El Gobierno afianza el diálogo con la Generalitat con un acuerdo sorpresa para invertir 1.700 millones en El Prat

Inversiones en cantidades impactantes –1.900 millones en total–, competencias –empezando por las becas– y un calendario de seis meses para seguir negociando y asegurar resultados. Con esta fórmula, el Gobierno afianzó este lunes el diálogo con el Govern en una comisión bilateral que en Cataluña debilita el argumento de los independentistas duros de que hablar no vale de nada, al mismo tiempo que amplía el flanco para que los partidos del arco derechista exacerben en el resto de España su denuncia de un supuesto trato de favor. El mayor protagonismo no se lo llevaron, como estaba previsto, las competencias, ni los traspasos, ni los recursos ante el Constitucional, ni tampoco temas que aunque no estaba programado abordar planeaban sobre la reunión como los fondos europeos, un posible referéndum o la negociación presupuestaria. No. La bomba fueron 1.700 millones para el aeropuerto del Prat. 

La reunión llegaba cargada de tensión política. Era la primera vez entre tres años que se celebraba la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, destinada a que ambas administraciones aborden cuestiones de mutuo interés, a menudo con implicaciones de muchos ceros. Y lo hacía bajo la fuerte presión del PP, que considera que sentarse a hablar ahora sobre competencias y traspasos con el Govern de Pere Aragonés es una discriminación, o incluso una deslealtad, al resto de autonomías. A ello se suma la presión de los independentistas más opuestos a cualquier diálogo que no aborde la autodeterminación. La respuesta a la expectación que precedía al encuentro llegó en forma del compromiso de un poderosa inversión estatal en Cataluña, 1.700 millones dedicados además a una infraestructura emblemática, el aeropuerto del Prat, así como de nuevas competencias para la Generalitat, con lo que se recupera la vía de los traspasos, cegada durante una década. Los acuerdos llevan además anexo un calendario de seis meses para seguir negociando y revisar su cumplimiento en febrero como muy tarde. La jornada reintegra claramente al Gobierno y la Generalitat en la dinámica del acuerdo concreto, porque el propio acuerdo obliga a darle continuidad.

Al término de la reunión, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, anunció un acuerdo, alcanzado antes y al margen de la comisión bilateral, para la inversión del Estado de 1.700 millones en la ampliación del aeropuerto del Prat, que supondrá un incremento de más de 2 puntos en el PIB catalán, según dijo Rodríguez. La inversión fue presentada "pareja" a la que se realizará en Madrid-Barajas, de 1.600 millones. La intención es obvia: neutralizar posibles críticas de trato de favor a Cataluña. El proyecto de ampliación de Barajas estaba mucho más avanzado que el de El Prat. 

A pesar de lo voluminoso del anuncio, con 83.000 empleos directos según Rodríguez, la ampliación del Prat es un tema política y socialmente controvertido en Cataluña, sobre todo por su impacto medioambiental. El proyecto aún debe obtener el visto bueno de la Unión Europea. En una reciente entrevista en La Vanguardia, la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà (ERC), expresó sus dudas sobre el encaje de la ampliación por su afectación sobre zonas protegidas. Está por ver la letra pequeña de la ampliación, que previsiblemente se empezará a dar a conocer este martes. Lo que no se llevó la Generalitat de la reunión fue la gestión de El Prat, que sigue siendo estatal.

Competencias y calendario

Al acuerdo sorpresa sobre El Prat, alcanzado por la mañana fuera de agenda por el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró (Junts), y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se suman cinco pactos, salidos de la reunión de la mesa de diálogo que tuvo lugar por la tarde y que en cierta manera quedó eclipsada.

1) "Reducir la conflictividad institucional", situando como "prioridad" llegar a "acuerdos" sobre las leyes catalanas para evitar acabar en el Constitucional como en el caso de la norma que regula los alquileres.

2) Traspasar las competencias en becas y ayudas al estudio.

3) Formar un grupo de trabajo para estudiar la "viabilidad" de otros posibles traspasos, por ejemplo en formación sanitaria especializada, salvamento marítimo, legislación laboral y formación profesional. "Todos los traspasos que pudieran abordarse y que sean viables", recalcó Rodríguez.

4) Reactivar la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales.

5) Reactivar la comisión de inversiones en infraestructuras y crear otro grupo de trabajo para abordar las transferencias de los servicios ferroviarios de viajeros de cercanías y regionales.

