El GRECO vuelve a instar a España a modificar el sistema de elección del CGPJ para garantizar la independencia judicial

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha felicitado a España por los "avances" desarrollados para cumplir las recomendaciones dadas para la prevención de la corrupción, pero ha vuelto a advertir de la falta de independencia judicial si no modifica el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El GRECO lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. La cuarta ronda está dedicada al estudio de los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

El 3 de enero de 2018 este grupo del Consejo de Europa publicó un informe que concluía que España no cumplía cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se habían cumplido solo parcialmente. Esto, sin embargo, suponía un progreso respecto a la evaluación que el organismo internacional realizó en el verano de 2016, ya que en aquel momento España solo había comenzado a aplicar cinco de los once consejos recibidos.

Ahora, el informe que se ha publicado este miércoles revela que España sigue incumpliendo una de las recomendaciones, en concreto la relativa a la "prevención de la corrupción respecto de jueces". El grupo de trabajo recomendó realizar una "evaluación del marco legislativo" que rige el órgano de gobierno de los jueces y sus "efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano respecto de cualquier influencia indebida, con vistas a subsanar las deficiencias detectadas".

El GRECO ve bien las "características positivas" introducidas en la legislación para "reforzar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas en los métodos de trabajo del CGPJ", como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que aprobó el Congreso de los Diputados en 2018. No obstante, avisa que hay que probar cuál es su "aplicación efectiva" en la práctica.

El talón de aquiles de la justicia

Aún así, insiste en que el "debate público sobre la percepción de la politización de la Justicia sigue siendo de actualidad" y que éste gira especialmente en torno al sistema de nombramientos del CGPJ, ya que mientras que la reforma de la LOPJ devolvió el carácter exclusivo a todos los vocales, no modificó el sistema de designación de éstos.

Recuerda que la propuesta de la Subcomisión de Justicia en el Congreso de los Diputados para que los doce miembros de origen judicial del CGPJ puedan ser directamente elegidos por sus pares fue rechazada por el Parlamento por un "estrecho margen" del 52 por ciento frente al 48 por ciento.

"Se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización", lamenta el informe, al mismo tiempo que recuerda que el cambio del sistema de elección de vocales es una de las principales demandas de las asociaciones de jueces.

De hecho, el informe destaca que la "debilidad fue especialemente aguda" en noviembre de 2018, cuando se filtró información sobre la intervención de los partidos políticos para elegir a los vocales y se dio a conocer el nombre del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como candidato a presidir el CGPJ. "Las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial", insiste el GRECO.

No se pone en duda la independencia de los jueces

Con todo ello, el grupo del Consejo de Europa recalca que "no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones", sino que lo que se pone en cuestión son las "estructuras de gobierno del Poder judicial" porque "tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país".

El GRECO ha alcanzado esta conclusión tras analizar las acciones que ha llevado España una vez conoció el informe de 2018 que asegura que el grado de cumplimiento de las recomendaciones era "en general insatisfactorio".

Así, las autoridades españolas informaron antes del 31 de diciembre de ese año del desarrollo de las nuevas actuaciones para prevenir la corrupción como la reforma del LOPJ, el impulso de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes o las actuaciones llevadas a cabo por las Cámaras para garantizar la transparencia de los bienes de los diputados.

En este nuevo análisis, el grupo de expertos concluye que España ha cumplido íntegramente otras dos recomendaciones: la adopción de un código de conducta para los jueces y de fácil acceso para el público y la ampliación del plazo de caducidad de los procedimientos disciplinarios seguidos contra jueces, que se incluyó en la LOPJ.

Autonomía de la Fiscalía

Así, señala que el grado de cumplimiento ya no es "insatisfactorio", pero indica que otras nueve recomendaciones siguen cumpliéndose parcialmente, como los mecanismos para garantizar que las comunicaciones entre el fiscal general del Estado y el Gobierno sean "transparentes" y "por escrito" para dotar al Ministerio Público de "mayor autonomía".

Sobre este asunto, aplaude que desde octubre de 2018 la Fiscalía General del Estado tenga su propio encabezamiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) –algo que no había ocurrido anteriormente– y toma nota del anteproyecto de modificación del Reglamento de la carrera fiscal.

Si bien, considera que la recomendación no se ha cumplido aún del todo porque, pese a que el Gobierno traslada por escrito todas sus comunicaciones con la Fiscalía General y éstas estén "disponibles en línea" en la web del Ministerio de Justicia, no se aborda específicamente en el reglamento la forma en la que se deben comunicar ambas instituciones.

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Por último, el GRECO, que también aconsejó que los parlamentarios informen públicamente de los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como ofrecer una serie de detalles sobre sus créditos financieros, celebra que en la anterior legislatura se alcanzara un acuerdo para mejorar el marco de integridad del Congreso de los Diputados y del Senado con la adopción de códigos de conducta.

Aún así, el Greco considera que esta recomendación también se ha cumplido "parcialmente" porque las normas internas de conductas tienen que ser puestas en práctica por los diputados y senadores que fueron elegidos en las últimas elecciones. Por ello, emplaza a España a enviar más información.

El grupo del Consejo de Europa da de plazo hasta el próximo 30 de junio para que España presente un informe sobre ésta y otras medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones pendientes.