El Gobierno subvencionará con 230 millones la compra de vehículos que emiten más CO2 que el objetivo impuesto por la UE

El Gobierno ha anunciado este lunes el llamado Plan de impulso a la cadena de valor de la Industria de la AutomociónPlan de impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción. Consensuado con los agentes sociales (patronal y sindicatos),  el programa cuenta con un presupuesto de 3.750 millones de euros, de los cuales 250 irán destinados a "la renovación del parque hacia uno más sostenible y eficiente". El Ejecutivo subvencionará con 20 millones de euros la adquisición de autobuses y vehículos industriales y el resto, 230 millones de euros, están destinados para que empresas y usuarios particulares cambien su viejo coche por uno nuevo, en una suerte de nuevo plan Renove. plan RenoveSin embargo, las organizaciones ecologistas, que no han participado ni en la elaboración ni en la presentación de las medidas, han criticado que se facilitará la compra de vehículos que emitan hasta 120 gramos de CO2 por kilómetro, cuando la Unión Europea exige a partir de 2020 que la media de los nuevos que salgan al mercado debe ser de 95 gramos/km. Ecologistas en Acción demanda que "los fondos públicos sean utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y a prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos", no a subvencionar a los combustibles fósiles. 

No ha sido la única organización ecologista de las cinco grandes que se ha posicionado en contra del plan de impulso del Gobierno. Greenpeace también lo ha hecho, con una visible campaña en plena Plaza de Neptuno (Madrid). Y les ha acompañado Equo, el partido ecologista, que ha hablado de "cesión ante el lobby automovilístico". Su coportavoz, Florent Marcellesi, defiende que el hecho del límite de 120 gramos "es una excusa para seguir vendiendo los vehículos diésel y gasolina que le sobran a la industria automovilística, pero que tanto dañan nuestra salud y el clima. Estas subvenciones millonarias a tecnologías del pasado son un regalo envenenado para hoy y para mañana". El límite de 95 gramos de la UE es, sin embargo, una media: los fabricantes están habilitados a vender vehículos que emitan más, siempre y cuando otras ventas de tecnologías más limpias lo compensen. 

Pancarta desplegada por Greenpeace en las inmediaciones del Congreso, junto a la fuente de Neptuno. | Greenpeace

La patronal de la industria, en cambio, está encantada. "Saludamos este Plan presentado hoy por el Gobierno de España, donde recoge muchos de los puntos necesarios para seguir desarrollando el sector del automóvil en nuestro país", ha dicho el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, en el acto de presentación. Lo que Equo llama "lobby automovilístico" lleva años reclamando ayudas gubernamentales y recelando ante las estrategias de movilidad sostenible, dada la caída sostenida de las ventas de nuevos vehículos de gasolina y, sobre todo, diésel. El golpe de la pandemia solo ha agravado un escenario ya desfavorable. 

"No se debe ayudar a la industria automovilística". Así de contundente, sin embargo, es la responsable de Transporte de Ecologistas en Acción, Nuria Blázquez. La activista reclama que el Gobierno "priorice los movimientos en bicicleta" y el transporte público, muy afectado por el miedo de sus usuarios a contagiarse en habitáculos cerrados. "Lo peor", para la activista, es "apoyar al sector de los combustibles fósiles", y "lo peor de lo peor" es subvencionar compras de coches que emiten más de 95 gramos de CO2 por kilómetro. "No tengo claro que esto sirva para que la gente no se quede en la calle", asegura, al ser preguntada sobre cómo, entonces, abordaría la pérdida de puestos de trabajo que implica la caída en desgracia de la industria automovilística, responsable del 10% del PIB español. "Depende de multinacionales extranjeras que toman sus decisiones al margen del Estado español" y, añade, "siempre están chantajeando". 

Para Ecologistas en Acción, en boca de Blázquez, lo ideal sería "un plan más a futuro" de transformación y recolocación para abordar "qué se hace con esta gente y esta industria" que, defiende, es más del pasado que del futuro. El Gobierno, a su juicio, evita con este plan una reforma estructural que aborde el problema de fondo: un futuro sostenible, compatible con un abordaje serio de la crisis climática, implica –sí o sí– menos vehículos privados. 

Tanto el Gobierno como la industria han repetido este lunes un argumento que ya se viene escuchando desde hace años: el verdadero problema no es tanto los motores de combustión, sino los coches antiguos aún en circulación, que emiten más tanto CO2 (causante del cambio climático) como dióxidos de nitrógeno y partículas (contaminantes que ensucian el aire que respiramos y afectan a la salud). Así, las subvenciones gubernamentales solo serán posibles si el comprador manda al desguace a su antiguo utilitario sucio. Anfac asegura que la "demonización" del diésel por parte de Transición Ecológica causa "incertidumbre" en los compradores, que prefieren mantener su coche viejo. Para Ecologistas en Acción y otras organizaciones, se trata de una media verdad: durante los últimos años se han popularizado con fuerza los todoterrenos ligeros o SUVs, coches por lo general muy pesados y poco eficientes que, aseguran, han sido los culpables de que las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos estén subiendo desde 2017. 

Transport & Environment, la coalición de grupos ecologistas europeos centrada en la movilidad y el transporte, ha celebrado, de hecho, la apuesta por el vehículo eléctrico que hace España con este plan, pero critica que los SUVs vayan a recibir dinero público cuando, entienden, su popularización supone un grave problema ambiental. Modelos como el Seat Arona o el Renault Captur son susceptibles de ser apoyados. "Dado que los fabricantes de automóviles tienen que cumplir con el objetivo de CO2 de la UE de 95 g/ km o pagar fuertes multas, nunca ha habido un peor momento para entregar subsidios públicos a tecnologías heredadas contaminantes. El Consejo de Ministros español, que está listo para aprobar el plan en breve, debe eliminar esta subvención", aseguran. Los todoterrenos ligeros, cifran, son los segundos contribuyentes al aumento global de emisiones de dióxido de carbono, principal causante de la crisis climática.

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Para Blázquez, solo se bajan de verdad tanto las emisiones de CO2 como de contaminantes atmosféricos si la sustitución se realiza por un vehículo eléctrico. Y aunque subvencione a vehículos emisores, la intención del Gobierno es promocionar con prioridad la compra de utilitarios 100% limpios. Los particulares podrán ahorrarse hasta 4.000 euros de la compra si optan por coches con etiqueta CERO. Además, según el documento difundido por el Ejecutivo, "se establece un límite superior de precio para los turismos de 35.000€ (que se eleva a 45.000 € en caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta CERO), lo cual permite poner el foco en un tamaño de vehículo mediano y pequeño, orientado por tanto a menores emisiones de CO2". 

Por otro lado, la compra de vehículos con el distintivo ambiental ECO (emiten, pero poco) y C (con tecnología de diésel y de gasolina), se beneficiarán de más ayudas si son más eficientes, según la clasificación energética del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). La subvención es de 800 euros en caso de coches o motocicletas tipo C pero más eficientes, y de 400 si lo son menos. Además, al margen de este plan Renove pero inserto en el mismo plan, el Gobierno ha presentado el nuevo Plan Moves, con 100 millones de euros (frente a los 45 millones de las ayudas de 2019), con el que se subvenciona solo a los eléctricos.

En definitiva, el Ejecutivo ha presentado este lunes una línea estratégica, más que un conjunto de líneas aisladas: el futuro pasa por seguir comprando coches, a ser posible eléctricos pero no exclusivamente, desde las clases altas a las bajas (las ayudas se incrementarán si los ingresos de la unidad familiar son menores a 1.500 euros/mes).