar el juicio, previsiblemente en noviembre, los acusados tendrán derecho a la última palabra. Entonces el tribunal presidido por el juez Juan Antonio Calle empezará su deliberación sobre la base de una montaña de material acumulado desde el inicio del juicio el 13 de diciembre. La sentencia se espera para final de primavera o principio de verano de 2019. Pero los ERE se han metido ya en la campaña de las autonómicas del 2 de diciembre.