El giro de Cospedal sobre el Yak-42 deja en evidencia a Aznar, Rajoy y Trillo

El "cambio de criterio" de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, respecto a la –según sus propias palabras– "línea tradicional" que este departamento había seguido en relación al accidente de avión en el murieron 62 militares españoles en mayo de 2003 deja en evidencia la actuación que otros destacados miembros de su partido han mantenido en los últimos trece años respecto a este siniestro. 

El giro de Cospedal tiene su origen en un reciente dictamen en el que el Consejo de Estado concluye que, con anterioridad al siniestro, existieron "hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente". "Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría", se lee en el mismo párrafo.

El informe –adelantado por El País y publicado íntegramente por infoLibre– ha supuesto para los familiares de las víctimas la confirmación de una de sus principales reivindicaciones: el señalamiento del Estado como responsable patrimonial del siniestro. Y también ha llevado a la actual ministra a asumir una responsabilidad que hasta ahora ni el Ministerio de Defensa ni el Gobierno conservador habían asumido.

Este mismo miércoles, en una entrevista en Cope, Cospedal admitió que la "responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla". Un día antes, el martes, la ministra se había reunido con los familiares de las víctimas, que nunca fueron recibidos ni por Federico Trillo, responsable de este departamento cuando tuvo lugar el accidente; ni por Pedro Morenés, que fue nombrado titular de Defensa por Rajoy en 2011. El lunes que viene Cospedal comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre este informe. 

Razones políticas 

No obstante, el cambio de criterio que ahora enarbola Cospedal contrasta con lo dicho por Mariano Rajoy hace solo una semana, el pasado 4 de enero. "Eso está ya sustanciado judicialmente. Ocurrió hace muchísimos años", señaló. Estas declaraciones no son sino la continuación de la estrategia que el PP ha mantenido hasta la fecha en relación a este asunto, pues Trillo se mantuvo en el cargo de ministro y fue incluso nombrado embajador en Londres después de la catástrofe. De hecho, el escándalo que siguió al accidente del Yak-42 era definido hasta ahora en las filas conservadoras como una forma de "hacer política con las tragedias".

Apenas diez meses después del accidente, en las semanas previas a las elecciones generales del 14 marzo de 2004, el que fuera presidente del Gobierno cuando sucedió la catástrofe, José María Aznar, también buscó razones políticas en la irritación que provocaba este caso. "Dejen en paz a los muertos, por favor. Algunos debían pensar que las elecciones no justifican que se remuevan los muertos. Mal debemos de ir, mal deben de ir algunos cuando tienen que caer en estas cosas", señaló. 

En noviembre de 2005, en la presentación del libro en el que Trillo repasó sus años al frente del Ministerio de Defensa –Memoria de entreguerras (Planeta)– Rajoy reiteró que el todavía embajador había sido "un extraordinario ministro". El líder del PP puso en valor que el libro no hubiera "ajustes de cuentas con nadie", lo que –añadió– "debería servir como reflexión a los que han intentado, usando los sentimientos de la gente, sacar rédito político y Dios sabe qué". 

También Trillo dedicó parte de su intervención en ese acto a descargarse de responsabilidad por aquel accidente y a censurar a quienes le criticaron, tal y como recoge esta crónica que publicó El País. "No es ni solidario, ni lícito, ni moral utilizar a las víctimas de un accidente o de una confrontación para arrojarlas, como si fueran elementos dañinos, contra la cabeza o la cara de un ministro o de un Gobierno. El PP no lo ha hecho ni lo va a hacer nunca", señaló el todavía embajador en Londres. Es decir, ambos volvieron a las razones políticas. 

De hecho, en el propio libro Trillo cuenta que, durante el funeral de Estado por las víctimas, supo "sin vacilación" que muchas de aquellas personas [los familiares] le habían "condenado irremisiblemente" sin que alcanzara "en su aturdimiento a comprender las causas". "El gran antropólogo René Girard ha estudiado profundamente los procesos sociales de convulsión que llevan a la búsqueda de un ‘chivo expiatorio’ que satisfaga las culpas ajenas; es lo propio de las culturas míticas cuando entran en desasosiego", puede leerse en esa obra a continuación, tal y como recogió El Mundo en su momento. 

Responsabilidades

La demanda penal que buscaba responsables del accidente –o, al menos, de no haber actuado para evitar que ocurriera– fue archivada en febrero de 2012 por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. Precisamente el dictamen del órgano consultivo del Estado hace alusión a ese auto de archivo en el que se dictamina la "ausencia de responsabilidad penalmente relevante, nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa".

Es decir, subraya que el hecho de que no hubiera una responsabilidad penal no implica que no haya otras responsabilidades políticas sobre la catástrofe. Y lo cierto es que en el sumario de esa causa fueron aportados al juzgado numerosos documentos que avalan esa responsabilidad en el siniestro del Ministerio de Defensa que ahora ha sido confirmada por el Consejo de Estado. Sin embargo, Trillo nunca la ha asumido hasta la fecha. 

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Esta posición también contrasta con declaraciones que el embajador hizo en el pasado sobre la pertinencia de asumir responsabilidades políticas. El 4 de junio de 2003, en su primera comparecencia en el Congreso tras el accidente [consultar, aquí], dijo que era "tan injusto eludir cualquier responsabilidad de futuro, si resultara probada culpa o negligencia (...), como injusto e exigirla sin conocer las causas reales que han provocado el accidente". 

Diez años antes, en 1994, cuando era diputado por Alicante y vicepresidente del Congreso, Trillo había afirmado en una entrevista con la periodista Pilar Urbano en El Mundo que la responsabilidad política en España estaba "mal dimensionada". Se refería entonces a las consecuencias de la comisión parlamentaria que investigaba las presuntas irregularidades patrimoniales del exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en la que habían comparecido los exministros Miguel Boyer y Carlos Solchaga. 

"La responsabilidad política en España está mal dimensionada. Sólo se ejercita en su máximo nivel: la dimisión. Y convendría estudiar una graduación de sanciones, que no recoge el Reglamento del Congreso: fijar consecuencias para quien sea reprobado; imponer alguna inhabilitación al diputado que mienta a la Cámara... (...) No es bueno que esas conductas queden impunes", señaló. Precisamente, los familiares han venido reclamando que este caso tuviera consecuencias políticas para él y fuera relegado de la Embajada española en Londres.