En qué han cedido Sánchez e Iglesias para pactar los Presupuestos

"Moderadamente satisfecho". Así se definió el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras firmar el acuerdo con el Gobierno para presentar un proyecto conjunto para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Iglesias se felicitó por el que considera "un acuerdo bueno", pero admitió que tanto su formación como el Ejecutivo han tenido que "ceder" para evitar que se fuera al traste una negociación en la que llevaban meses embarcados y que se enquistó esta última semana. Y es que Unidos Podemos ha tenido que renunciar a propuestas como el impuesto a la banca o el salario mínimo a 1.000 euros, mientras que el Gobierno se ha visto obligado a abrir la mano en asuntos como la reforma del IPRF o las políticas de vivienda.

  1. Pensiones

Lo que pedía Unidos Podemos: Lo que pedía Unidos Podemos:Uno de los puntos del pacto que más han promocionado tanto Iglesias como el Gobierno es el que afecta a las pensiones. En su propuesta de cuentas presentada a finales de septiembre, la coalición morada consideraba "imprescindible" que las pensiones fuesen actualizándose anualmente "al menos, tanto como sube el coste general de la vida, calculado conforme al IPC", y señalaba que esta subida de las prestaciones debería elevarse "a rango de ley". "Además, es urgente que el Gobierno se comprometa a eliminar el factor de sostenibilidad", una medida aprobada en la reforma de las pensiones de 2013 que "puede reducir el poder adquisitivo de los y las pensionistas de manera brutal a medio plazo".

Lo que planteaba el Gobierno: El Ejecutivo ha dado algunos vaivenes en lo referente a la subida de las pensiones. Sánchez y su equipo han estado de acuerdo en elevar para el año que viene las prestaciones conforme a la inflación, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, dejó hace unos días patentes sus dudas sobre la conveniencia de convertir ese aumento en una obligación anual elevándolo a ley. "Sobre el asunto concreto de las pensiones, yo siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro, como, por ejemplo, la actualización de las pensiones al IPC", planteó Calviño, que afirmó que para garantizar la viabilidad del sistema también es necesario tener en cuenta aspectos como las variables demográficas, el empleo, el nivel salarial o el número de años cotizados. Apenas unos días después, la ministra rectificó y aseguró que no había "ningún tipo de discrepacia" en el Ejecutivo sobre el tema y que era "deseable" subir las pensiones con el IPC.

Lo que se ha acordado: Según se recoge en el acuerdo, se destinarán más de 1.000 millones de euros a subir la cuantía de las prestaciones: las mínimas y las no contributivas subirán un 3% en 2019 –lo que tendrá un coste de 384 millones de euros–, mientras que el resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene, para lo que se destinarán 704 millones de euros. Además, el acuerdo establece la necesidad de incorporar a la legislación la obligatoriedad por ley de la revalorización de las pensiones conforme a la inflación.

  2. Dependencia

Lo que pedía Unidos Podemos: La propuesta de la coalición pasaba por otorgar el año que viene la prestación a las más de 300.000 personas a las que el Estado se la ha reconocido pero que, pese a ello, no cobran ninguna cuantía. En el documento que hizo público Unidos Podemos en septiembre no se estimaba el coste de esta medida, pero la propuesta también venía recogida en la propuesta de presupuestos alternativos que planteó la coalición en enero, en contraposición a las últimas cuentas de PP y Ciudadanos. Entonces, el pago de las ayudas por dependencia tenía un coste estimado de 2.500 millones de euros.

Lo que planteaba el Gobierno: En las últimas semanas, el Ejecutivo no se ha pronunciado públicamente sobre su propuesta para financiar el sistema de dependencia. No obstante, Sánchez se comprometió hace unos días a aumentar la inversión estatal en esta partida para tratar de llegar al 50% de la financiación total del mismo (en la actualidad, el Estado únicamente paga el 14% de las prestaciones, por un 86% que corre a cargo de las comunidades autónomas).

Lo que se ha acordado: El pacto de Presupuestos incluye un fuerte impulso presupuestario a la dependencia, aunque la cantidad que se destinará queda lejos de la que planteaba Unidos Podemos: frente a los 2.500 millones que planteaba como necesarios la coalición, el acuerdo contempla aumentar la partida en 515 millones de euros.

  3. Mercado laboral

Lo que pedía Unidos Podemos: La alianza liderada por Pablo Iglesias exigía derogar la reforma laboral de 2012, aprobada por el PP, y también acabar con las condiciones que establecía la norma de 2010, puesta en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, Unidos Podemos planteaba subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros mensuales ya en 2019, y también pedía recuperar el subsidio de desempleo –que se cobra una vez agotada la prestación contributiva– a partir de los 52 años.

Lo que planteaba el Gobierno: En la oposición, la intención del PSOE era acabar con la reforma laboral de 2012. Pero el pasado junio, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció que el Ejecutivo se limitaría a "retocar una serie de temas con consenso político y social" habida cuenta de la debilidad parlamentaria del Gobierno. No obstante, hace unos días los socialistas afirmaron que derogarían la "parte más lesiva" de la reforma laboral, y además remitieron a Podemos la propuesta de subir el salario mínimo a 850 euros mensuales en 2019.

