La inviolabilidad impide la vía penal contra Vox: sus insultos sólo pueden tener sanción parlamentaria

“Y usted haga el favor de mandarle el recado al líder de su banda criminal, el señor Sánchez, y dígale que se vaya de una vez a liderar la Internacional socialista pero que lo haga pronto y que lo haga cuanto antes”. Palabras del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox. Y hasta dos veces se negó a retirar esta expresión en las Cortes autonómicas durante la sesión del martes.

Pero este no ha sido el único insulto y expresión calumniosa de García-Gallardo, que llegó a llamar “imbécil” a Francisco Igea (Cs) en otro Pleno. Estos improperios y alocuciones exacerbadas son habituales de los miembros de Vox a lo largo y ancho de España. En el Congreso de los Diputados recientemente la portavoz adjunta del grupo de ultraderecha, Inés Cañizares, dijo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hacía “apología de la pedofilia”. Y el propio líder de la formación, Santiago Abascal, ha tachado al actual Ejecutivo de coalición como el peor en los últimos ochenta años (dando legitimidad a la dictadura franquista).

Insultos, exabruptos, mentiras, fake news… Es el cóctel diario de la ultraderecha en España y en todo el mundo, bajo las premisas de Steve Bannon. Un discurso que resulta a veces difícil de contrarrestar, según comentan varios parlamentarios de las Cortes consultados. No se ha encontrado una fórmula mágica para placar este tipo de relato, una incertidumbre que inunda tanto a políticos como a medios de comunicación en todo el mundo occidental.

El factor de la inviolabilidad

Todo ello bajo el precepto al que se atienen de inviolabilidad para dar sus opiniones. En el artículo 71.1 de la Constitución española se establece: “Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. Y el reglamento de las Cortes de Castilla y León fija: “Los procuradores gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo”. Un debate que se mezcla también con el de la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Carta Magna, y que se ha demostrado muy garantista en la jurisprudencia.

“Es muy difícil”, como reconoce un veterano parlamentario socialista, que asegura: “Llevamos tres años así en el Congreso con Vox”. Por eso, muchos apuestan por contestar contundentemente ante insultos y exabruptos, pero “no entrar al trapo todo el rato porque es lo que quieren”. Además, diputados y senadores ponen el foco en la actuación de los presidentes de las cámaras nacionales y autonómicas. Precisamente, un presidente de Comisión del Congreso admite que tiene “manga ancha” con los intervinientes, pero que se debe cortar cuando entiende que se pasan de la línea.

El problema, como admite otro diputado, es que estos discursos “enfangan” la vida política y pueden ser “caldo de cultivo” en la calle, aunque reflexiona que también con el paso del tiempo se están “retratando” y la gente se está dando cuenta.

El caso en Castilla y León

Este dilema de cómo enfrentarse lo verbaliza el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, también en una conversación con infoLibre después de este episodio en las Cortes. Distingue dos ámbitos. Por un lado, en el sentido más jurídico y parlamentario, sí cree que puede abrirse una vía contra García-Gallardo. Los socialistas han pedido que se convoque la Comisión del Procurador (ya se ha admitido a trámite la solicitud) para ver si se puede sancionar al vicepresidente, aunque no confían en que salga adelante por la mayoría del PP. Se intenta esa multa, que tendría que decidir la Mesa, por infringir ofensas graves. En lo que no se puede actuar es vía tribunales.

Tudanca reconoce que es “difícil” el tema de cómo enfrentarse a la extrema derecha, pero él tiene su postura: “Hay que plantarles cara siempre, sobre todo cuando traspasan líneas como la lucha contra la violencia de género o el día que insultaron a una compañera con discapacidad”. Reconoce que muchos procuradores del PSOE tenían ganas de protestar dejando el Pleno, pero “debemos salvaguardar las instituciones”. “Hay que hacerles frente, pero otra cosa es ser altavoz, ese es un debate político y mediático, hasta qué punto magnificar unos mensajes”. Y a la vez pone el énfasis en que en Castilla y León no es cuestión de un diputado, sino de un vicepresidente mismo.

En esta ecuación, Tudanca mira también al Partido Popular: “Es responsable de meterles en el Gobierno, es cómplice de sus actuaciones, de los insultos y del deterioro democrático que conlleva Gallardo. Es una de las claves”. Con esta idea: “A la extrema derecha hay que aislarla, y para eso hay que recuperar al PP moderado”. No obstante, a pesar de esto, cree que Vox se está retratando en Castilla y León delante de toda España: “Les están viendo y escuchando. La sensación es que Vox se está desinflando. No han sabido compaginar el discurso de extrema derecha con masas de voto, como en otros países europeos”.

