El gasto público en recetas encadena seis meses de subidas

El copago farmacéutico implantado por la ministra Ana Mato ya no sirve para reducir el gasto público. Es la primera conclusión que se extrae de la observación de los datos que mes a mes publica el Ministerio de Sanidad sobre la parte de las recetas que abona la Administración. El pasado febrero aumentó en un 1,02% respecto al mismo mes del año anterior –de 719 pasó a 726 millones– y encadena así seis meses consecutivos de subida. La tendencia viene repitiéndose desde el pasado septiembre, cuando la factura aumentó respecto al mismo mes del año anterior un 8,8%.

La secuencia confirma que el mercado de medicamentos vuelve a crecer –hasta septiembre de 2013 había permanecido a la baja durante 39 meses– y la pregunta es si ya se ha tocado suelo. Es decir, si los 9.183 millones de euros que el Estado invirtió en 2013 en las medicinas que los ciudadanos compran en las oficinas de farmacia es lo mínimo que se puede gastar teniendo en cuenta que España tiene cada vez una población más envejecida y que las nuevas presentaciones de los medicamentos, al ser más innovadoras, son también más caras. Hay que tener en cuenta que esta cifra no engloba el coste de los fármacos que se dispensan en los hospitales para que los enfermos los tomen en casa y en los que Sanidad, sin éxito, también ha querido implantar un copago. 

La explicación que se viene dando en el Ministerio de Sanidad es que el gasto no podría bajar de forma indefinida. Y recalcan que en comparación con 2012, el gasto total durante 2013 se redujo en más de 580 millones. Además, es cierto que si se comparan los datos de septiembre a diciembre de 2013 con los mismos meses de 2011 –como suele hacer Sanidad–, el gasto descendió; pero comparándolos con 2012, creció.

Farmaindustria, la asociación que representa a la mayoría de laboratorios farmacéuticos en España, señala que se percibe "un cierto estancamiento" que se produce porque existe una "progresiva asimilación" del nuevo esquema de copagos por parte de los principales afectados, que es básicamente la población pensionista. Señalan que el shock inicial que tuvo este nuevo modelo sobre una parte de la población de muy alto consumo farmacéutico y tradicionalmente exenta de copago en las adquisiciones de medicamentos de prescripción "provocó una contracción a corto plazo de la demanda de recetas" y que ya se ha llegado a un "nivel de equilibrio". 

¿Problema de equidad? 

El Tribunal de Cuentas constata deficiencias en la gestión que hace Sanidad del gasto farmacéutico

Ver más

Beatriz González López-Valcarcel, catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas, cree que el gasto en medicamentos permanece estable a pesar de la entrada en vigor del copago. "El gasto público disminuye porque hay parte del precio que la paga el ciudadano", señala. En este sentido recuerda que el Ministerio de Sanidad no ofrece datos desagregados y que por tanto es imposible saber qué parte del gasto está recayendo directamente sobre el bolsillo de los pacientes o cuáles son los medicamentos que se está dejando de consumir. No obstante considera que hay colectivos, como el de los pensionistas, que han incorporado el copago –que es de ocho euros de máximo al mes para este colectivo– dentro de sus gastos fijos mensuales.

No obstante cree que quizá sí se puede estar produciendo un problema de equidad con la entrada en vigor de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que establece unos porcentajes de aportación de los medicamentos que van del 10% al 60% de su coste con topes de aportación en función de la renta del usuario. Y apunta que determinados pacientes que requieren muchos fármacos pueden estar dejando de recibir medicación por no poder hacer frente a su coste. 

Tras analizar los datos, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) señala que la estadística constata que la política seguida por el Ministerio de Sanidad no logra mantener la bajada inicial que se consiguió en los primeros meses tras su implantación. Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP, cree que el incremento del gasto de los últimos seis meses "recoge un fenómeno que ya se había producido en anteriores exclusiones de medicamentos de la financiación pública". Se trata del "desplazamiento de la prescripción hacia medicamentos que continúan siendo financiados y que son mucho más caros". En este sentido, denuncia que la falta de financiación de ciertos medicamentos está provocando que aumente el gasto de otros que sí se mantienen en el catálogo público.