El Gobierno y el Govern acordaron además un calendario de activación de todos estos compromisos a lo largo de los próximos seis meses, hasta una nueva reunión de la comisión bilateral en en enero o febrero, según explicó Rodríguez, que anunció también una inversión de 200 millones para dar cumplimiento a la disposición del Estatut que exige vincular las inversiones en Cataluña a su aportación al PIB.Estatut Estos 200 millones van aparte de los 1.700 del aeropuerto. 

Rodríguez desligó por completo la reunión de la otra mesa de diálogo, la que debe buscar una solución al "conflicto político" en Cataluña, y afirmó que había quedado fuera el reparto de los fondos europeos, a pesar de que los representantes de la Generalitat quisieron poner sobre la mesa estos temas. Estas restricciones movieron a la crítica a los representantes del Govern, que quiere negociar bilateralemente los fondos europeos. El tono general de la parte Govern fue de puesta en valor de la inversión en El Prat, destacando también sus conexiones con Reus y Girona, y de cierta insatisfacción general porque pretendía obtener ya múltiples competencias. No se van de vacío, pero están lejos de mostrar satisfacción. Así es la política cuando una negociación empieza, y esta está solo empezando.

Diez años de desierto

La reactivación de los traspasos, eclipsada por el aeropuerto, pone fin a un paréntesis de diez años, con la salvedad menor de una actualización en 2020 de una provisión de medios para Justicia. Antes de eso, hubo un desierto de una década, que ha coincidido con el recrudecimiento de la crisis catalana. Hay que remontarse a julio de 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas al frente, para localizar otro traspaso, en este caso de medios para Inspección de Trabajo. El paréntesis desde 2011 ha sido llamativo, sobre todo porque Cataluña suma hasta 190 traspasos en todo el periodo democrático, siendo la que más acumula por delante de Andalucía (155) [ver aquí la tabla de traspasos a todas las comunidades y aquí los realizados a Cataluña]. Ahora se retoma esta vía, que para el Gobierno supone una "vuelta a la normalidad constitucional". El independentismo, por su parte, desliga por completo esta vía de sus aspiraciones de autodeterminación, si bien ni hay plazos apremiantes ni la carta de la ruptura unilateral está sobre de la mesa.

En la comisión bilateral, reunida en Madrid, no se sentaron los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonés, que se reservan para la otra mesa, la que busca una solución al "conflicto político", cuya reunión está prevista para septiembre y en Barcelona. Este lunes, por la parte del Gobierno, lideró la delegación Isabel Rodríguez; en frente, por parte del Govern catalán, acudieron el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts), que por otra parte alcanzó el acuerdo sobre El Prat, y los consellers de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), y Economía y Hacienda, Jaume Giró. El encuentro se produjo tres semanas después de la toma de posesión como ministra de Rodríguez, que afronta con esta mesa uno de sus grandes desafíos. Su llegada fue recibida con escepticismo por el independentismo, que leyó la salida de Miquel Iceta, ahora en Cultura y con el que ya se habían iniciado los trabajos preparatorios, como un posible obstáculo para la agilidad del diálogo. No ha sido así. El Govern demandaba resultados "inmediatos" y los ha tenido. Además, no se han ceñido sólo al desbloqueo de los traspasos, sino también a El Prat. Hoy es más difícil que ayer para los detractores del diálogo en el campo independentista decir que no vale para nada.

Cambio de paisaje

La reunión era un hito en sí misma, sólo por celebrarse. La comisión bilateral no se reunía desde agosto de 2018, hace tres años y un día, cuando la que era ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se sentó delante de los consellers Ernest Maragall, Elsa Artadi y Pere Aragonés, que hoy es president. Se cerraba así un ciclo de más de siete años sin reuniones, desde julio de 2011. Con Mariano Rajoy (PP) en La Moncloa, la comisión quedó en suspenso al mismo tiempo que los traspasos, mientras avanzaba el desafío independentista. Los independentistas niegan que la recuperación de este instrumento desactive el "conflicto político", pero el Gobierno confía en su encarrilamiento mediante acuerdos que en ningún caso alcancen la autodeterminación o la amnistía. La duda es hasta qué punto con inversiones como la anunciada o cesiones competenciales se logrará ir normalizando la situación política –y social– en Cataluña.

