El Gobierno busca fórmulas para garantizar que la enmienda de ERC no afecte a la lucha contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó una línea roja: dispuesto a modificar el delito de malversación sin que ello afecte a la lucha contra la corrupción. Y el Ejecutivo tiene en sus manos ahora la enmienda presentada por ERC, buscando la fórmula en estas horas para darle cauce y poder transaccionarla sin que se toque ese aspecto medular para la coalición. La están estudiando, indican en La Moncloa, pero avisan de que "ninguna malversación puede despenalizarse" durante este proceso.

Este viernes se abrió la fase final para la proposición de ley, registrada por UP y el PSOE, para cambiar el delito de sedición con la presentación de las enmiendas. Pero este paso ha abierto mucho el foco de la idea primigenia y se ha convertido en el campo para varias reformas de calado en el Código Penal y en la administración de Justicia a través de los textos alternativos presentados por los grupos.

Todo ello en una negociación que se va a desarrollar de manera rápida ante los plazos que se ha marcado el Gobierno. La Moncloa quiere que se resuelva todo antes de que acabe el año, con lo que la ponencia se inicia este lunes. El trámite de comisión será al día siguiente y se maneja que pueda ir ya el propio jueves al Pleno. En mente tienen los grupos proponentes que se cierre todo en el Congreso para que el Senado ratifique posteriormente este texto y entre en vigor a principios de año. Entre otras variantes está que la incluida reforma del sistema de elección de miembros del Tribunal Constitucional pueda tener efecto en la primera quincena de enero. "Ahora empieza el baile", comentan fuentes gubernamentales sobre los días trepidantes que llegan para lograr acuerdos.

Las reformas de calado

Y es que el texto que salga de las Cortes tendrá novedosas reformas legislativas. Entre ellas, la rebaja de la sedición (con penas máximas de cinco años), la rebaja de la mayoría (hasta ahora de tres quintos) para que el CGPJ nombre a sus dos magistrados para el TC, la protección de la protesta pacífica dentro del delito de desórdenes públicos y la creación de un nuevo tipo por enriquecimiento ilícito de cargos públicos.

Pero la gran incógnita de la tramitación se posa ahora sobre la enmienda de la malversación presentada por Esquerra Republicana. El texto propuesto por los de Gabriel Rufián aspira a rebajar las penas por este delito hasta los tres años de cárcel en el caso de que no haya ánimo de lucro (lo que sería volver al escenario anterior a la reforma del PP de 2015). Según su justificación, esto se hace para que no se utilice “con finalidad política y arbitraria contra el independentismo".

Esto, como admiten dentro del propio PSOE y, sobre todo, en Unidas Podemos, puede suponer un problema de cara a la lucha contra la corrupción. Por eso, los dos grupos van a estudiar en profundidad esta enmienda de cara a la tramitación final que arranca el lunes. Ninguno de los dos ha rechazado reformar la malversación, pero ahora tienen que afinar la letra. Mucho.

Desde el PSOE se ha negado en público que se haya negociado algo con Esquerra, pero sus propios socios, a través de Jaume Asens, han revelado que los socialistas son los encargados de hablar con los de Gabriel Rufián y que se espera que se llegue a un acuerdo. 

Estudiar la enmienda "con líneas rojas"

Desde La Moncloa, como señalan otras fuentes gubernamentales a infoLibre, se recuerda que el PSOE y UP no han presentado ninguna enmienda sobre malversación y que se ha puesto de manera muy clara una línea roja: no puede beneficiar a los condenados por corrupción. Y se señala que todo cambio legal que se hace es para favorecer el clima político en Cataluña, recordando la diferencia que hay ahora respecto a 2017, cuando hubo una declaración unilateral de independencia mientras Mariano Rajoy presidía el Gobierno central. Además, a pesar de las críticas de las derechas, en el Ejecutivo indican que el Estado tiene herramientas si se intentara otra DUI, como es la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En el Gobierno insisten en que no apoyarán ninguna propuesta que suponga una despenalización de la corrupción. El portavoz socialista, Patxi López, indicó que los socialistas no van a permitir ningún retroceso sobre este tema, pero que van a estudiar la enmienda de Esquerra. Con esta afirmación: "Cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que ser sancionado". Fuentes de Ferraz agregaron: “La enmienda de ERC será estudiada en profundidad con las líneas rojas anunciadas”.

