El Gobierno se jacta de que su reforma electoral no es partidista porque favorecería a Bildu y ERC

Los números demuestran que el Partido Popular sería el partido más beneficiado por la llamada elección directa de alcaldes. No obstante, una iniciativa de este tipo, con la que el 40% de los votos serviría para otorgar la mayoría absoluta, haría también que ERC y Bildu se hicieran con más ayuntamientos en Cataluña y Euskadi, respectivamente. Este tema fue puesto sobre la mesa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes y fue aprovechado por la vicepresidenta para vender que, lejos de oportunismo político y de miedo a perder municipios y dejarlos en manos de los nacionalistas, lo que quiere el Ejecutivo y el partido que lo sustenta es que prime "la voluntad del vecino".

Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro del Interior fueron preguntados sobre qué ha cambiado en el Gobierno para esté dispuesto a permitir que en ayuntamientos donde en su día el PP pactó con otras fuerzas para evitar dejarlos en manos de ERC o Bildu, ahora vaya a dejarles vía libre. "Los grupos políticos y los partidos políticos pueden plantear los debates que estimen oportuno y su pregunta –señaló la mano derecha de Rajoy al periodista– pone de manifiesto que este debate que se quiere abrir por parte del partido que sustenta al Gobierno se hace desde un punto de vista, no desde un cálculo electoral, sino desde un punto de vista del fortalecimiento de la democracia".

Santamaría rechazó que desde la formación a la que pertenece se estén haciendo "cálculos" en uno u otro sentido. Y precisó que el tema forma parte de "un debate amplio", el de la "regeneración democrática". "Se plantea desde el punto de vista del respeto a la voluntad del vecino, a las mayorías. A quien mayoritariamente han considerado los vecinos que debe ser el alcalde, lo lógico es que lo sea". "Se plantea desde la regeneración democrática. No desde el cálculo de lo que pueda pasar en una otra comunidad autónoma", concluyó mientras apuntaba que el PP y el Gobierno considera "positivo" abrir este debate. El pasado martes quedó patente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que no existe el consenso necesario para abrir este debate ahora, a pocos meses de las elecciones municipales. Y es que Rajoy parece decidido a llegar hasta el final para que pueda aplicarse ya en los comicios de mayo de 2015.

Junto a la número dos del Gobierno en la mesa, Jorge Fernández Díaz no quiso añadir nada a sus palabras: "Iba a decir exactamente lo que ha dicho ella [...] Ese hecho que usted expone –dijo al periodista– lo que hace es, si cabe, dar más autoridad a esta propuesta del Gobierno".

También tiró Santamaría de que se trata de un tema que no es patrimonio exclusivo del PP, sino que otros partidos, como el PSOE presentaron en su día reformas similares. "No estamos planteando nada que sea una novedad. Ni nada que abra un debate nuevo".

A la espera del documento definitivo, el partido del Gobierno trabaja sobre la base de otorgar la mayoría absoluta a la lista que obtenga el 40% de los votos. Teniendo en cuenta este porcentaje y utilizando como base los resultados de las últimas municipales, las de 2011, el PP sería la formación más beneficiada. Los datos son contundentes. Si se toman las 78 principales ciudades del país –las que superan los 100.000 habitantes y las capitales de provincia– la reforma electoral de Rajoy daría a su partido la mayoría absoluta en ocho ciudades donde hoy no la tiene. Y más contundente aún: trasladando el listón del 40% a los resultados de 2011, puede concluirse que el presidente del Gobierno busca que su partido mantenga el poder en medio centenar de grandes ciudades.

Aforados

Por otra parte,  la vicepresidenta ratificó la voluntad del Ejecutivo de abrir el debate sobre el aforamiento con el fin de llegar a acuerdos con los partidos, pero alertó de las "dificultades técnicas" que conlleva cambiar el sistema. La reducción de aforados ya se planteó a principios de julio con motivo de la reforma parcial de la Ley del Poder Judicial llevada a cabo para aforar a Juan Carlos I y Sofía de Grecia tras la abdicación pero el PP rechazó una enmienda de UPyD al respecto alegando que no era el momento. 

La reforma electoral de Rajoy otorgaría la mayoría absoluta en otros 65 municipios a CiU, PNV, Bildu y ERC

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El debate lo ha abierto de nuevo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que en una entrevista a El País asegura que la propuesta que lleva su gabinete en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial será para pasar de 17.621 a 22 aforados en España.

En opinión del ministro, los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas", dijo.

"El término clave es 'acuerdos'", añadió Sáenz de Santamaría, que añadió que todos los grupos coincidirán en que, en el tema del aforamiento, es necesario "limitar, acotar y clarificar" porque el número de aforados "ha ido creciendo".