La guerra del taxi según el color político

Los taxistas de Barcelona decidieron en la madrugada de este jueves, tras una larga votación, abandonar la huelga. Pero los de Madrid continúan con su protesta. En los dos últimos días el escenario de su lucha por la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que operan empresas como Uber o Cabify, ha sido fundamentalmente el recinto ferial de Ifema, donde este viernes se celebra la tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Se cumplen así cinco días de manifestaciones y cortes de carreteras que, este jueves, terminaron con al menos diez heridos y dos detenidos en la capital. 

Durante la huelga, la lucha también se ha trasladado de la calle a los partidos políticos. Algunos representantes han tomado partido en el conflicto, a favor del taxi o de las VTC, pero el debate político se ha centrado en buena medida en otro asunto: ¿de quién es la responsabilidad de resolver el conflicto? ¿Del Gobierno o de las comunidades autónomas? 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aprobó en el mes de septiembre un real decreto por el que se cedía la competencia de la concesión de las licencias VTC a las autonomías. Hasta ese momento, era el Gobierno el que tenía la autorización para hacerlo. Ese ha sido, precisamente, uno de los motivos de lo complicado de encontrar una solución. Por un lado, hay quienes exigen a los gobiernos autonómicos que regulen las licencias. Por otro, hay quienes reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no delegue sus responsabilidades y se haga cargo de la situación.  

El intento del Govern de hacer una normativa fue la chispa que hizo salir a la calle a los taxistas. No les gustó el texto, ni a ellos ni a las VTC. Pero al final el Ejecutivo regional cedió en las reclamaciones de los taxistas que, por ello, desconvocaron la huelga. Ahora, la pelota está en el tejado del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), dependiente del Ayuntamiento de Barcelona cuya intención, según confirmaron a infoLibre, es ceder un poco más a los taxistas y establecer que el tiempo que debe pasar entre que un usuario solicita un VTC y recibe el servicio sea de una hora. Pero en Madrid el problema no está, ni mucho menos, resuelto. Y los partidos políticos están divididos. 

  PP: El Gobierno "elude su responsabilidad"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se pronunciaba sobre el conflicto el mismo lunes, el día que comenzó la huelga en Madrid y el mismo en el que se cumplían tres días de la de Barcelona. Sin embargo, no quiso posicionarse a favor de un sector o del otro. Por un lado dijo que muchas de las reivindicaciones de los taxistas eran "justas" —"por qué no pueden circular todos los días de la semana o por qué no pueden salir del límite municipal de su licencia"—. Pero, por otro, aseguró que hay usuarios que quieren utilizar las "nuevas tecnologías" que ofrecen los vehículos de Uber o Cabify. Pero lo que sí dejó claro era quién es, a su juicio, el que ha provocado esta guerra: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dijo, así, que su Ejecutivo es un "cobarde" y que había dejado la patata caliente a las comunidades autónomas. Por eso, propuso volver a la legislación de los conservadores, que permitía la coexistencia de VTC y taxis.

Este mismo jueves repitió el mismo mantra: el Gobierno, dijo, es un "irresponsable". En esta ocasión, en cambio, con el desgaste de cuatro días de huelga, sí se posicionó y denunció que los taxistas hayan tomado de "rehén" a la ciudadanía, que no puede desplazarse, dice, con total libertad. Propuso, por ello, no "ceder a ningún chantaje" y permitir que los taxistas puedan operar todos los días, usar plataformas tecnológicas y salir de su ciudad. 

El portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato a la Alcaldía por el PP, José Luis Martínez-Almeida, lo repetía: la situación en la que se encuentra el sector del taxi "parte, en primer lugar, de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos que, en una cuestión de índole nacional, decidieron pegar una patada para delante". Pero este jueves delegó la competencia en otra institución: en el Ayuntamiento de Madrid. Así, puso en valor que "la Comunidad ha hecho un ejercicio de responsabilidad y que está encima de la mesa", por lo que planteó conocer, "más allá del cariño que Carmena tiene al sector del taxi", si va a plantear "una propuesta concreta". La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la única que se salió un poco del guión de los conservadores y pidió "diálogo y sensatez" ante una situación que tildó de "secuestro y colapso". 

  El PSOE y el Gobierno: la competencia es autonómica

Ante los ataques de la principal fuerza de la oposición, el Gobierno se defiende con lo evidente: según el decreto aprobado, ahora la competencia es autonómica, por lo que en ningún caso están llevando a cabo una dejación de funciones. Así lo dijeron este mismo jueves la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. La también ministra de Igualdad negó que el Ejecutivo "escurra el bulto" y, en este sentido, pidió "coraje" a las comunidades y a los ayuntamientos para "asumir su responsabilidad y el coraje de ponerse a resolverlo". Batet, por su parte, defendió que "es importante respetar siempre el marco competencial de nuestro país", según el cual son los gobiernos regionales los que deben poner fin al conflicto.

