El Gobierno rechaza la objeción institucional a la que pretende acogerse la Iglesia para no aplicar la Ley de Eutanasia en sus centros y hospitales, recordando que se trata de un derecho "individual, nunca institucional o corporativo". En respuesta por escrito a infoLibre, el Ministerio de Sanidad es contundente: "Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia".
Como ha publicado este periódico, un informe del Comité de Bioética, organismo público que asesora al Gobierno, defiende que los centros sanitarios dependientes de la Iglesia puedan ver reconocida una objeción "institucional" de conciencia a la Ley. Dicho informe considera incluso que el "ideario" de los centros se puede "imponer" a los trabajadores, y que además se debe establecer una "garantía" de que no pierden sus conciertos públicos [ver aquí]. El comité, que ya se posicionó en contra del derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco "instituciones religiosas" que trabajan en el sector sanitario.
El comité se expresa con total rotundidad a favor del derecho a la objeción institucional en el caso de las "comunidades, entidades, congregaciones y órdenes religiosas u otras organizaciones o instituciones seculares" con un ideario contrario a la eutanasia, y sólo admite que "pudiera ponerse algo más en duda respecto de las sociedades mercantiles". Además, defiende que las entidades religiosas deben poder seguir recibiendo dinero público y trabajando con conciertos.
La vocal Leonor Ruiz Sicilia emitió un voto particular en el que aprecia "incoherencias" en el informe, que "parecen tener un carácter finalista con el fin de reconocer derechos de protección a determinadas instituciones, al amparo de la figura de la objeción de conciencia". En cuanto a las entidades concertadas, "el tema es de mayor calado", recalca el voto discrepante: "Estas instituciones reciben recursos públicos y el conflicto se plantea entre el derecho [...] a que se respeten sus idearios institucionales y el derecho de la ciudadanía, que no las eligió, a recibir las prestaciones que la ley les garantiza". A juicio de Ruiz Sicilia, son necesarios contratos "claros, públicos y transparentes".
"Individual, nunca instititucional"
El Ministerio de Sanidad, que ya ha recibido el informe del Comité de Bioética, recuerda que se trata de "un órgano colegiado e independiente, cuyas propuestas y recomendaciones no son vinculantes". "Respecto al informe, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en la prestación pública-sanitaria de ayuda para morir es individual, nunca institucional o corporativo", señala el departamento dirigido por Carolina Darias (PSOE).
Sanidad se agarra tanto a la Ley de Eutanasia, que recibió luz verde del Congreso en marzo con el voto en contra del PP y Vox, como al manual de buenas prácticas aprobado en julio por el Consejo Interterritorial de Salud. Ambos documentos establecen que la objeción es un derecho individual. Sanidad, en su respuesta a este periódico, señala que el manual, previsto por la ley, fue "consensuado con las comunidades y ciudades autónomas y aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial". La objeción, añade Sanidad, "tiene carácter personal y no puede ejercerse por una institución, centro, servicio o unidad". "Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia", concluye.
La posición del Gobierno choca con las pretensiones de la Conferencia Episcopal, que en junio solicitó el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como "zonas libres de eutanasia". Este posicionamiento es significativo. La última memoria de la CEE cifra en 878 las "casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad" y en 69 los hospitales de la Iglesia, sumando casi 850.000 usuarios. Además, cinco agentes de peso en el mapa sanitario suscribieron también en junio un manifiesto de frontal rechazo a la aplicación de la norma. Presentándose como "instituciones religiosas dedicadas a la asistencia sanitaria", la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) declaraban su negativa a participar en la eutanasia. Sólo la Fundación Lares aglutina más de 1.000 centros y servicios.
La asociación Derecho a Morir Dignamente teme que la posición de la Iglesia, con un papel relevante en el mapa sanitario español, acabe dificultando el despliegue de la ley y que los trabajadores de los centros religiosos se sientan coartados. El temor del presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, es otro: que, si las instituciones religiosas perdieran espacio, lo ocupasen fondos de inversión y se deteriorase el servicio.
Críticas de PSOE, Unidas Podemos y Más País
Consultados por infoLibre, PSOE, Unidas Podemos y Más País expresaron este lunes críticas contra el informe. Si el referido a la eutanasia, de octubre de 2020, "contenía aseveraciones inadmisibles procedentes de un órgano asesor de este nivel por inciertas, si no directamente falsas", el publicado por el Comité de Bioética sobre la objeción "ha renunciado a cualquier esfuerzo argumental de veracidad y directamente es un compendio de declaraciones sobre las creencias personales de sus miembros", señala María Luis Carcedo, secretaria de Sanidad y Consumo del PSOE, en un artículo remitido a este periódico.
La exministra de Sanidad, clave en el impulso de la ley, critica que el Comité de Bioética abogue por la "objeción institucional de determinados centros sanitarios, propiedad de comunidades religiosas", mientras niega a sus trabajadores "la libertad de conciencia para optar a realizar la prestación de ayuda para morir".
"Buscan la argumentación para justificar la objeción institucional de las comunidades religiosas en su tradición histórica de hospitalidad, y en cambio advierten de los riesgos de las mayorías democráticas para lanzar sospechas de todo tipo sobre la capacidad de las Cortes para la aprobación de una ley orgánica", señala Carcedo. Y añade: "Nada que objetar al reconocimiento de los firmantes del informe sobre las bondades de las comunidades religiosas, pero todo que cuestionar a la descalificación de la toma de decisiones por las mayorías parlamentarias exigidas en cada acto de las Cortes, según mandata la Constitución".
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Unidas Podemos también recibió con desagrado el informe del comité. "Si las instituciones religiosas no respetan la ley, había que iniciar el camino para que los pacientes sean atendidos en estructuras sanitarias de gestión pública directa, que sí respeten sus derechos", señalan fuentes del grupo morado. "La decisión del Comité de Bioética de posicionarse acerca de esta cuestión es principalmente unilateral", añaden. "No se produce en el seno de ninguna conversación acerca de la ley, especialmente si tenemos en cuenta que la ley no contempla la objeción de las instituciones que se plantea en su informe".
Más País respeta el derecho individual a la objeción, recogido en la ley, pero no "una imposición que pueda ejercer un hospital sobre todos sus trabajadores". "Como ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la muerte digna está garantizado por ley, y es deber del Estado que la ciudadanía pueda acogerse a él tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados que reciben recursos públicos por concierto. Si reciben fondos públicos, tienen que ofrecerse los mismos servicios que en la sanidad pública", señala el partido de Íñigo Errejón.
Ni PP, que gobierna cinco comunidades, ni Vox, los dos partidos que han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, ni tampoco ERC se pronunciaron a requerimiento de este periódico sobre el informe del Comité de Bioética y sus posibles implicaciones.
El Gobierno rechaza la objeción institucional a la que pretende acogerse la Iglesia para no aplicar la Ley de Eutanasia en sus centros y hospitales, recordando que se trata de un derecho "individual, nunca institucional o corporativo". En respuesta por escrito a infoLibre, el Ministerio de Sanidad es contundente: "Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia".