Granados, Marjaliza y el presidente de la Diputación de León, separados en distintas prisiones madrileñas

El exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, detenido en la operación Púnica, ha sido trasladado desde la cárcel de Soto del Real a la de Estremera, mientras que el empresario David Marjaliza ha sido llevado a Aranjuez y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, a la de Navalcarnero.

Según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias, cuando hay muchos detenidos en una misma operación en un centro penitenciario se aconsejan los traslados por causas organizativas y de buen orden del establecimiento y más si, como en este caso, el juez considera a los arrestados miembros de una trama organizada.

No obstante, los tres siguen en prisiones de la Comunidad de Madrid, a disposición del juez instructor de la causa, Eloy Velasco. El magistrado de la Audiencia Nacional decretó el jueves el ingreso en prisión de Martínez y el viernes el de Granados y Marjaliza, a los que acusó de formar parte de una "organización criminal". Granados y Marjaliza son considerados los 'cabecillas' de la red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos desarticulada esta semana.

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En un auto dictado este viernes, el magistrado atribuye a Granados los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. A Marjaliza le imputa todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental.

Tras tomar declaración a los detenidos en la operación, el juez decretó prisión incondicional para siete personas: Granados, Marjaliza, el empresario Alejandro de Pedro, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez; el director comercial de la empresa Cofely en España, Pedro García; la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza.

Otras 13 personas fueron enviadas a prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 300.000 euros, entre ellos los alcaldes de Parla, Collado Villalba y Torrejón de Velasco.