El Gobierno rebaja las previsiones de ahorro de la reforma local que remitió a Bruselas

Las cifras de la reforma local, una de las reformas estructurales clave del Gobierno de Mariano Rajoy, no cuadran. El denominado proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pasó esté viernes por la mesa del Consejo de Ministros rumbo al Congreso de los Diputados. Según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reforma prevé un escenario de ahorro de más de 8.000 millones de euros para el periodo 2013-2019 –8.024 millones según la referencia que puede consultarse en la página web de la Moncloa–. Se trata de una cantidad que difiere con la remitida por el Gobierno el pasado mes de abril a Bruselas en el denominado Plan Nacional de Reformas, el pasaporte que ha permitido al Ejecutivo de Mariano Rajoy contar con dos años más para el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Según figura en las páginas 23, 91 y 190 del mencionado documento, "el ahorro estimado" de la reforma local para el periodo 2014-2015, es decir para una horquilla de tiempo de dos años, es el mismo (8.000 millones) que ahora se pretende alcanzar en los siete años del periodo 2013-2019.

Ya hace una semana, según adelantó infoLibre, la reforma local se cayó del orden del día del Consejo de Ministros debido precisamente a que a la hora de matizar el texto para incluir algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado y modificar algunos de los puntos pactados en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las cifras no cuadraban respecto a lo remitido a Bruselas. A tenor de lo ocurrido este viernes, el Ejecutivo ha decidido reducir el impacto de esta medida.

Este diario intentó sin éxito, a lo largo de la tarde del viernes, obtener una explicación del Ministerio de Hacienda al respecto.

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La reforma local no ha sido fácil ni para el PP, que ha contado con la oposición de sus alcaldes a muchos puntos del texto, ni para el Gobierno, que ha visto cómo a medida que avanzaban las negociaciones se quedaba sin el apoyo del resto de los partidos. La gota que colmó el vaso fue un informe del Consejo de Estado del 2 de julio, que cuestionaba la constitucionalidad del texto.

En este momento, el Ejecutivo y el PP se lanzaron a defender su reforma y a restar peso al dictámen del Consejo de Estado. Pero no ocultaron que la ley seguía abierta y que habría tiempo para hacer hueco a las recomendaciones de la institución y las de los partidos de la oposición. Además, Hacienda se comprometió a transformar el coste estándar por el coste efectivo, lo que implica que se establecerán horquillas de coste de los servicios municipales (agua, iluminación, basuras, reciclaje, guarderías...) teniendo en cuenta criterios poblacionales –como dispersión o insularidad– y que con ello se evitará que los ayuntamientos pierdan competencias. Este viernes Montoro insistió en que, efectivamente, el coste estándar había sido eliminado.

Fuentes conocedores del contenido de estas negociaciones achacan principalmente a la supresión del coste estándar al desfase de cifras entre lo adelantado a Bruselas y la cifra definitiva que ha recibido la luz verde en el Consejo de Ministros.