La Generalitat no remite a Hacienda la lista de funcionarios cuya entrega inmediata exigió Montoro hace dos semanas

La Generalitat sólo ha cumplido una de las dos condiciones impuestas por el Gobierno central hace dos semanas como herramienta de control de que no se destinan fondos públicos para financiar el anunciado referéndum del 1 de octubre. Semanalmente, desde el Govern se remite al Ministerio de Hacienda un certificado de los gastos realizados. Así lo confirman a infoLibre desde el departamento de Presidencia de la Generalitat. Las mismas fuentes aseguran que, en cambio, no se ha trasladado el listado de los interventores que certifican el gasto de la comunidad autónoma, la otra exigencia del Gobierno de Mariano Rajoy.

Pese a que el ministro de Hacienda fue muy insistente en que se tomarían medidas si Carles Puigdemont y su equipo daban la espalda a estas exigencias, a día de hoy no hay noticia de ninguna sanción. En el departamento dirigido por Cristóbal Montoro no ofrecen ningún tipo de información sobre si existe algún procedimiento abierto. La consigna de Moncloa es perfil bajo.

El pasado 21 de julio, una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos presidida por Mariano Rajoy acordaba poner condiciones a la Generalitat a la hora de seguir percibiendo la transferencia de efectivo a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La primera de ellas, y principal, era la remisión semanal de los gastos para comprobar que no había ido ni un solo euro al pago de partidas orientadas a la celebración de la consulta. La segunda, el listado de los interventores que certifican ese gasto.

Desde la Moncloa justificaron el motivo de estas medidas excepcionales, sólo dirigidas a Cataluña, en que había sido detectado un desvío de 6.150 euros, cantidad que podría estar destinada a la preparación del referéndum.

La primera de las exigencias ha de cumplirse cada miércoles. "El interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña remitirá todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública por medios electrónicos", figuraba en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, publicado en el BOE.

La segunda, la relativa al listado de interventores, tendría que haberse cumplido el 26 de julio, según el mismo acuerdo.

En manos de los 'consellers'

Un día antes, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, advirtió de que no iba a facilitar el listado de funcionarios que reclamaba Montoro. El dirigente independentista subrayó que asumía el compromiso de informar de todo lo que hacía referencia "al gasto" de la Generalitat, como le pedía el Gobierno central, pero también advirtió de que el Govern no tenía en mente facilitar la lista de interventores vinculados a 183 entidades de la administración catalana. Iban a ser los consellers, dijo, los encargados de certificar "cualquier petición de información". Desde el Departament de la Presidència aseguran a este diario que el único listado que se ha trasladado es el de los consellers, unos nombres que son públicos y de general conocimiento.

El 27 de julio, un día después de cumplirse el plazo dado por el Gobierno, se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cita tras la que Cristóbal Montoro ofreció una rueda de prensa. El titular de Hacienda confirmó lo que 24 horas antes había anticipado Junqueras: que la lista demandada no llegaba. Y dio un nuevo plazo, de 24 horas, a la Generalitat para cumplir con la entrega. Esa misma tarde, sostuvo, se iba a remitir "un requerimiento" para la "identificación formal" de los funcionarios.

En la Generalitat justifican la no remisión de los datos en la "protección" de los funcionarios. Son los mismos argumentos a los que recurre el Gobierno central, que en las últimas semanas ha recordado que los funcionarios e interventores se arriesgan a responder personalmente sobre cualquier desviación del gasto: "No se les puede usar como rehenes", advierten. Uno de los ejes de la estrategia del Ejecutivo central está en poner el foco en la división interna del bloque independentista. A ello achacan que las bajas en el Govern lleguen ya a la decena.

Junqueras asume todas las demandas de información

En esa rueda de prensa, Montoro se quejaba de que "la respuesta" que le había trasladado la Generalitat había sido "muy genérica". "Ha sido decir que es conocido quién está interviniendo", dijo, al tiempo que calificó de "obviedad" decir "que los miembros del Gobierno son los responsables [del gasto]" y se mostró convencido de que el Govern iba a cumplir. "Si no fuere el caso, tomaríamos otro tipo de medidas", sentenció. Unas medidas que a día de hoy no se conocen.

La respuesta de Junqueras con la negativa oficial lleva fecha del 28 de julio, el mismo día que Mariano Rajoy ofrecía la rueda de prensa de balance de curso político y en la que anunció el recurso ante el Tribunal Constitucional de la reforma del reglamento del Parlament. En la misiva, el también conseller de Economía y Hacienda, avisa a Montoro de que ya le había remitido la información del gasto.

No obstante, ese día, el Ejecutivo no quiso desviar el foco del recurso ante el TC. Y tampoco lo ha querido desviar en esta semana. En el Partido Popular y la Moncloa siguen insistiendo en que cualquier incumplimiento de la ley por parte del Govern tendrá su respuesta por parte del Gobierno central, pero que la clave está en ir actuando "con mesura" a medida que avanzan los independentistas. 

Este diario ya avanzó que el equipo de Rajoy apuesta por "no alimentar el victimismo" y no sobreactuar. "Cada acción está teniendo respuesta. Pero proporcional. No podemos reaccionar a meros anuncios ni a declaraciones de intenciones", señalan fuentes de la dirección del PP.

El TS rechaza la petición de la Generalitat de suspender el control semanal del gasto que le impuso el Gobierno

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El próximo paso

El presidente del Gobierno ha dado vacaciones a sus ministros con la condición de que deben estar a pocas horas de la Moncloa por si es necesaria la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario. En principio, no esperan ninguna novedad hasta el 16 de agosto, cuando se abre el curso político en el Parlament. Ese día, la Mesa podría tramitar la ley del referéndum. Y la idea de Rajoy es, si se cumple este escenario, convocar a sus ministros para plantear un nuevo recurso ante el TC que paralizaría la tramitación. Sería el segundo recurso del Ejecutivo en menos de un mes.

La idea más extendida en el Gobierno es que los independentistas desobedecerán al TC al menos hasta aprobar en el Parlament la ley del referéndum.