Qué ganan los taxistas y qué pierden los VTC con el nuevo decreto de Fomento

La guerra entre el taxi y los VTC –vehículos de alquiler con conductor– no da tregua. Este viernes, la tensión ha recuperado fuerza con la aprobación de un real decreto ley que cede la competencia de las licencias VTC a las comunidades autónomas. La decisión tomada por el Ministerio de Fomento ha levantado importantes críticas entre el sector VTC y ha dejado razonablemente satisfecho al gremio de taxistas. Los primeros podrían ven limitada su circulación por ciudades, con el requisito de un segundo permiso autonómico; mientras que los taxis dominarán, previsiblemente, de nuevo las carreteras urbanas.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recordó este viernes en rueda de prensa la complejidad de la situación actual y el marco normativo respecto al sector del taxi y los VTC. "El taxi es un transporte que desarrolla su actividad en el ámbito urbano" y que se encuentra regulado por legislación autonómica y municipal, mientras que en lo que respecta al ámbito interurbano la regulación es estatal. "Los VTC están regulados por el Estado, pero realizan actividad tanto urbana como interurbana", reparó el ministro.

Son, por tanto, "dos servicios de transporte que desempeñan actividades en el mismo ámbito y sin embargo tienen una fuente de regulación distinta". En su momento, añadió, los VTC tenían un encaje en el reglamento estatal porque "se desconocía el punto de origen y destino de los trayectos", pero recientemente, y con la irrupción de las plataformas digitales, "se ha convertido en un transporte urbano que ha comenzado a coexistir con el taxi". El Estado, agregó, "no regula ningún medio de transporte urbano porque no tiene competencia, pero extrañamente se nos ha quedado en la regulación estatal un transporte urbano" que afecta, de facto, a "los niveles competenciales". 

El ministro incidió también en las diferencias territoriales, pues existen comunidades donde no se produce "ningún conflicto" al respecto, con una presencia de los VTC "testimonial", mientras que en territorios como Barcelona o Madrid el uso de este tipo de vehículos es cada vez mayor. "Lo normal es que se regule desde la instancia más próxima al problema y se atienda a las características de cada caso", reiteró, del mismo modo que se hace "en el resto de países".

A cierre de agosto existían en el país 11.200 VTC, volumen que quintuplica el máximo de 2.184 que debería tener por ley en función de los 65.539 coches que suma el taxi, y que arroja una ratio de una licencia de VTC por cada seis taxis, cuando el máximo legal debería ser de una licencia por cada treinta taxis. Esta proporción es aún menor, de uno a tres, en Madrid, la ciudad que más coches como Uber y Cabify tiene, con unos 5.280.

Permiso para circular por ciudades

Lo que plantea el Gobierno, aclaró Ábalos, no consiste en transferir una competencia, "porque constitucionalmente" la regulación del tráfico urbano ya pertenece a las comunidades, sino que se habilita "la regulación a estas comunidades que en ocasiones ya estaban concediendo autorizaciones por delegación".

El nuevo real decreto modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, de manera que los vehículos necesitarán una licencia de la comunidad para transitar por las ciudades pero no perderán la autorización estatal, que únicamente permitirá viajes interurbanos.

El texto establece un periodo transitorio de cuatro años. Pasada la moratoria fijada, la continuidad de las autorizaciones de VTC para dar servicio en las ciudades dependerá de lo que decidan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tendrán potestad para limitar los permisos si así lo desean. El taxi podrá, por tanto, recuperar el protagonismo que tradicionalmente ha tenido en las vías urbanas.

El Gobierno también ha aprobado la creación de un grupo de trabajo para "la búsqueda de soluciones" y poner "racionalidad a esta cuestión". Por otro lado, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de real decreto, el Gobierno presentará un proyecto de ley para modificar el régimen de infracciones y sanciones. Esa reforma podrá incrementar las sanciones previstas cuando los servicios se presten en un ámbito territorial distinto al que corresponda o se incumplan las limitaciones en el territorio en que esté domiciliada la autorización.

"No suena mal la música"

Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, admite en conversación con infoLibre que la sensación en el sector es positiva. "No suena mal la música", reconoce, a falta de un análisis a fondo por parte de sus asesores legales. A priori, la única pega que encuentra Fernández es aquella relativa al tiempo concedido para su puesta en marcha. Si bien entiende que se trata de una disposición transitoria y que por tanto debe "tener un tiempo de aplicación", cree que "ese tiempo debe ser reducido al máximo", de modo que critica el lapso de cuatro años que ha anunciado el Gobierno.

En todo caso, Fernández estima que el hecho de que las comunidades gestionen la regulación de las licencias VTC "es positivo y es normal". Si ambas partes, dice, van a "competir en un mismo espacio, lo lógico es que tengan normas similares o parecidas". Fernández matiza la idea de que en las ciudades caben ambos actores, como sí defiende la otra parte implicada: "Cabemos todos pero regulados, es necesaria una regulación para que haya espacio", determina. Finalmente, llama a una "valoración pausada y profunda" de los anuncios emitidos este viernes por el Ministerio de Fomento, antes de llegar a conclusiones precipitadas.

Fuentes de la patronal de empresas de VTC Unauto, que representa al 90% del sector, recuerdan en declaraciones a este diario que "todo se inicia con el reglamento de Ada Colau pidiendo una segunda licencia" y continúa con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "de solicitar la suspensión cautelar" de las medidas "por considerar que invaden competencias estatales". En efecto, el pasado 19 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió provisionalmente la regulación de las VTC que había puesto en marcha la alcaldesa de Barcelona a través del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lo hizo a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al entender que su aprobación invadía competencias estatales porque supondría revocar, en la práctica, licencias VTC ya concedidas a través de la limitación de sus derechos. 

"El chantaje del taxi"

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El problema, añade Unauto, es que "el taxi no quiere que se cumpla la ley, sino que se cambie la ley" y el Gobierno "ha cedido al chantaje del taxi, que hizo a finales de julio invadiendo núcleos urbanos de las principales ciudades y desde entonces no se ha tenido en cuenta a los VTC para legislar". La asociación califica el decreto como "un lío, porque supone darle una patada adelante al problema, lo divide y potencia en 17, fija una espada de Damocles sobre el sector, dándole un tiempo de cadencia de cuatro años".

La asociación vaticina un "recorrido jurídico corto" al decreto ley, que "cercenará derechos de los titulares de las autorizaciones y pondrá en riesgo a un sector que aporta 750 millones de euros al año y da sustento a 15.00 familias".

  Al respecto, el ministro Ábalos señaló este viernes que la mayor muestra de "imparcialidad y racionalidad" es que el periodo transitorio "a algunos les parece muy poco tiempo y a otros un mundo". También defendió que "la pérdida de empleo no tiene por qué darse y nadie debería amenazar con ello". Eso, advirtió, "nos llevaría a legitimar cualquier tipo de actividad que proporcionara empleo".