El Gobierno aprovecha la sentencia de La Manada para abrir un nuevo frente contra los jueces

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consiguió este lunes poner de acuerdo a todas las asociaciones de jueces y fiscales a la hora de pedirle que dimita por entrometerse "en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial". La demanda llegaba horas después de que insinuara que el órgano de gobierno de los jueces debería haber actuado de forma preventiva contra el juez que emitió el voto particular absolutorio en la sentencia de La Manada. No es este el único frente abierto entre el Ejecutivo y el Judicial. El pasado 18 de abril se hicieron públicas las discrepancias entre el juez del Supremo Pablo Llarena y el ministro de Hacienda a cuenta de la financiación del 1-O.

Las palabras de Catalá de este lunes no fueron refrendadas después por ningún compañero del Gobierno. Se impuso el silencio. Aunque desde el entorno del ministro se subrayaba que cuenta con el apoyo de Mariano Rajoy. En el Partido Popular tampoco se quiso entrar al fondo de esta nueva crisis que enfrenta al Gobierno con los jueces. A la espera de conocer más datos, las fuentes consultadas por infoLibre no ocultaban su sorpresa por la forma en la que Catalá se había pronunciado sobre la sentencia de La Manada, pero también destacaban que el PSOE se había alineado con la tesis del ministro.

"Hay que ser prudentes. Pero su reacción, sus acusaciones no son muy propias de un ministro", resume un diputado nacional. Se refiere a la entrevista concedida este lunes por el titular de Justicia a la Cope en la que aseguró que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y entre los profesionales de la Justicia de esa comunidad autónoma, "todos saben" que el juez que dictó el voto particular pidiendo la absolución, Ricardo González, tiene "algún problema singular". Por ello, consideró que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía haber actuado "preventivamente".

"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", sostuvo Catalá. 

El ministro no precisó cuál es ese "problema singular" que "todos saben". Tampoco lo hicieron en su departamento a preguntas de este diario. Fuentes del Ministerio de Justicia se limitaron a recordar que Catalá "ha pedido a los expertos en derecho penal de la Comisión General de Codificación una reflexión y revisión de la tipificación de los delitos contra la libertad sexual que recoge el Código Penal de 1995" y que "ha expresado que es partidario de que las leyes se adapten a la realidad social, y si hay algún desajuste, es necesario modificarlas". Y a insistir, como viene haciendo el Gobierno desde que el jueves se conoció la sentencia, en que el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y también en casación ante el Tribunal Supremo. "Una de las fortalezas del Estado de derecho es su sistema de garantías, por lo que al ser la sentencia recurrible se garantiza el derecho de las partes, la tutela y la aplicación del derecho", añadieron.

La "temeridad" de Catalá

En respuesta a estas acusaciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitieron un comunicado conjunto criticando que Catalá haya sembrado dudas sobre la actuación de los magistrados y pidiendo que abandone el cargo. "La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", lamentan. 

De forma paralela se conocía que el juez discrepante fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Según las sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones impuestas sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas, del año 2003, supuso la suspensión por un periodo de seis meses por la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos, informó Europa Press. Pero en los últimos cuatro años, durante el actual mandato del CGPJ, no se ha incoado ningún expediente disciplinario contra él, según aclaró el CGPJ poco después de la entrevista de Catalá.

Según informó El País, la Audiencia Provincial de Navarra envió recientemente varios informes al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que se los transmitiera al CGPJ sobre el funcionamiento de la Sección Segunda, donde se integra el magistrado González. Los dos últimos informes están fechados en noviembre de 2017 y en marzo de 2018 e hicieron referencia al retraso en la redacción de sentencias y a sus resoluciones "anómalas", según señalan fuentes jurídicas de la Audiencia de Navarra consultadas por el citado medio.

El CGPJ pide "mesura"

A última hora de la tarde, el órgano de gobierno de los jueces intentaba llamar a la calma no ocultando su malestar con la actuación de Catalá. La Comisión Permanente del CGPJ CGPJ apeló a la "moderación, prudencia y mesura" y a la "responsabilidad institucional" para evitar "la utilización política de la Justicia" o "el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y la profesionalidad" de jueces y magistrados que "trabajan para lograr una justicia de calidad".

"Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria", admitía el CGPJ en su comunicado, defendiendo, no obstante, que esa reflexión se realice por los cauces establecidos. "Esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos", añadía.

La reacción de los partidos

En el PP y en el Gobierno no acaban de comprender la reacción de catalá. "Es muy raro todo. Él sabrá de qué datos dispone... A lo mejor ha querido aprovechar esa sentencia para dar un tirón de orejas a los jueces", interpreta un dirigente regional de las filas conservadoras. Las fuentes consultadas comparten que el Ejecutivo haya sido claro a la hora de abogar por una reforma del Código Penal, a la hora de "liderar" la reacción a la sentencia, pero temen que la reacción del ministro se les vuelva en contra.

Fue en el PSOE donde más eco tuvieron las palabras de Catalá, hasta el punto de compartir su tesis de que el CGPJ tenía que haber actuado. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, consideró que el órgano de gobierno de los jueces debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la sentencia del caso y ante el voto particular del juez Ricardo González, en el que a su juicio se ofende a la víctima.

La diputada, magistrada en excedencia y que formó parte del CGPJ, recordó que el tribunal tardó más de cinco meses en emitir esta polémica sentencia, algo que no es habitual en una causa de este tipo con presos. "Cuando el CGPJ ve un retraso evidente y claro como el que se estaba produciendo, tenía que haber hecho algún tipo de actuación o de seguimiento. Ahora el CGPJ no puede ponerse de perfil", dijo.

Mientras, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, pidió la dimisión de Catalá, al considerar que se ha "inmiscuido en el poder judicial" con sus críticas al juez que dictó un voto particular en el caso de La Manada.

"Catalá es un ministro que ya está reprobado por el CongresoCongreso, y que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar a un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era cometer corrupción [en referencia al dimitido Manuel Moix]", dijo en declaraciones a los medios en la sede de la formación morada.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que las palabras de Catalá muestran "poco respeto por la separación de poderes" y suponen "señalar" a un juez. "No es la primera vez que hace unas declaraciones en las que demuestra poco respeto por la separación de poderes", se quejó. Y el PDeCAT, por su parte, registró una batería de iniciativas en el Congreso para que el ministro concrete y detalle a qué se refería al señalar que Ricardo González "tiene algún problema singular".

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Esta nueva crisis se abre cuando todavía no se ha cerrado la protagonizada por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. En este caso, el enfrentamiento es con el Tribunal Supremo. Todo arrancó con una entrevista publicada en El Mundo en la que el ministro negaba que el 1-O hubiese sido financiado con fondos públicos. Sus afirmaciones levantaron ampollas en el Supremo, ya que el juez ya había detallado en el auto de procesamiento de Puigdemont y otros políticos catalanes los gastos públicos que habría conllevado la consulta.También, porque las palabras de Montoro dieron pie a que algunos de los acusados utilizaran las declaraciones para cuestionar al Supremo. En respuesta, el magistrado requirió a Montoro que aclarase sus palabras. Y éste respondió valorando "positivamente" el llamamiento. Porque le iba a permitir aportar a la Justicia datos "que hasta ahora no se habían solicitado".

Además, en medios jurídicos conservadores se interpretó que las palabras de Montoro podían inclinar al tribunal alemán que debe decidir sobre la extradición de Carles Puigdmont a negarla también por el delito de malversación, una vez que consideró descartada la existencia de rebelión.

Desde el Ejecutivo mantienen que en sus controles no han detectado fugas de dinero público para el referéndum ilegal. Otra cosa es, insisten, que se hayan falseado los conceptos de las facturas. Según informó La Vanguardia, el departamento de Montoro ya ha enviado al juez cinco informes en los que no se detecta malversación.