El Gobierno se enreda con la fecha de las elecciones y la presentación de los Presupuestos

Los miembros del Gobierno y los dirigentes del PSOE partidarios de no presentar el proyecto de Presupuestos en el Congreso para evitar una más que previsible derrota y los que apuestan por convocar elecciones en marzo o en el mes de mayo —coincidiendo con el superdomingo electoral en el que se votarán las municipales, europeas y autonómicas— han conseguido sembrar dudas sobre las intenciones reales del presidente Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo asegura en público siempre que tiene ocasión que su voluntad es agotar la legislatura, lo que nos llevaría a la primavera de 2020, aunque en privado sostiene ante sus más próximos que, sobre todo sin Presupuestos, las elecciones generales tendrán lugar en otoño de 2019. Otros, una minoría —al menos hasta hace muy poco—, han tratado de hacerle ver la conveniencia de no arriesgar teniendo que gobernar por real decreto durante meses y con un Parlamento en contra y aprovechar el buen momento que señalan las encuestas.

El plan que Sánchez se había trazado pasaba por involucrar a los independentistas en la gobernabilidad de España negociando con ellos los Presupuestos para 2019 mientras daba tiempo a que el diálogo abierto entre su Gobierno y la Generalitat permitiese abrir la puerta a una reforma constitucional y estatutaria capaz de reconducir el conflicto en Cataluña. Pero el juicio del procés y la demanda de una intervención sobre el Poder Judicial para evitar que los acusados sean condenados a durísimas penas de prisión lo han hecho imposible. El propio Sánchez reconocía este fin de semana, en rueda de prensa desde la Cumbre Iberoamericana de Guatemala, que PDeCAT y Esquerra ni siquiera se quieren sentar a negociar con el Gobierno y que no está en su mano ni en su voluntad intervenir en el procedimiento judicial abierto contra los responsables del intento de declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Así que la convicción con la que afirmaba su voluntad de agotar la legislatura —la última vez en fecha tan reciente como el 7 de noviembre— y presentar el proyecto de Presupuestos, previsiblemente en los primeros días del mes de diciembre, ha comenzado a diluirse.

Este lunes fue José Luis Ábalos, secretario de Organización y coordinador electoral del PSOE, quien abonó las dudas al no descartar la posibilidad de que el presidente acabe haciendo coincidir las elecciones generales con las del superdomingo del 26 de mayo. Lo hizo de forma muy matizada —“nada es descartable, por las mismas razones que no hay nada seguro”; no hay que “aventurar nada" porque de aquí al mes de mayo “queda mucho”— pero fue suficiente para alimentar toda clase de especulaciones acerca de un hipotético cambio de criterio en el Gobierno.

Convocar el 26 de mayo sería una decisión sin precedentes y supondría un desafío logístico inédito para la democracia española, porque en algunas comunidades se podrían encontrar con hasta seis urnas diferentes (Congreso, Senado, ayuntamientos, comunidades autónoma, Parlamento Europeo y cabildos insulares).

Sánchez restó trascendencia a las declaraciones de su número tres en el partido, pero no lo desmintió: “Ha señalado esa fecha como ha señalado otras y ha dicho algo muy importante, que la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno, y no puedo estar más de acuerdo”, se limitó a decir.

La hipótesis de mayo no gusta a los barones del PSOE que ese día tienen que rendir cuentas a sus ciudadanos y prefieren no correr riesgos contaminando sus propias convocatorias con el debate nacional. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, lo expresó claramente: “Ayuntamientos y presidentes autonómicos tienen derecho a que se pueda valorar su trabajo, para bien o para mal, de una manera aislada a la situación coyuntural a la que vive el país”. “Sigo haciendo mi apuesta muy clara: no va a haber elecciones en esa fecha, las habrá en otoño”, concluyó.

PP y Ciudadanos aprovecharon la circunstancias para redoblar su exigencia de que Sánchez convoque elecciones inmediatamente. Y Unidos Podemos, convencidos de que el riesgo de elecciones inminentes es real, ha decidido incluso poner en marcha su maquinaria electoral.

El propio Sánchez, que el miércoles afirmó rotundo que su Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos en el Congreso dentro de apenas unos días, matizó sus propias palabras el fin de semana. En vez de reafirmar su intención de someter a debate en la Cámara baja el acuerdo presupuestario suscrito con Unidos Podemos, se ciñó a reconocer que no tiene “la llave para poder aprobar muchas de esas medidas” y que “cada uno tendrá que posicionarse”. “El Gobierno está en reconstruir el Estado del Bienestar a través de unos Presupuestos que creemos que son buenos. Ahora bien”, subrayó, “si el poder legislativo no hace sus deberes y los rechaza, el Gobierno mantiene su hoja de ruta a través de modificaciones presupuestarias”. Y “no va a marear a los españoles”, explicó, algo que muchos interpretaron como un reconocimiento de que, en el caso de no tener asegurados los votos que necesita, no presentará los Presupuestos.

