El Gobierno propone libertad vigilada para los maltratadores que acaben su condena

Entre las propuestas recogidas en la Estrategia de Erradicación de Violencia de Género que ha avanzado hoy en Madrid el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, se encuentra la de que los maltratadores que terminen su condena tendrán libertad vigilada, mientras que la manipulación de dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas por violencia machista será delito.

Respecto a la “mejora en la respuesta institucional”, se añade la propuesta de extender la libertad vigilada a los delitos de violencia machista. Esta medida está preparada, a falta de un acuerdo con los ministerios de Interior y Justicia e Instituciones Penitenciarias, según ha explicado Moreno, y la propuesta podría emplear controles telemáticos que “funcionan con corrección y precisión”.

El Gobierno quiere establecer protocolos con Instituciones Penitenciarias, para poder informar a las víctimas y a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado relacionados con su seguridad dónde se encuentra el maltratador o cuánto dura su permiso. Además, respecto a la tipificación de delitos, el Gobierno incluye en la propuesta el “acoso, hostigamiento y acecho a una persona, que altere gravemente” el desarrollo de su vida cotidiana. También pretende incluir como delito la manipulación de dispositivos de control o la revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona sin su autorización, con “grave daño” a su intimidad.

Para que todo esto se haga efectivo, plantean mejorar las bases de datos policiales y judiciales. Para ello, incentivará la interconexión en los subsistemas de recogida de denuncias en la Administración de Justicia y en la Policía, con el objetivo de, en este último caso, “recibir de forma automatizada y en tiempo real” las denuncias de violencia machista.

Para junio

El documento cuenta con 258 medidas y una memoria económica con una dotación de 1.539 millones de euros para el periodo comprendido entre 2013 y 2016. La estrategia se aprobará el mes de junio, con la intención de que las modificaciones necesarias entren en vigor en septiembre u octubre, aunque podría alargarse.

El texto tiene que ser aprobado por la conferencia Sectorial de Igualdad, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y el Consejo de Ministros. Según Moreno, se trata de “una estrategia, y por lo tanto, es un compromiso del Gobierno para adoptar medidas, pero los cambios normativos se deben hacer dentro de las leyes”, ha señalado. Además, el documento recoge medidas para promover la movilidad geográfica de empleadas públicas víctimas de violencia machista en las administraciones, y ofrecerá atención a mujeres víctimas de este tipo de violencia en el extranjero.

Algunas de las modificaciones más importantes del plan tienen que ver con el ámbito penal, por lo que deberán aprobarse junto con la reforma del código, una cuestión que “ya está avanzando” con el Ministerio de Justicia.

Sanitarios con conocimientos de violencia psicológica

La propuesta plantea la necesidad de definir a los hijos de las mujeres que sufren violencia machista como víctimas, por lo que “serán destinatarios de la máxima atención y protección”. Por ello se recoge establecer unas pautas comunes de “atención individualizada” entre las comunidades autónomas.

En el ámbito de la docencia, se tiene la intención de incluir en el contenido formativo troncal de las especialidades médicas, las competencias genéricas relacionadas con el conocimiento de esta violencia. Concretamente plantea que los profesionales sanitarios tengan conocimientos sobre las diversas manifestaciones de la violencia psicológica. Respecto a la protección a víctimas de tratas, la Estrategia va a considerar delito los matrimonios forzados. Y se buscará reforzar la protección a colectivos desfavorecidos como personas con discapacidad o mayores de 65 años, inmigrantes y ciudadanos de entornos rurales.

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Por otro lado, el Gobierno pretende potenciar en Internet la atención del servicio 016 “garantizando la confidencialidad”, y contempla poner en marcha un servicio para liderar la atención telefónica a “escala europea”.

En la elaboración del texto han participado

las administraciones, entidades especializadas, asociaciones de mujeres representadas en el Observatorio Estatal, órganos competentes, comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y las unidades de violencia sobre la mujer. Moreno ha explicado que la propuesta se ha llevado a cabo por el consenso de todos los participantes, añadiendo que la lucha contra este tipo de violencia “no es un elemento de confrontación política”.