Un grupo paramilitar y drones con destino Libia: la operación policial que acabó en un contratista de Defensa
Jueves, 18 de enero. Las luces de varios coches y furgones policiales iluminan un oscuro polígono industrial de Móstoles, una de las principales ciudades al sur de Madrid. De pronto, detienen su marcha frente a las verjas azules que delitiman el perímetro de la firma Star Defence Logistics & Engineering (SDLE). Al mismo tiempo, a casi 400 kilómetros de allí, un grupo de agentes de la Policía Nacional están prevenidos en el aeropuerto de València para arrestar a un ciudadano de nacionalidad libia. Arranca la Operación Costrada, desarrollada por la Comisaría General de Información y que se centra en el supuesto contrabando de drones y un sistema antidrón con destino al país norteafricano. Un Estado en conflicto y sometido a un estricto embargo internacional.
El caso, que se encuentra ahora mismo sobre la mesa del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, se cocinó a fuego muy lento. Su origen hay que buscarlo, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, en un requerimiento de asistencia judicial emitido por la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. En el marco de dicho auxilio judicial, la Comisaría General de Información recopiló una serie de "documentos empresariales" que invitaban a pensar que un libio residente en España podía estar "involucrado" en un delito de "contrabando" de "material tecnológico" –en concreto, drones– al país norteafricano. Y no dudó en poner esos hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En aquel oficio remitido al Ministerio Público, fechado el último día de marzo de 2022, el departamento que realiza labores de inteligencia dentro del Cuerpo Nacional de Policía especificaba que aquellos vehículos aéreos no tripulados habrían sido comprados en nuestro país por el investigado. Y llevados por él mismo al extranjero. Además, situaban como "destinatario final" de los mismos a una organización paramilitar con base en Libia: las Special Deterrence Forces (SDF). E informaban de que las pesquisas que se habían hecho en fuentes abiertas colocaban al sospechoso como uno de los portavoces de dicha organización, sobre la que pesan, completaban los agentes en su oficio, "sospechas de graves delitos contra las personas".
Un informe elaborado a finales de 2018 por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas situaba a esta milicia, integrada formalmente hace más de un lustro en el Cuerpo de Disuasión para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo por decisión del Gobierno de Consenso Nacional, detrás del centro de detención de Mitiga. Una cárcel en la que otra investigación de la ONU documentó tratos inhumanos. "Me torturaban hasta que perdía el sentido", es uno de los testimonios recogidos sobre dicho centro. "Estaba confinado con otro recluso en una celda de un metro cuadrado. Sólo teníamos una manta para dos, hacía mucho frío. [...] Estuvimos tres meses y medio sin salir", contaba otro.
Compras de drones y pagos desde el exterior
La Fiscalía, tras recibir el oficio, inició diligencias de investigación. Y pidió a la policía un nuevo informe relativo a las actividades relacionadas con las compras bajo sospecha, que fue entregado unos meses después. Fue entonces cuando el Ministerio Público interpuso una querella. El escrito, al que ha tenido acceso este diario, detallaba que el ciudadano libio había adquirido en una empresa ubicada al norte de la capital "tecnologías altamente sensibles": drones, "cámaras térmicas de altas prestaciones" y equipos asociados a los mismos –tarjetas, baterías o controladores de movimiento, entre otros–. El importe total de las compras de las que se tenía constancia, apuntaba la Fiscalía, superaba los 150.000 euros.
El investigado pagaba habitualmente "en efectivo". No obstante, algunas adquisiciones, relataba el Ministerio Público, fueron abonadas mediante una transferencia bancaria por parte de una mercantil belga que aportaba como correo electrónico "el de una web de servicios de taxi en Estados Unidos". Otras, desde una cuenta perteneciente a una compañía de Reino Unido. La querella, además, resaltaba la existencia de una "correlación" entre las compras realizadas y los viajes en avión del investigado a Turquía y Túnez. "En dichos viajes factura maletas y paquetes voluminosos de cierto peso. El 20 de agosto de 2022, el investigado facturó varias cajas con fotografías de drones en su exterior", sostenía la Fiscalía.
Los productos adquiridos, apuntaba el Ministerio Público en su escrito, están catalogados como material de doble uso –que puede ser dedicado tanto a uso civil como militar–. En este sentido, la ley que regula el comercio de armas y productos de este último tipo fija que "será requisito previo al otorgamiento de cualquier autorización administrativa" para poder realizar estas transferencias a otros países la inscripción en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. En su querella, la Fiscalía resaltaba que el ciudadano libio ni figuraba inscrito en dicha base ni había pedido "licencia" de "exportación/importación de material alguno" ante la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU).
