Las principales formaciones políticas siguen presionando al Gobierno para que revise de una vez por todas el listado oficial de paraísos fiscales. La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados aprobó hace diez días con el voto a favor de PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos y la abstención del PP, una proposición no de ley (PNL) que insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a adoptar una nueva definición de paraísos fiscales teniendo en cuenta tanto "la falta de transparencia y de cooperación con otras administraciones tributarias" como el establecimiento de "niveles de tributación muy bajos o nulos" o "prácticas fiscales perjudiciales que garanticen reducciones sustanciales".
La iniciativa [consultar aquí en PDF], registrada por Unidos Podemos, también exige al Gobierno la elaboración de "un nuevo listado" de paraísos fiscales, que incluya "todas aquellas jurisdicciones que, aunque no tengan ámbito nacional, hayan adoptado un marco legal" que encaje en la nueva definición, y la confección de un régimen sancionador "amplio y exigente" con estos territorios y con "los agentes" que los utilizan "para ocultar capitales o desviar beneficios". "Es imprescindible tomar medidas para paliar el enorme daño que produce su cobijo en nuestra economía", completaban en la exposición de motivos.
No es la primera vez que la Cámara baja pide al Ejecutivo conservador una revisión de la relación oficial de centros financieros offshore. Además de la iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos, en lo que va de legislatura la Comisión de Hacienda y Función Pública ha dado luz verde a otras dos proposiciones no de ley en la misma línea. Peticiones que, hasta el momento, no han sido atendidas por Moncloa. infoLibre se puso en contacto con la cartera capitaneada por Cristóbal Montoro para conocer, sin éxito, por qué el Ejecutivo se resiste a actualizar la relación oficial de paraísos fiscales.
Tres peticiones durante la legislatura
Las exigencias de actualizar la lista de paraísos fiscales comenzaron incluso antes de que Mariano Rajoy fuera investido de nuevo presidente del Gobierno. El 25 de octubre de 2016, a tres días de que el Congreso de los Diputados pusiera fin a un bloqueo político que se había alargado ya diez meses, la Comisión de Hacienda aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos en la que se pedía al Ejecutivo, entre otros aspectos, una revisión del listado con el objetivo volver a incluir en él a "aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales".
El debate de la propuesta fue tenso. Mientras que la formación naranja utilizó su tiempo para presentar a los parlamentarios presentes su iniciativa parlamentaria, PSOE y Unidos Podemos cargaron con dureza contra el partido de gobierno. El diputado socialista José Javier Lasarte criticó el "componente bipolar" del PP al combinar la defensa de sus "políticas contra el fraude" con la puesta en marcha de la amnistía fiscal. "Pactar con el PP para aplicar medidas contra el fraude fiscal es como pactar la reforma del Código Penal con el LuteLute", aseveró el diputado de Unidos Podemos Segundo González.
A pesar del voto favorable del PP, la iniciativa no tuvo traducción práctica en la acción del Gobierno. Por ello, Ciudadanos volvió a presentar meses después una nueva PNL en la Comisión de Hacienda. En este caso, era mucho más completa. Además de pedir al Ejecutivo una evaluación de los acuerdos de intercambio de información firmados con otros Estados a fin de incluir en la lista a aquellos que no "colaboren efectivamente", le instaba a elaborar "normas" para que las entidades financieras tengan que informar sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales. En 2015, la banca española contaba con 14 filiales y 7 sucursales en "centros offshore".
El partido presidido por Albert Rivera aceptó casi todas las enmiendas planteadas desde el PSOE. Sin embargo, dejó fuera la propuesta de los socialistas de añadir una definición de paraíso fiscal que Unidos Podemos sí incluyó en la PNL aprobada ahora: "Se tendrá en cuenta a los países que establezcan niveles de tributación muy bajos, así como a los que lleven a cabo prácticas fiscales orientadas a favorecer la competencia a la baja entre los Estados. (...) En el mismo se incluirán también aquellas jurisdicciones que, aunque no tengan un ámbito nacional, hayan adoptado un marco legal que concuerde con los criterios reflejados en la definición".