Desde el Gobierno se contrarresta la propuesta de ERC, que despierta dudas sobre su aplicación, con la creación, a través de una enmienda pactada entre el PSOE y UP, para la creación de un delito de enriquecimiento ilícito para cargos públicos que no puedan justificar ganancias o cancelación de deudas a partir de 250.000 euros, en línea con otros países como Luxemburgo y Francia. Podrá ser penado esto con entre seis meses y tres años de cárcel y una inhabilitación comprendida entre los dos y siete años, además de multas de hasta tres veces la cantidad abultada.

De esta manera se busca compensar una posible enmienda transaccional sobre la malversación. Esa hipotética modificación está creando un malestar creciente dentro de las filas socialistas, a diferencia de lo que pasó con la sedición. Ya no sólo han alzado la voz presidentes díscolos como Emiliano García- Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), sino que también se han mostrado duros con esta línea Juan Lobato (Madrid), Ximo Puig (Valencia), Adrián Barbón (Asturias) o Luis Tudanca (Castilla y León). 

Todo ello en un momento en el que muchos piden ser cautelosos para que no haya efectos adversos, como ha pasado con la ley del ‘sólo es sí es sí’. Y, además, también hay recelos con una rebaja de la malversación hecha para los encausados independentistas y que no afectará, por ejemplo, a José Antonio Griñán. Desde Unidas Podemos se ha señalado que se les ha asegurado que no habrá ninguna remodelación que pudiera afectar en beneficio del expresidente andaluz, que debe ingresar en prisión por el caso de los ERE. Los ‘morados’ van a estudiar muy atentamente la propuesta de Esquerra, pero por ahora tampoco garantizan su voto.

A pesar de algunas críticas, en el Gobierno están convencidos de que Cataluña no será una rémora de cara a las próximas citas en las urnas. De hecho, el propio presidente Sánchez, en una conversación informal con periodistas en el Congreso el pasado martes con motivo del Día de la Constitución, indicó que, al revés de lo que se cree, será un “activo” de la labor de la coalición.

Cambio para la elección del TC

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Uno de los aspectos más relevantes de esta proposición llega a través de la enmienda introducida por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección de los miembros del TC por parte del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de los jueces, por su sector conservador, está incumpliendo la ley que fijaba que debía designar a sus dos aspirantes antes del 13 de septiembre. Por eso, el Gobierno ha ideado un nuevo modelo por el que se podrá desatascar la situación, ya que se requerirá una única votación en la que vencerán los más apoyados, sin la necesidad de los tres quintos que fija la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

Actualmente, el Gobierno ya nombró a sus dos candidatos al Alto Tribunal (toca renovar ahora un tercio de los miembros). Los escogidos son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez. Pero el TC no se ha avenido a hacer el examen previo para su nombramiento a la espera del Consejo General del Poder Judicial dé sus nombres. Ante el giro legislativo planteado por el Gobierno, el sector conservador se movió este mismo viernes y pidió celebrar un pleno antes de que pudiera entrar en vigor esta reforma. El cambio planeado por el Gobierno, a través de la modificación de la Ley del Poder Judicial, incluso prevé responsabilidades penales para los miembros del CGPJ que incumplan con su obligación.

El PP, Vox y Cs se lanzaron al cuello contra el Gobierno por esta modificación. La ‘número dos’ de los populares, Cuca Gamarra, anunció que su partido denunciará ante la Unión Europea y el Tribunal Constitucional el cambio. No obstante, el TC ya se pronunció en 2013 ante un recurso del PP sobre mayorías para la elección de altos cargos judiciales, dejando claro que depende del legislador la fórmula: "No se puede deducir del texto de la Constitución límite alguno impuesto al legislador orgánico a la hora de configurar el modo concreto en que el CGPJ adopta las decisiones relativas a la provisión de plazas de nombramiento discrecional". Y desde Vox se intenta lanzar ahora una moción de censura contra el “golpe” al Constitucional, con la intención de pactar con los populares un "candidato neutral" para convocar elecciones. Los populares siguen resistiéndose a esa fórmula porque entienden que no servirá para nada y Sánchez saldrá reforzado.