La cita de este lunes formaba parte de este empeño del Gobierno, que se desarrolla en medio de un cierto cambio de paisaje en Cataluña. Junto a la novedad que han supuesto los indultos, ahora es ERC el líder del independentismo, no Junts, y los republicanos sostienen una apuesta estratégica por el diálogo, línea que encuentra resultado y continuidad con esta comisión bilateral. Además, la otra mesa, la acordada para dar salida al conflicto catalán, permite despejar la comisión bilateral de temas donde hay posiciones irreconciliables entre el PSOE y el independentismo. La mesa del diálogo político, cuya próxima reunión está prevista para el mes que viene, es la llamada a terminar con una "consulta" dentro de la ley. Su desenlace es incierto. La mesa de la comisión bilateral, la reunida este lunes, es la prevista en el modelo autonómico para tratar los asuntos contantes y sonantes: transferencias, competencias, inversiones, litigios... Y ahí es donde han empezado a llegar los acuerdos concretos. Ni la una ni la otra cuentan con el apoyo del PP, que no distingue la primera de la segunda y en ambas ve una cesión inaceptable del Gobierno.

Una comisión bajo presión

Aunque el margen para el entendimiento parece menor en la mesa sobre el "conflicto político", donde los límites legales impiden aproximarse a las reivindicaciones del Govern, tampoco la comisión bilateral lo tenía fácil. Tanto el PP como Cs y Vox ven un agravio en el encuentro celebrado este lunes, que también es objeto de críticas y escepticismo en las filas independentistas. El PP, que gobierna cinco comunidades (Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia), mantiene un rechazo frontal, a pesar de que se trata de un espacio de diálogo que también tienen otras autonomías y que está previsto en el Estatut. Ya antes de la celebración del encuentro, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, afirmó en RNE que era un "insulto a los españoles" y que "premia la deslealtad", ya que Aragonés fue el único líder autonómico que no acudió a la Conferencia de Presidentes del viernes. El presidente del Gobierno, añadió Montesinos, "divide entre españoles de primera y segunda". El secretario general del partido, Teodoro García Egea, cargó contra la "España multinivel", en la que ERC logra "privilegios" y "los que cumplen la ley pagan el pato". La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afirmó que "cada concesión" a Cataluña va "en detrimento de España". "Es la tiranía de las minorías", afirmó en Telecinco. Al término de la reunión y conocidos los acuerdos, el PP siguió percutiendo, aunque no criticó la inversión en El Prat sino que se la atribuyó al PP.

En el campo independentista, ERC se ha esforzado por desvincular esta reunión de la mesa política, negando que suponga un regreso al cauce autonomista. Eso no ha evitado las críticas, tanto de la CUP como de Junts. “Los procesos políticos para hacer un país no se pueden decidir en un despacho ni en una mesa de diálogo”, ha declarado el expresidente Carles Puigdemont antes de la comisión. La presidenta del Parlament, Laura Borrás, ha advertido del riesgo de que el diálogo haga creer a Europa que el conflicto catalán se ha "encarrilado". No obstante, otras voces de Junts, como la del consejero Puigneró, defienden que sin renunciar a los máximos –autodeterminación, amnistía– hay que "gestionar el mientras tanto", expresión que se escucha cada vez más. Este lunes bien demostró cómo se gestiona el "mientras tanto".

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Acuerdos con otras comunidades

El departamento de Rodríguez pone el énfasis en que hay diálogo con "todas las comunidades" y que "se irán cerrando más bilaterales con más autonomías". Además, el Ejecutivo destaca que en julio ha alcanzado soluciones pactadas con ocho autonomías: Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Asturias, Baleares y Cantabria. Así trata de neutralizar la idea de que da un trato de favor a Cataluña. No es así, según el Gobierno, que destaca acuerdos como el alcanzado con la Xunta, gobernada por el PP, sobre la ley de salud gallega.

El problema que se topa el Gobierno para defender su línea de acción es que es el propio independentismo el que asegura que ni los indultos ni los traspasos le valen, porque la autodeterminación es irrenunciable. Ahí es donde el presidente del Gobierno se planta, alegando la inviabilidad constitucional de esta pretensión, incluso sin unilateralidad. Está por ver qué efecto tienen los acuerdos alcanzados sobre los partidos independentistas, atentos a sus bases electorales y a la reacción al diálogo de la sociedad catalana.