"Hasta ahora, estas iniciativas parecen no haber tenido ninguna traducción práctica en la acción del Gobierno. Hoy esperamos que si esta iniciativa se aprueba tengamos más éxito", señaló durante el debate el portavoz socialista en la comisión, Julián López Milla. Crítica que también llegó desde Unidos Podemos. "Hay que tener en cuenta que las proposiciones no de ley son al final iniciativas que no tienen eficacia jurídica a no ser que el Gobierno tenga la benevolencia de aplicar la instancia que le hace el Congreso para que haga determinadas cosas", aseveró Segundo González, diputado del grupo de Podemos, que pidió "pasar de las palabras a los hechos y de las proposiciones no de ley a las enmiendas a las proposiciones de ley, que son las que tienen eficacia".
"No podemos ir solos"
La propuesta recibió luz verde con los votos favorables de Ciudadanos, PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís. PDeCAT y PP se abstuvieron. El partido de gobierno rechazó sumarse tras la negación de la formación naranja a aceptar la enmienda de modificación que habían planteado. Un texto que en ninguno de sus puntos recogía la revisión del listado. Durante su intervención en el debate, el parlamentario del PP Juan Bravo Baena explicó que el tema de los paraísos fiscales es necesario que se "armonice a nivel europeo": "Nosotros no podemos ir solos y por delante capitaneando algo que requiere de un acuerdo entre todos los países de la UE. (...) Les pedimos un poco de paciencia para ver cómo evoluciona".
La Unión Europea lleva varios años trabajando en la elaboración de una relación comunitaria de centros financieros offshore. Una lista que espera tener cerrada a finales de 2017 después de que los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho acordaran el pasado mes de noviembre los criterios a tener en cuenta para determinar qué Estados de fuera del bloque deben ser incluidos: nivel de transparencia fiscal, lo justa que sea su política impositiva y si implementa medidas contra la erosión de la base impositiva o la transferencia de beneficios. ¿Y los paraísos en suelo europeo? El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, lo dejó claro el pasado mes de mayo: no se confeccionará un listado de este tipo de jurisdicciones en el Viejo Continente.
Una lista creada en 1991
Las cifras que se han aportado en los últimos años sobre la utilización de los paraísos fiscales son alarmantes. Según estima el profesor de la London School of Economics Gabriel Zucman en su estudio Impuestos a través de las fronteras: seguimiento de la riqueza personal y las ganancias corporativas, la riqueza mundial oculta en 2013 en estas jurisdicciones ascendió a 7,6 billones de dólares. En el caso de España, la ONG Oxfam Intermon ha calculado, en su informe Una economía para el 99%, que la hacienda española deja de ingresar aproximadamente 1.550 millones de euros como resultado de la actividad canalizada a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo.
La UE aprueba una lista mínima de paraísos fiscales que deja fuera varias jurisdicciones 'offshore' europeas
El listado oficial español de jurisdicciones offshore se creó durante la tercera legislatura de Felipe González. A través del Real Decreto 1080/1991, España fijaba la existencia de 48 paraísosparaísos basándose en el principio de opacidad y en el intercambio de información, pero dejando de lado otros criterios definitorios como los niveles bajos o nulos de tributación y las prácticas fiscales perjudiciales. La lista, sin embargo, se ha ido reduciendo progresivamente después de que en 2003 se introdujera un nuevo artículo que permite sacar de la lista a aquellos que firmen con España "un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información".
Actualmente, se recogen un total de 33 jurisdicciones. Los acuerdos han permitido a un total de 15 países y territorios abandonar la relación oficial: Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino y Singapur.
Desde la entrada en vigor de la reforma fiscal de 2014, el listado ha dejado de actualizarse de forma automática. Tal y como recordó Hacienda en un informe de diciembre de 2014, las modificaciones tienen que hacerse desde entonces "de manera expresa" y teniendo en cuenta más criterios. Así, además de los convenios firmados con España, se tendrá en cuenta si el intercambio de información tributaria es efectivo y se prestará atención a los resultados de las evaluaciones interpares realizadas por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.
Las principales formaciones políticas siguen presionando al Gobierno para que revise de una vez por todas el listado oficial de paraísos fiscales. La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados aprobó hace diez días con el voto a favor de PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos y la abstención del PP, una proposición no de ley (PNL) que insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a adoptar una nueva definición de paraísos fiscales teniendo en cuenta tanto "la falta de transparencia y de cooperación con otras administraciones tributarias" como el establecimiento de "niveles de tributación muy bajos o nulos" o "prácticas fiscales perjudiciales que garanticen reducciones sustanciales".