García-Castellón, el juez 'oportuno': cinco decisiones que coincidieron con momentos políticos clave

Al Manuel García-Castellón apenas le quedan unos meses en activo. Y todo apunta a que el final de su carrera será de todo menos tranquilo. El magistrado se ha convertido con sus decisiones en los últimos meses en una suerte de ariete contra una amnistía que él mismo sugirió que no encajaba en la Constitución. Algo que ha terminado por reavivar las tensiones entre el poder ejecutivo y judicial. Este mismo viernes, la vicepresidenta tercera del Gobierno de coalición, Teresa Ribera, ha cargado con dureza contra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional por el manejo de los tiempos en el caso Tsunami Democrátic, una piedra en el zapato del expresident Carles Puigdemont.

La ministra ha deslizado, en una entrevista en televisión, que el magistrado tiene "cierta querencia" a inclinarse siempre en "la misma dirección" y en "momentos políticos sensibles". "La hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas", ha señalado Ribera. Una crítica a la que se han sumado algunos compañeros de Ejecutivo, a los que también llama "un poquito la atención" las "coincidencias temporales" de algunas resoluciones judiciales, y que ha indignado a la oposición, que se ha lanzado en tromba contra la ministra. Tras el revuelo causado, Moncloa ha tratado de suavizar la polémica mostrando su "respeto al poder judicial" y asegurando que acatará cualquier decisión que tomen los tribunales.

Frente a este tipo de acusaciones, García-Castellón ha recibido este viernes dos respaldos importantes. Uno, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha avalado algunas de las diligencias de investigación acordadas por el magistrado en la causa a través de un auto en el que, además, tilda de "absolutamente rechazables" las alegaciones presentadas "sobre una pretendida motivación política" del magistrado al dictar diferentes resoluciones sobre Tsunami como respuesta a los acuerdos entre PSOE y Junts. Y el otro, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que ha aprobado por unanimidad una declaración institucional mostrando un "rotundo rechazo" a las declaraciones de la vicepresidenta.

El 'caso Tsunami Democràtic'

Ribera ha estallado al ser preguntada por el caso Tsunami Democràtic, un procedimiento seguido en la Audiencia Nacional y que se centra en las protestas ciudadanas contra la sentencia del procés – entre las que se encuentra la que se llevó a cabo en el Aeropuerto de El Prat–. Esta causa echó a andar hace justo cuatro años. En concreto, a finales de 2019. Y se mantuvo secreta hasta la pasada primavera. Sin embargo, los movimientos relevantes del magistrado García-Castellón alrededor de este caso, que supone un quebradero de cabeza tanto para Puigdemont como para la secretaria de ERC, Marta Rovira, no empezaron a producirse hasta finales de noviembre, coincidiendo con la negociación para la formación de Gobierno y la aprobación de una ley de amnistía.

–El auto que cayó como una bomba en plenas negociaciones (6-11-2023)

Lunes, 6 de noviembre de 2023. Tras un fin de semana de intenso intercambio de papeles, todo indica que el acuerdo final entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez es inminente. El pacto parece encarrilado. Y el foco mediático no se aleja ni un milímetro de los equipos negociadores. Pero a la hora de la comida, una resolución de la Audiencia Nacional cae como una bomba en medio de las conversaciones. La firma el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6. Y tiene que ver con el caso Tsunami Democràtic. El magistrado García-Castellón pone sobre la mesa un delito de terrorismo, al tiempo que desliza la posible vinculación de las protestas con el fallecimiento de un ciudadano francés que murió de un infarto en El Prat.

El juez dirige la investigación por estos hechos contra Rovira, Puigdemont y otra decena de personas. Al expresident le atribuye un "rol de liderazgo" en Tsunami Democràtic en base a su supuesta asistencia a una reunión en Ginebra, a que se le menciona en un mensaje enviado por su jefe de oficina y a una conversación del exjefe del Ejecutivo catalán con un empresario en la que este último hace referencia a dicha plataforma. La investigación por terrorismo y, sobre todo, la vinculación que el juez hace con la muerte del hombre francés complica la futura ley de amnistía, cuyos flecos aún están cerrándose entre socialistas y posconvergentes.

A finales de octubre, la Guardia Civil había avisado a García-Castellón de que su informe final sobre Tsunami no estaría listo "por lo menos hasta dentro de un mes", lo que hacía pensar que cualquier pronunciamiento sobre esta causa se retrasaría hasta finales de año. Sin embargo, nueve días después de aquello el magistrado ya tenía el documento del Instituto Armado sobre la mesa. Y sin esperar a la Fiscalía, a quien había pedido opinión como paso previo a emitir una decisión como instructor, puso patas arriba la agenda política nacional.

–Al TS y a Suiza coincidiendo con el inicio parlamentario de la amnistía (21-11-2023)

Las dos últimas semanas de aquel mes estuvieron marcadas también por lo que salía de la Audiencia Nacional. El 21 de noviembre, cinco días después de la investidura de Pedro Sánchez y coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos ministros y el inicio de la tramitación de la ley de amnistía, García-Castellón remitió al Alto Tribunal –que aún no se ha pronunciado– una exposición razonada para que investigue unos hechos que, insistía, son "susceptibles de integrar un delito de terrorismo". El magistrado da este paso al entender que para el esclarecimiento de los hechos son necesarias diligencias de investigación que no puede practicar por la condición de aforados de Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg. 

El del Supremo no fue, sin embargo, el único escrito que el magistrado emitió ese día, coincidiendo con la admisión a trámite de la proposición por parte de la Mesa del Congreso. Aquel martes, García-Castellón también dictó un auto en el que acordaba librar una comisión rogatoria a Suiza solicitando a las autoridades helvéticas información que permitiese la localización de la secretaria general de ERC y sobre una cuenta bancaria del CIM Banque Privèe ante la sospecha de que la misma hubiese sido utilizada para financiar las actividades de Tsunami Democràtic. En concreto, pedía tener acceso a datos sobre tarjetas de crédito, productos financieros suscritos, titulares, personas autorizadas, movimientos bancarios, transferencias recibidas y emitidas o préstamos suscritos. Una información bancaria que ya había solicitado, sin éxito, a finales de 2019.

–Nuevos indicios el día de las enmiendas (18-01-2024)

Este jueves también estaba señalado en rojo en el calendario político. Tras el parón navideño, había llegado el momento de abordar en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados las enmiendas de los diferentes grupos a la ley de amnistía. El trámite fue rápido. En poco más de una hora, se dio luz verde a las ocho modificaciones que el PSOE había pactado con sus socios parlamentarios –ERC, Sumar, EH Bildu y BNG–. Y la norma con la que se pretende poner punto y final al procés quedó prácticamente armada. Sin embargo, poco antes de comer los focos volvieron a trasladarse a la Audiencia Nacional. García-Castellón había dictado un nuevo auto sobre Tsunami.

El magistrado se pronunciaba, en este caso, sobre el recurso de reforma que hace dos meses, el 22 de noviembre, había interpuesto la Fiscalía contra la decisión del instructor de enviar al Supremo una exposición razonada. Entonces, el Ministerio Público señaló que el paso dado por García-Castellón entraba en contradicción con lo que el magistrado había considerado en su auto de comienzos de noviembre, cuando señaló que no procedía elevar una exposición razonada al Supremo porque aún no se había "agotado la investigación". Un cambio de posición, completaba la Fiscalía, "sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal".

Ribera critica la "querencia" del juez García Castellón a pronunciarse en "momentos políticos sensibles"

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Un recurso que, este jueves, ha sido desestimado por García-Castellón. En su auto, carga contra el Ministerio Fiscal, que apuesta por los desórdenes públicos al no ver indicios sólidos que permitan hablar de terrorismo. "Debe reflexionarse sobre el hecho singular de tener que insistir ante el órgano que tiene por misión 'promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad', sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial", sostiene el magistrado, que insiste en que la tesis inicial "se ha afianzado". Entre los ejemplos que cita en su escrito para hablar de terrorismo, el magistrado incluye una acampada y una concentración no comunicada en la jornada de reflexión de las generales del 10-N.

La desimputación de Cifuentes en plena campaña

Pero el caso Tsunami no es el único en el que se ha acusado al titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional de utilizar los tiempos a su antojo. También ocurrió en Púnica. Y, en concreto, en la pieza 9, centrada en la posible financiación irregular del PP de Madrid. El 20 de abril de 2021, coincidiendo con la campaña de las autonómicas madrileñas, el magistrado decretó el archivo de la causa respecto de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a la que se había estado investigando en relación con la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández. En su auto, además, el juez rechazaba también la participación de Cifuentes en la presunta financiación ilegal del PP regional.

La expresidenta madrileña había solicitado el sobreseimiento de la causa contra ella en noviembre de 2020. Sin embargo, García-Castellón no decretó el archivo, por el que se inclinaba también la Fiscalía, hasta cinco meses después, tras la petición de otra de las investigadas. Lo hizo en plena campaña electoral autonómica y a pocos días de que la Comunidad de Madrid entregase a Cifuentes la medalla del Dos de Mayo. Algo de lo que se quejó la acusación popular personada en la causa. "Rompe, dicho sea con el mayor de los respetos, el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias en estos periodos", apuntó la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) en su recurso contra el archivo. Un sobreseimiento que, finalmente, fue avalado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.