El Gobierno recomienda al PSOE que pregunte por las inmatriculaciones de la Iglesia en los Registros de la Propiedad

El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene datos sobre el número de inmatriculaciones que se han producido en España a nombre de la Iglesia católica desde 2000. Ni a nivel general ni por comunidades autónomas. Se trata de "una cuestión ajena a sus competencias". Así consta en una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada socialista Zaida Cantera. 

"En relación con la información solicitada se indica que los datos referentes a las titularidades de dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles no se encuentran en la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, sino en los Registros de la Propiedad en cuya circunscripción radiquen los inmuebles, ya que los registradores de la propiedad son los únicos funcionarios que tienen facultad de certificar lo que resulte de los libros del Registro", responde el Ejecutivo en un documento que dio entrada en el registro del Parlamento el pasado 21 de marzo.

Según la justificación del Gobierno son la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario los que establecen que "la publicidad de estos datos deben proporcionarla los registradores de la propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes".

Fue el pasado febrero cuando la parlamentaria socialista reclamó al Ejecutivo el número de inmatriculaciones desde 2000, cuántas de estas habían sido realizadas en la Comunidad de Madrid y han sido o están siendo mantenidas con fondos públicos y las medidas que pensaba adoptar para cumplir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En diciembre de 2016, el TEDH condenó al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a Ucieza, empresa que en 1978 adquirió una finca de regadío que incluía un conjunto de bienes de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio desamortizado en el siglo XIX. En 1994, el obispo de Palencia inmatriculó algunos de los bienes al amparo de la Ley Hipotecaria. Esta legislación permitía inscribir bienes sin aportar título de dominio escrito. Fue reformada en 2015 por el PP.

En su respuesta a la diputada socialista, el Gobierno añade que de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 1º de la Ley Hipotecaria, "los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la ley". Así, subraya que se debe acudir "a la vía judicial y no a la administrativa si lo que se pretende es la declaración de nulidad de las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia católica".

La misma respuesta en dos meses

Similares argumentos dio Moncloa el pasado enero al senador de Compromís Carles Mulet. "La Iglesia experimentó un boom inmobiliario muy particular, sobre todo, a partir del año 2003. Una reforma de la Ley Hipotecaria en 1998 durante el Gobierno Aznar permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas. La Ley Hipotecaria concede al Obispo Diocesano, la categoría de funcionario público, para poder acreditar inmatriculaciones", consideraba el senador que, entre otras cuestiones, se interesó por los datos oficiales sobre los inmuebles que la Iglesia católica ha matriculado año por año, desde 1998.

"Está claro que el Gobierno no ha de tener directamente estos datos, pero sí que tenía mecanismos suficientes para obtenerlos, para actuar e investigar en un caso donde muchas entidades cívicas entienden ha habido un abuso y un posible usurpación de la titularidad", lamentó Mulet.

Varios colectivos urgen al Gobierno a publicar la lista de bienes de dominio público registrados por la Iglesia

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El paso del Ayuntamiento de Zaragoza

La semana pasada, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió iniciar los trámites legales para pedir la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia católica sobre la catedral de San Salvador –también conocida como Seo– y la iglesia de la Magdalena, convirtiéndose en "la primera corporación de derecho público" que acude a los tribunales con tal pretensión.

Pedro Santiesteve, alcalde de Zaragoza, subrayó en conversación con infoLibre que el consistorio va a requerir a la Iglesia, "para saber en base a qué tipo de documentación alegaron en su día esa posible titularidad del bien", y también al Gobierno central y autonómico, "para que tomen las medidas adecuadas". Santiesteve insistió en que la intención consiste fundamentalmente "en la cuestión formal de por qué, habiendo una legislación anterior a 1998 que prohibía la inmatriculación de vienes afectos al culto, se hizo esto de tapadillo".