El Gobierno aprueba un paquete legislativo para solventar los problemas del país con la gestión de la basura

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), con la que se quiere pasar de una economía lineal a una circular de aquí a 2030, así como el anteproyecto de ley de residuos que prevé hacer obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos y que, entre otras medidas, prohíbe los plásticos de un solo uso a partir de julio de 2021.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogida por Europa Press, la ministra portavoz María Jesús Montero, ha destacado que es voluntad de la Unión Europea y de España "impulsar una auténtica revolución verde de cara a la reconstrucción de la pandemia", mediante la reorientación del modelo de crecimiento para ser un país más competitivo y eficiente pero también "más responsable" con el planeta y con las generaciones futuras.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera ha indicado que este es un momento "oportuno" en el que se inicia el debate sobre la reactivación, la reconducción de la economía, el empleo y la actividad.

De acuerdo con la EEEC, denominada Estrategia España 2030, se busca superar la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, así como minimizar la generación de residuos.

Ribera ha añadido que junto a la estrategia, el Ejecutivo ha estudiado y aprobado el anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados que afecta a los plásticos de un solo uso y a los microplásticos así como un real decreto que mejorará la trazabilidad y el control de los traslados de residuos, para someterlo a consulta pública.

España afronta el reto, en materia de residuos, de reducir la brecha entre el porcentaje del 33% con el que cuenta el país en materia de reciclaje y el 50% que exige la Unión Europea para 2020, y cuyo más que probable incumplimiento expone al país a sanciones por parte de la Comisión Europea. La meta aparece en una de las muchas directivas sobre residuos que el país debe transponer antes de 2021, y que el Gobierno incluye en el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros . La lista es larga. En junio de 2018, el Ejecutivo comunitario publicó tres directivas dentro de su paquete de economía circular: una sobre residuos, otra sobre envases y una tercera sobre vertidos. A esas tres normativas se le añade la directiva de junio de 2019 sobre "la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente", con objetivos concretos para plásticos de un solo uso.

En concreto, la EEEC marca los objetivos para la próxima década a nivel general y en particular en seis sectores a los que considera estratégicos para este fin, como son la construcción y demolición, agroalimentación, industria en su conjunto, bienes de consumo, turismo y textil y confección. Así, la Estrategia España 2030 prevé que de aquí a 2030 se debe reducir en un 30 por ciento el consumo nacional de materiales en relación con el PIB respecto al año 2010 como referencia y disminuirá la generación de residuos un 15 por ciento respecto a los que se generaban en 2010.

Concretamente, plantea rebajar un 50 por ciento la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria per cápita a nivel de hogar y consumo minorista; un 20 por ciento en las cadenas de producción y suministro a partir de 2020. La Estrategia busca contribuir asimismo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Otros de los objetivos pasa por incrementar la reutilización y la preparación para su reutilización de al menos el 10 por ciento de los residuos municipales generados y mejorar un 10 por ciento la eficiencia del uso del agua, así como reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Igualmente se promoverá acabar con la obsolescencia programada por ejemplo de los electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos.

Nuevo impuesto especial al envase de plástico

En cuanto al anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, el Consejo ha dado el pistoletazo de salida a su tramitación con la idea de que el proyecto de ley sea remitido antes de final de año a las Cortes Generales y su aprobación definitiva en el primer periodo de sesiones de 2021.

El anteproyecto que traspone la Directiva Europea de Plásticos de un solo uso de 2019, prevé entre otras medidas que cafeterías, bares y restaurantes deberán cobrar un precio por cada vaso y tapa del café para llevar de plástico a partir del 1 de enero de 2023, al tiempo que en la restauración se deberá ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque este podrá, en todo caso optar por agua embotellada y el abandono de basura en el medio ambiente podrá conllevar multas de entre 1.000 y 2.000.000 de euros, según su gravedad.

El texto establece limitaciones a los plásticos de un solo uso. En concreto, a partir del 3 de julio de 2021 estará prohibido introducir en el mercado bastoncillos de algodón (excepto en el ámbito de productos sanitarios), cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico, así como los palos para sujetar globos, excepto los globos de aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyan a consumidores; los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.

En este marco, el anteproyecto contempla un nuevo impuesto especial que el Gobierno justifica porque "responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde". Así, prevé imponer un impuesto especial a los envases de plástico no reutilizable que será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.

Explica así que es "similar" al que se implantará en Reino Unido o Italia y precisa que ascenderá a 0,45 euros por kilogramo de envase. Con ello, aspira a una recaudación cercana a 724 millones de euros, que obtendrá de los vasos de bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar; normalmente se consumen en el propio recipiente, o están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su consumo inmediato.

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De hecho, el texto fija que en 2026 se tendrá que reducir un 50 por ciento su comercialización, con respecto a 2022; y en 2030, esa reducción debe ser del 70 por ciento, también con respecto a 2022. En ese sentido, se buscarán alternativas reutilizables o de otro material no plástico. No obstante, desde el 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita y se deberá cobrar "un precio por cada uno" de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.

También quedarán prohibidos desde el 3 de julio del año que viene cualquier producto de plástico que se fabrique con plástico oxodegradable, así como los cosméticos y detergentes que tengan microplásticos añadidos de forma intencionada. Igualmente, se limitarán además de los vasos de bebidas, sus tapas y tapones, así como las cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar.

Otras de las medidas que incluye el anteproyecto de ley pasan por acabar con la obsolescencia programada, para fomentar el uso duradero y eficiente de aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción. En esa línea, se fomentará también la reducción del desperdicio alimentario y la preferencia por el agua no envasada, para lo que se buscarán nuevas vías para apostar por la donación de alimentos, aumentarán las fuentes de agua disponibles en las vías públicas y edificios y se ofrecerá de forma obligatoria en la restauración un vaso o una jarra de agua gratuita.