La Fiscalía recomienda investigar a una diputada del PP de Galicia por el ‘caso Pokemon’

La Fiscalía Superior de Galicia recomienda al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) que investigue si la exportavoz del PP gallego Paula Prado incurrió en algún ilícito penal después de que la jueza instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, remitiera la pieza "por si los hechos investigados" en relación a la diputada pudiesen ser "constitutivos de infracción legal".

Según han señalado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, a finales de agosto el Ministerio Público ratificó al TSJG el dictamen de finales de julio en el que respaldaba la investigación sobre Prado después de analizar la documentación requerida al juzgado de Lugo que instruye la Pokémon.

Así, las mismas fuentes han explicado que se trata de una "paso preliminar" para la posible admisión a trámite de un asunto remitido al TSJG por la condición de aforada de Prado al ser diputada autonómica. "A la vista de la documentación que se ha demandado" y de la exposición razonada de la jueza, la Fiscalía ha dado el visto bueno a que se investiguen los hechos a los que se aluden en escuchas recogidas en la Pokémon para comprobar "si encajan en algún ilícito penal".

Por todo ello, la Fiscalía Superior de Galicia ha ratificado el dictamen de julio y recomienda al TSJG la admisión a trámite para comprobar "si hubo un ilícito penal".

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia recibió a finales de junio la exposición razonada dictada por la instructora de la Operación Pokémon en la que justificaba la remisión de la pieza "por si los hechos investigados" en relación a la diputada pudiesen ser "constitutivos de infracción legal".

Tras recibir la pieza, la Sala le dio el trámite legal correspondiente y pidió un informe a la Fiscalía antes de decidir sobre su admisión a trámite. Prado había dimitido a principios de junio de su cargo como portavoz del PP, aunque se mantiene como diputada autonómica, lo que le permite conservar su condición de aforada.

La dirigente del PP había reconocido el día en el que renunció como portavoz que su relación con la Operación Pokémon —derivada de conversaciones incluidas en el sumario— no está "ayudando al partido" y le impedía "el trabajo que exige una portavocía".

Fue precisamente a raíz de los pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando la jueza Pilar de Lara decidió una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".

Dada su condición de aforada como diputada autonómica, a principios del pasado mes de diciembre la jueza preguntó al Ministerio Fiscal si procedía elevar exposición motivada al TSJG y recibió el visto bueno para ello pocos días después.

Fuentes del PPdeG confirmaron que Paula Prado había remitido unos días antes de dimitir como portavoz un escrito al TSJG pidiendo, de acuerdo con lo que había dictaminado la Fiscalía, que se agilizase la remisión de las diligencias relativas a ella al alto tribunal gallego.

Según un auto del pasado 23 de abril, De Lara investiga al marido de Paula Prado, Francisco Antonio O.I., por supuestamente obtener beneficios en su negocio "prevaliéndose de su relación matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña).

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También se pretende aclarar la participación de la exportavoz cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo La Abeja Maya, para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.

Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".

"Independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños. Igualmente podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos", aseguraba en un auto judicial Pilar de Lara.