 

Un día antes, era el propio Ábalos el que se pronunciaba. Y lo hacía explicando que se muestra dispuesto a mediar entre el taxi y las VTC pero, a la vez, dejando muy claro que "no es problema nacional", sino que "está localizado" en Madrid y Barcelona y alguna otra gran ciudad donde operan las VTC. 

En el mismo sentido y el mismo día se manifestó el secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, que exigió al Gobierno de Ángel Garrido resolver el problema. "Somos conscientes de que tiene facultades, tiene las competencias y la obligación de resolver este problema que afecta a la movilidad de miles de madrileños", dijo. Por eso, "el único responsable de que el conflicto no se resuelva es el Gobierno de Garrido".

  Podemos: apoyo a los taxistas

Los dirigentes de Podemos siempre se han situado del lado del sector del taxi. Lo hicieron en protestas anteriores y lo han hecho en esta. La primera en hacerlo fue la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que este miércoles publicó un mensaje en su perfil de Twitter en el que aseguraba que la formación morada "está con el sector público del taxi y frente a los buitres que quieren precarizar el empleo y llevarse el dinero de los españoles a paraísos fiscales". "La función de un buen gobernante es defender el sector público", añadió. Además, en cuanto al conflicto competencial, aseguró —en una entrevista concedida a RNE— que el Gobierno ya hizo su parte con la aprobación del decreto de septiembre aunque, añadió, "todavía puede hacer cosas". 

 

La portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, criticó también que las firmas de VTC Uber y Cabify hayan "coaccionado o mandado mensajes de presión a las instituciones" —al asegurar que se irían de Cataluña si se aprobaba el decreto del Govern— después de haber "abusado" de trabajadores vulnerando sus derechos laborales y de haber eludido el pago de impuestos. Y denunció también que las administraciones públicas no se manifiesten en el mismo sentido. Pero la solución para ella no está en el Gobierno de Sánchez, sino en los autonómicos. "Creo que la Comunidad de Madrid, como la Generalitat de Cataluña, tienen que ser firmes, cumplir la ley y defender un servicio público como es el sector del taxi", concluyó. 

  Ciudadanos: por una "reconversión" del sector del taxi

Ciudadanos ha sido, junto al PP, la formación política que más ha criticado la huelga. El mismo lunes, de hecho, el día en el que comenzaron los paros en Madrid, fue el propio presidente del partido, Albert Rivera, el que se posicionó del lado de las VTC. Ese día, a su llegada a la madrileña estación de Atocha, el líder de la formación naranja era increpado por un grupo de taxistas, tras lo cual advirtió que su "agresividad" les perjudica. Además, defendió el derecho de los usuarios a elegir el medio de transporte que utilizan. "Sigo pensando hoy aún más que ayer que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran", apuntó.

 

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Pero tampoco eludió la discusión competencial. Y, en este sentido, se situó en el mismo punto que el PP. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Rivera pidió a Sánchez que no "escurra el bulto" y que actúe impulsando una "reconversión" del sector del taxi. ¿Cómo? Con una legislación nacional. Ni autonómica ni municipal. "Me parece un error que algo que va a ser votado a nivel europeo lo fragmentemos en 50 regulaciones locales y en 17 comunidades autónomas, es una locura que en unas comunidades se prohíba y en otras se amplíe", dijo. Y en esta misma línea, aseguró que, si en un futuro su partido gobierna España, se podría plantear una "tasa de reconversión" para que el Estado compense económicamente a los taxistas por aquellas cuestiones en las que "tienen razón".

Este jueves el debate se trasladó a otro ámbito. Sin perder el argumento de que la principal responsabilidad en la resolución del problema la tiene Sánchez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, aseguró que lleva "semanas proponiendo una mesa a cuatro con Comunidad, Ayuntamiento, taxi y VTC para que se llegue a un punto en común". En paralelo, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la ciudad, Begoña Villacís, criticó que Garrido quiera trasladar la responsabilidad al Consistorio. "Ya sólo falta que los ayuntamientos se lo pasen a los distritos y que los distritos se lo pasen a los barrios", denunció. En cualquier caso, al igual que los conservadores, los de la formación de Rivera pidieron la comparecencia de Ábalos en el Congreso porque, según dijo la portavoz adjunta, Melisa Rodríguez, el ministro "se lavó las manos y pasó la pelota de regular las VTC".

Las negociaciones en Madrid proseguirán después de que el Ayuntamiento y la Comunidad se hayan reunido este jueves en una mesa técnica para buscar una solución al conflicto. No obstante, los taxistas amenazan con redoblar su lucha si no se cumplen sus exigencias. De hecho, ya avanzaron este jueves que no descartan iniciar una huelga de hambre si la solución no llega.