A esto hay que añadir, además, las restricciones internacionales existentes para las exportaciones a Libia, un país marcado por los conflictos. El Reglamento 2016/44 del Consejo de la Unión Europea, por ejemplo, prohíbe "vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente" equipo que pueda ser destinado a la "represión interna" a cualquier persona, entidad u organismo sito en Libia o para su utilización en el Estado norteafricano. Entre el material susceptible de ser empleado para reprimir, el reglamento recoge, entre otros muchos, "equipos para visión nocturna, equipos térmicos de toma de imágenes y tubos intensificadores de imagen".
Una empresa de defensa
A partir de ahí se siguió tirando del hilo. Y los agentes llegaron también hasta una empresa ubicada en la localidad madrileña de Móstoles: Star Defence Logistics & Engineering. "Se han obtenido indicios sobre la exportación por parte de los investigados, a través de la compañía, de tecnología catalogada como material de doble uso sin haber obtenido previamente las preceptivas licencias de exportación expedidas por la JIMDDU", reza otro de los escritos aportados a la causa. Los investigadores pusieron sobre la mesa, entre otras cosas, un artículo publicado en una web especializada de defensa donde se recogía que un directivo de la firma confirmaba que la compañía había ganado un contrato para "dar protección con sus sistemas antidrón" a un gran aeropuerto internacional en África.
Además, destacaron la existencia de un vídeo en el perfil de YouTube de la compañía en el que se afirmaba que la empresa "estaba presente en más de veinticinco países. "Apareciendo un mapa de esas ubicaciones, entre las cuales se encuentra Libia", completaban los investigadores en uno de sus informes. En una nota de prensa emitida tras el estallido de la Operación Costrada, la Policía sostuvo que el sistema antidrón presuntamente exportado de manera ilegal con destino al aeropuerto de Trípoli, controlado por la milicia Special Deterrence Forces (SDF), estaría valorado en más de dos millones de euros. Este diario ha intentado recabar desde el jueves la versión de la compañía. Pero a cierre de esta edición no ha habido respuesta.
Star Defence Logistics & Engineering, que cuenta con más de dos centenares de empleados, nació hace algo más de una década. Y desarrolla una amplia gama de actividades. "Nuestra gran diversificación de productos y apuesta firme por el desarrollo tecnológico nos sitúa como líderes en la prestación de soluciones punteras en los mercados militar y civil", sostienen en su propia página web. De hecho, se definen como "uno de los proveedores principales" del sector de la defensa español y "líderes en países como Jordania". "Somos proveedor de las Fuerzas Armadas Españolas, así como proveedor oficial de la OTAN y Naciones Unidas", especifica la compañía.
Un vistazo a la Plataforma de Contratación del Sector Público da fe de ello. Solo durante el último año, esta firma asentada al sur de la capital se ha hecho, entre otros, con un contrato para los suministros de sistemas de carros de tracción ATEX para el movimiento de munición misil, otro para el mantenimiento de barracones y hangares de dotación en unidades de ingenieros del Ejército de Tierra, otro para el mantenimiento de vehículos militares BMR o uno para el mantenimiento de tarjetas, convertidores y elementos auxiliares del sistema antiaéreo Hawk. Una de las últimas adjudicaciones recibidas es para el mantenimiento de vehículos de detección de minas. Se formalizó pocos días después del estallido de la Operación Costrada.
Los contratos con el Ministerio de Defensa situaron hace no mucho a la compañía bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado julio, el organismo regulador impuso sanciones a cuatro empresas y seis directivos por repartirse, a través de dos cárteles, licitaciones del departamento que dirige Margarita Robles entre 2016 y 2021. Entre dichas firmas se encontraba Star Defence Logistics & Engineering, a la que multó con 3,3 millones de euros. Una sanción que ha sido recurrida por la compañía ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que en diciembre acordó suspender cautelarmente la multa impuesta mientras se dirime sobre el fondo del asunto: "Ha acreditado la parte recurrente que el pago le origina un perjuicio irreparable".
Una primera victoria en los tribunales que la compañía apenas tuvo tiempo de disfrutar. Un mes después, la policía entró en sus oficinas y detuvo a cuatro personas que ostentaban cargos en la misma, a los que se sumó el ciudadano libio. La jueza decretó prisión provisional para dos de los detenidos ante el riesgo de destrucción de pruebas. Ambos, según confirman fuentes jurídicas, se encuentran ya en libertad bajo fianza, con prohibición de salida y obligación de comparecencias. Mientras, la investigación continúa. Aún quedan, explican las fuentes, algunas diligencias por practicar. Y sobre la mesa, un posible contrabando a un país marcado por la guerra.
