El Gobierno nombra a Delgado fiscal de Memoria y reivindica que el proceso ha sido "transparente"
El Gobierno ha acordado este martes nombrar a la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, accediendo así a la propuesta realizada por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, que ha advertido de que podría tratarse de un nombramiento nulo, según informa Europa Press.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, reivindicando que el procedimiento ha sido "absolutamente transparente" porque tanto las bases como la concurrencia a esta convocatoria de plazas en la Fiscalía se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Rodríguez también ha querido aclarar que dicha designación "no supone un ascenso" para Delgado. La otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría —fiscal de sala— el pasado septiembre, también por decisión de García y Ortiz y en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que apoyó a otro candidato.
Asimismo, ha defendido que "el Gobierno actúa en la potestad que le corresponde" conforme a la Ley de Memoria Democrática, por la que se creó esa plaza. Al hilo, ha destacado que esta ley "viene a atender y dar respuesta a esas víctimas". "Y lo correcto es no privarlas de esa oportunidad", ha añadido.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha llevado la propuesta de nombramiento de Delgado al Consejo de Ministros de este martes después de que la Abogacía del Estado concluyera en un informe, encargado por la propia Llop, que no tenía margen legal para no elevarla a la mesa del Gobierno, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Estos movimientos se enmarcan en la polémica desatada el pasado jueves, cuando García Ortiz acordó adjudicar a Delgado la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que entiende que la ex fiscal general podría incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos.
El lunes, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que suman 7 de los 11 vocales encargados de informar al fiscal general del Estado en materia de cargos discrecionales, enviaron sendos escritos al Gobierno advirtiendo de que la propuesta de nombramiento de Delgado podría ser nula porque no cumplió el trámite legal.
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Concretamente, la AF se dirigió a Llop en una carta para instarla a no dar traslado de dicha propuesta al Consejo de Ministros. AF y APIF argumentaron que, dado que sus 7 vocales decidieron no participar en la deliberación y votación sobre el citado puesto, García Ortiz no escuchó al Pleno —trámite preceptivo—, lo que impide que la elección de Delgado sea válida.
Además, ambas asociaciones advirtieron de que, si el Gobierno sigue adelante con la designación de Delgado, puede acabar recurrida en los tribunales. De hecho, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ha recurrido ante el Supremo el ascenso de la ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él también competía.
Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado 22 de septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría: fiscal de sala.
