El PP de Murcia mantuvo a Valcárcel como presidente de honor mientras la Región pedía juzgarlo por corrupción
“No eres solo un referente, eres alguien que tiene aún mucho que decir” y de quien “seguiré aprendiendo cada día de lo que hiciste, de lo que hagas y de lo que quieras hacer”. Dirigidas a Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia durante 20 años y ahora al borde del banquillo por una ruinosa operación -la desaladora de Escombreras- que dejó un agujero de 74 millones en las arcas públicas, el entrecomillado pertenece al discurso con que el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, abrió el 15 de julio de 2022 el congreso autonómico del PP.
Para entonces, dos datos opuestos marchaban a la par respecto al mayor caso de corrupción investigado en Murcia, el de la desaladora. Por un lado, Valcárcel, que llegó a ser vicepresidente del Parlamento Europeo y para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel al atribuirle prevaricación, fraude y malversación, seguía siendo presidente de honor del PP de Murcia con el respaldo pleno del equipo directivo. Por otro, los servicios jurídicos de la Administración que dirige López Miras ya habían secundado meses antes, sin que su actuación obtuviera el menor relieve mediático, la solicitud de la Fiscalía para que el caso se reabriera tras un meteórico sobreseimiento. La discordancia entre ambas actuaciones pasó durante meses inadvertida.
La semana pasada, infoLibre preguntó a los portavoces de López Miras cómo se explica que, pese a que los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia (CARM) ya se habían sumado en 2021 a la petición de la Fiscalía para reabrir el caso, lo que en la práctica enfilaba a Valcárcel hacia el banquillo, Fernando López Miras dedicase un encendido elogio durante el congreso de julio de 2022 a quien se mantuvo como presidente de honor hasta el fin de la instrucción penal. No hubo respuesta.
La de López Miras no fue la única salutación calurosa que el expresidente murciano de más largo recorrido recibió en el cónclave regional del PP. Durante su intervención, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, miró hacia Valcárcel desde el escenario y le habló así: “Hemos tenido todos la suerte de poder aprender de ti durante tu ejercicio noble de la política”.
Ordenada por la Audiencia de Murcia, la reapertura se llevó a cabo el 30 de marzo de 2022. En el escrito presentado en favor de que se revocara el archivo dictado un año antes, el letrado de la Comunidad había afirmado que el diseño del modelo de gestión de la desaladora, adjudicada sin concurso público, “era un montaje o fraude desde su inicio dado que era inviable”. Lo decía -y así lo detalla el auto de la Audiencia murciana- exactamente en la página 38.
Ya el 15 de noviembre, y en su condición “de actor civil como perjudicada”, los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia dieron el paso definitivo. En el escrito con el que en esa fecha requerían no el sobreseimiento -opción posible- sino la apertura de juicio contra Valcárcel, el representante legal de la Comunidad destacaba que los perjuicios ocasionados al erario público procedían del “hecho de haberse ignorado la normativa administrativa en el diseño, construcción y explotación de la planta desaladora”. Pero la situación interna de Valcárcel en el PP no se vio alterada. En todo caso, silenciada en espera de la decisión del juzgado.
Cuando exactamente un año después de la reapertura, salió a la luz el pasado 30 de marzo el auto por el que la jueza envía a Valcárcel al banquillo, los periodistas preguntaron al día siguiente a López Miras qué iba a ocurrir con la presidencia honorífica del partido: “Va a ocurrir que tenemos el más absoluto de los respetos por los procedimientos judiciales”. Esa, de la que no se infiere una participación activa en la instrucción penal como parte civil perjudicada, fue su respuesta. Ante la repregunta sobre si el PP mantendría al acusado como presidente honorífico, contestó que el partido haría lo que marquen los estatutos. Veinticuatro horas más tarde, Valcárcel se dio de baja como afiliado.
Es el propio escrito de la Administración murciana -que no ejerce la acusación penal sino la civil pero siempre dentro del procedimiento que ahora se verá en juicio- el que añade que hay que “reintegrar a la Comunidad autónoma la cuantía de las ayudas recibidas (850.000 euros)” más intereses. Y ello porque se incumplieron “las condiciones establecidas en el desarrollo de actividades subvencionadas”.
Un ejemplo de cómo funcionó el proyecto que lideraba el hasta hace una semana presidente de honor del PP murciano con la protección del partido figura, paradójicamente, en el escrito de los abogados de la Comunidad: Desaladora de Escombreras SA pagó 85.860 euros a un abogado por asesoramiento jurídico y por un libro. Pero ese abogado era justamente miembro del consejo de administración de Desaladora de Escombreras SA (DESA).
En la sociedad participaba un grupo filial de ACS -el holding que capitanea Florentino Pérez- pero, como argumenta la Fiscalía, no fue esa parte, sino la pública, la que sufrió daños económicos. “Los hechos descritos (adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada por un lado, y anticipación de compra del 39% de acciones de DESA en junio de 2010 [a la filial de ACS] desligando a la parte privada de la ruina del proyecto”,
Las acusaciones contra el primer y poderoso presidente del PP murciano -gobernó entre 1994 y 2014- se habían sobreseído en enero de 2021: según la jueza instructora, no había indicios suficientes de que Valcárcel hubiese conocido o participado en los hechos investigados por la adquisición y gestión de la planta. Pero, como ya se ha expuesto en párrafos anteriores, la Audiencia Provincial obligó 15 meses más tarde a reabrir el caso.
En esa resolución, la Audiencia murciana resaltó que la jueza que archivó no otorgó relevancia a cómo el propio Valcárcel había reconocido que comenzó a conocer el problema de la desaladora ya en 2008. Es decir, un año después de su inauguración. “Tampoco se subraya -anotó la Audiencia- su manifestación [de Valcárcel] sobre que el 24-10-2013 es cuando el director de los Servicios Jurídicos tiene conocimiento de que la Intervención plantea un problema”.
La importancia de esas últimas líneas radica en que, pese a los graves problemas financieros en que para entonces se hallaba inmersa la desaladora, el último Consejo de Gobierno presidido por Valcárcel autorizó el 28 de marzo de 2014 una transferencia de 22,2 millones a HM SL (Hydro Management SL) la empresa privada que, con 12.000 euros como capital social, había sido fundada en 2003. HM SL pertenecía al grupo Cobra. Y este, a su vez, a ACS.
El pasado lunes, el diario murciano La Verdad, del grupo Vocento, publicó unas declaraciones de Valcárcel: "Me guié siempre por el bien común", dijo. Según sus palabras, nunca recibió un informe desfavorable sobre la desaladora. Este miércoles, y tras acudir a los juzgados para recoger la notificación sobre apertura de juicio, el expresidente se reiteró en su mensaje: "No he perseguido otra cosa que el bien común, y ahora toca hablar ante la justicia en la que creo y que respeto"