La vía de la sanción parlamentaria

Como resume Ignacio González Vega, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, este tipo de opiniones e insultos no se pueden perseguir penalmente porque “se entiende que forma parte de su mandato” y si esto se hiciera, se podría entender como “una forma de presionar en su relación representativa con los electores”. De ahí viene, añade, esta prerrogativa de inviolabilidad al entenderse la vinculación entre el cargo y los votantes de la circunscripción. Advierte que esto “lo tiene estudiado” Vox en su estrategia. “No hay más que una sanción del Parlamento, poco más”, apostilla.

Este debate sobre la inviolabilidad también plantea otra dificultad: ¿y si son palabras fuera del Parlamento? La Constitución marca este paraguas sin consecuencias penales para las opiniones manifestadas por los parlamentarios “en el ejercicio de sus funciones”. Sobre esto el Tribunal Constitucional se pronunció en una sentencia en 1985 considerando que la protección decae “cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano fuera del ejercicio de competencias y función que le pudieran corresponder como parlamentario. Así las funciones relevantes para el artículo 71.1 de la Constitución no son indiferenciadamente todas las realizadas por quien sea parlamentario, sino aquellas imputables a quien, siéndolo, actúa jurídicamente como tal".

La inviolabilidad, según la sinopsis elaborada por el Congreso sobre este artículo, es una prerrogativa parlamentaria que, a diferencia de otras, tiene un ámbito temporal no limitado. La imposibilidad de perseguir a quienes están protegidos por la inviolabilidad es perpetua. Ni durante ni después de su mandato cabe acción alguna que violente esta prerrogativa. 

Pero esto también lleva a otra cuestión. ¿No poder ser juzgado penalmente por ello conlleva no poder ser sancionado en virtud del reglamento de un Parlamento? Esto llegó hasta el propio Tribunal Constitucional, que se pronunció a través de la sentencia 78 de 2016, a raíz de un recurso de amparo de una diputada de la Asamblea de Madrid por el acuerdo de su expulsión por parte del presidente y su suspensión temporal por un mes. 

El Alto Tribunal rechazó la pretensión de la parlamentaria de que la inviolabilidad supusiera la imposibilidad de aplicar el régimen sancionador de la Cámara, con el argumento siguiente: “Dicha prerrogativa se traduce, por tanto, en la imposibilidad de perseguir judicialmente a los parlamentarios por las manifestaciones efectuadas en ejercicio de sus funciones, pero en ningún caso puede impedir, dada la finalidad que la justifica, la aplicación, cuando proceda, de las reglas de disciplina interna previstas en el respectivo reglamento.

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El reglamento del Congreso, por ejemplo, en el artículo 16 fija: “Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas”. Y entra aqui en juego principalmente el papel de la Presidencia del Congreso, que puede llamar a la cuestión y al orden a los parlamentarios durante el debate. En el artículo 103 se fija como uno de los motivos “cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”. En caso de tres llamadas, el presidente puede ordenar que sea expulsado de la sesión. Si se niega, se enfrenta a más sanciones como no poder asistir a la siguiente.

El PSOE mira al PP

Un debate jurídico y político que puede subir todavía más la temperatura si se materializara a nivel nacional un gobierno como el de Castilla y León. Esto reflexionan fuentes de Ferraz: “Hay algunas preguntas a contestar primero. ¿Qué le parecen a Feijóo estas declaraciones impresentables? ¿Las considera un insulto al PSOE, o solo ‘insolvente' es un insulto? ¿Es esto lo que nos espera en España si Feijóo lograse los números para pactar con Vox? Son preguntas básicas para alguien que se denomina moderado. ¿Cree Feijóo que el Gobierno de Castilla y León es moderado?”

Y comentan desde el cuartel general del PSOE: “No es la izquierda la que está dando alas a la ultraderecha en España. Día tras día, en todas las provincias, el PP blanquea a la ultraderecha dándoles mando y poder en sus gobiernos locales, o bien aprovechando sus votos para tumbar iniciativas de progreso. Es evidente que no podemos estar cada día dando un altavoz a estas barbaridades, propias de quien necesita tanta madurez como modales. Pero días como el de este miércoles son negros en el parlamentarismo de este país, y no queda más remedio que hacerse eco y denunciarlo. Pero siempre con la vista puesta en un PP que gobierna junto a este señor en Castilla y León, y que en el horizonte planea lo mismo para España”.