Una grabación muestra cómo Fomento ordenó alejar el 'Prestige' de la costa y rezar

Los abogados de Nunca Mais, que forman parte de la acusación en el juicio por la catástrofe del Prestige, han aportado al proceso las conversaciones entre el jefe del Centro de Coordinación Nacional de Salvamento, Padro Sánchez, y el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors. La grabación demuestra que López-Sors apostó por "coger" el barco y llevarlo "para fuera", es decir "hacia alta mar, hasta que se hunda". "Y no se me ocurre nada más que rezar", añade.

Nunca Mais también ha presentado las conversaciones de Pedro Sánchez con el director de Salvamento Marítimo, Javier Gárate, en las que este último asegura que la contaminación "no es grave y si no llega a tierra, menos". Por su parte, la Fiscalía ha hecho pública la primera llamada desde el Prestige, cuando el capitán, Apostolos Mangouras, solicitó el rescate: "Estamos a punto de volcar", trasladó al Centro de Salvamento de Fisterra. Sin embargo, poco después respondió que sólo recibía "órdenes" de su armador ante los requerimientos de que facilitase el remolque.

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En consecuencia, el Ministerio Fiscal se ha ratificado en su petición de 12 años de prisión para Mangouras como autor de un delito contra el medio ambiente y otro de daños en espacio natural protegido. Además, ha estimado los daños ocasionados a España en 4.328 millones de euros y ha reclamado una indemnización para la Xunta de 1,2 millones de euros por las 10.000 toneladas de vertido de fuel y que aún no se han tratado.

El resto de peticiones han sido inferiores: Nunca Maís ha solicitado 5 años y 6 meses de prisión para el capitán del buque naufragado y 5 años y un día para José Luis López-Sors, y la Xunta ha pedido 3 años de prisión para Mangouras y 18 meses de cárcel para el jefe de máquinas del Prestige. Por último, las representación de hasta 60 cofradías de Galicia, Asturias, Cantabria han pedido 8 años para el capitán y el jefe de máquinas del Prestige.

Al margen de las peticiones de cárcel, Estado considera responsables civiles subsidiarios al armador y al propietario del barco, y pide que se le abonen casi 1.000 millones de euros en concepto de gastos derivados del accidente. El juicio por la catástrofe marítima ocurrida en 2002 continuará a lo largo de esta semana en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).