Las dos últimas cartas

No obstante, y aunque todo sugiere a que está a punto de perder la partida presupuestaria, a Sánchez aún le quedan dos cartas por jugar. La primera, el debate sobre la situación política catalana programado para el día 12 en el Congreso. La segunda, el Consejo de Ministros que celebrará en Barcelona apenas una semana después. El Gobierno sigue sin detallar en qué consiste sus propuesta para tratar de reconducir la crisis política pero fuentes del PSC confirmaron a infoLibre que Sánchez apoya la que los socialistas catalanes pusieron sobre la mesa de fuerzas políticas convocada por el president Quim Torra el pasado viernes: reforma constitucional y estatutaria en clave federal, reconocimiento nacional de Cataluña y hacienda federal. Una propuesta que, en 2012, cuando dio inicio el procés, quizá hubiese reconducido la situación pero que a día de hoy parece muy alejada de las expectativas de los independentistas, que además han hecho de los presos su prioridad.

Para el presidente, el debate nunca ha sido sobre el riesgo de sufrir un derrota parlamentaria tramitando los Presupuestos. Su hoja de ruta para ganar las próximas elecciones pasa por contrastar su agenda social con el obstruccionismo de la derecha y los independentistas catalanes y ese escenario espera construirlo con o sin trámite presupuestario.

Debatir los Presupuestos, argumentan los partidarios de enviar el proyecto al Congreso, obligará a todos los grupos a retratarse e impedir medidas como el incremento del salario mínimo interprofesional, la aprobación de medidas de apoyo para los parados de larga duración, el blindaje de las pensiones y la reversión de una parte de los recortes que el PP llevó a cabo en los últimos años en educación, sanidad y dependencia. “Cuando lleguen las elecciones los españoles tendrán que decidir quién ha estado trabajando para resolver sus problemas y quién ha estado bloqueando”, insistió Sánchez este fin de semana desde Guatemala.

Entre los partidarios de llevar al Congreso el proyecto de Presupuestos y defenderlo en el Pleno está el ministro Josep Borrell. El titular de Exteriores aseguró en declaraciones a Onda Cero que “lo normal es presentar los Presupuestos y que la Cámara se pronuncie; es el gran momento de debate político”.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, en declaraciones realizadas ya por la tarde desde Bruselas, tras participar en una reunión del Eurogrupo, insistió en que el Gobierno está trabajando “para lograr las mayorías parlamentarias necesarias” porque son las cuentas que “España necesita” y “son coherentes” con el plan presupuestario remitido a las instituciones europeas.

“El presidente del Gobierno”, recordó, “el otro día en sede parlamentaria habló de que se presentarían los Presupuestos antes de final de año. Ahí tenemos un calendario muy claro en el que habrá que constatar cuál es la situación en este momento y tomar las soluciones oportunas sobre la base de las opciones que en ese momento existan”, señaló.

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Y es que el presidente ha dejado claro hasta ahora que no tiene intención de dar por terminada la legislatura aunque no tenga Presupuestos. Su propósito declarado es tratar de sacar adelante sus medidas más importantes mediante decreto ley, una fórmula que la Constitución reserva a circunstancias excepcionales y urgentes. Sánchez estas convencido de que la mayoría política que le llevó a la Moncloa sí apoyará medidas “vinculadas a reconstruir el Estado de Bienestar y a la recuperación de los derechos por parte de quienes más han sufrido la crisis”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, citó el lunes entre las medidas que el Gobierno impulsará por decreto ley si no hay Presupuestos la subida del salario mínimo a 900 euros, la actualización de las pensiones o medidas de acceso a vivienda y planes de pensiones. Sobre las pensiones, destacó, en declaraciones a La Sexta, el compromiso “absolutamente serio” del Ejecutivo con este colectivo. La “hoja de ruta” del Gobierno, y lo que “tiene en la cabeza”, es intentar aprobar mejoras que considera “urgentes” para la ciudadanía con los Presupuestos, para lo que trabaja “intensamente” por conseguir alianzas, ya que “es mucho mejor que haya” en 2019 nuevas cuentas.

Algunos “parece que se autoexcluyan”, lamentó la ministra, que sin embargo volvió a apelar a PP, Cs y las fuerzas independentistas a debatir y apoyar las cuentas para 2019. “El Gobierno va a seguir gobernando mientras haya derechos que recuperar”, zanjó Montero.