Lo que se ha acordado: Unidos Podemos y el Gobierno han acordado que las horas extraordinarias vuelvan a cotizar a la Seguridad Social y acabar con los puntos más "lesivos" de la reforma laboral de 2012 –"particularmente en materia de negociación colectiva", donde se ampliará "el régimen de no caducidad del convenio colectivo" a su finalización–, si bien no se ha acordado la derogación completa de la norma. El salario mínimo, además, crecerá hasta los 900 euros mensuales, y se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

  4. Reforma fiscal

Lo que pedía Unidos Podemos: La coalición morada afirmó desde el principio de la negociación que quería negociar un proyecto de Presupuestos acompañado de otro para abordar una reforma fiscal. Y, en este sentido, Unidos Podemos propuso la creación de un impuesto extraordinario a la banca, otro que gravase las transacciones financieras y un tercero a las eléctricas, además de una tasa extraordinaria a las grandes fortunas. De igual forma, la propuesta de la coalición incluía el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades –un 20% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos– y la subida del IRPF a las rentas superiores a los 60.000 euros anuales –posteriormente la cifra subió a 120.000 euros–, y exigía acabar con la exención del IBI a la Iglesia.

Lo que planteaba el Gobierno: El Ejecutivo estuvo de acuerdo desde los inicios de la negociación en la necesidad de establecer un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades. Pero no ocurrió lo mismo en el caso de la tasa extraordinaria a la banca, que Sánchez rechazó pese a haberla defendido en la oposición, y tampoco en el del IRPF, que el Gobierno planteó elevar únicamente para aquellas personas con ingresos a partir de los 140.000 euros anuales.

Lo que se ha acordado: El proyecto de cuentas públicas para el año que viene contempla la implantación de un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades que no afectará a las pymes, y que ascenderá hasta el 18% para "las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos". No habrá impuesto extraordinario a la banca ni a las eléctricas, pero las empresas que facturan menos de un millón de euros al año verán rebajada su tributación del 25% al 23%.

Asimismo, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado una subida del 1% en el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, y la puesta en marcha de un impuesto sobre las transacciones financieras "consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero". El IRPF también sufre cambios: se incrementarán en dos puntos los tipos para los contribuyentes con rentas superiores a los 130.000 euros anuales (pasarán al 47%) y se crea un nuevo tramo para gravar con un 51% a quienes ingresen por su trabajo más de 300.000 euros al año. Además, los productos de higiene femenina pasan a estar gravados con un IVA del 4% (en lugar del 10% actual), y los servicios de veterinaria pasan al tipo del 10% desde el 21% en el que se encuentran actualmente.

  5. Vivienda

Lo que pedía Unidos Podemos: La coalición morada exigía establecer un "tope a las subidas abusivas" del alquiler y forzar a los "grandes propietarios" de vivienda –especialmente a la banca– a "sacar sus pisos al mercado a un precio accesible", según planteaba hace unos días en un documento interno. Asimismo, se planteaba la necesidad de aprobar la "cesión obligatoria" de las viviendas de la Sareb y que se ceda "el usufructo" de las viviendas pertenecientes a "grandes tenedores" para que se pongan en alquiler, la ampliación de la duración mínima de los contratos de arrendamiento o la ampliación del parque de vivienda para alquiler social. Unidos Podemos exigía destinar 1.000 millones de euros de los Presupuestos a políticas de vivienda.

Lo que se ha acordado: El Gobierno y Unidos Podemos se comprometen en el pacto a "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas" dando a los ayuntamientos la capacidad de regular excepcionalmente los precios en una zona concreta de su localidad. Ambos actores también han acordado incrementar hasta los 630 millones de euros el presupuesto dedicado a políticas de vivienda e impulsar "reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio".

Si los Presupuestos llegan a aprobarse, los contratos de alquiler para personas físicas volverán a tener una duración de cinco años –después de que el PP la rebajara a tres–, y se limitará por ley la fianza que los arrendadores pueden exigir al arrendatario hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. Por otra parte, el Gobierno y Unidos Podemos se comprometen igualmente a aumentar en los próximos cuatro años en un total de 20.000 el número de "viviendas en alquiler a precios asequibles", y ofrecerán incentivos económicos a la "rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles".

  6. Derechos civiles

Lo que pedía Unidos Podemos: En su propuesta para los Presupuestos, Unidos Podemos también incluía medidas que trascendían las cuentas, y la más señera consistía en "derogar las leyes mordaza y eliminar los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona". Además, hace meses que la coalición morada planteó una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional, cuya principal propuesta era la de cambiar el sistema de reparto D'Hondt por el Sainte-Laguë.

Podemos advierte al Gobierno que la negociación de los Presupuestos con otras fuerzas no puede afectar a las medidas pactadas

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Lo que planteaba el Gobierno: El Ejecutivo también estaba de acuerdo en "derogar" la conocida como ley mordaza, y así lo anunció el mes pasado Pedro Sánchez en el acto de balance de sus primeros cien días de Gobierno. "Vamos a avanzar en derechos, derogando la ley mordaza porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión", señaló entonces el dirigente socialista, cuyo partido, no obstante, rechazó hace meses apoyar una reforma electoral para aumentar la proporcionalidad del sistema.

Lo que se ha acordado: Finalmente, la ley mordaza no se derogará, pero sí que se modificará "tomando como base la iniciativa registrada" en el Congreso por el PNV hace meses. La intención del Gobierno y Unidos Podemos es garantizar el derecho de reunión aun sin comunicación previa, limitar las competencias de la policía para cachear a manifestantes o reducir la cuantía de las multas y los supuestos por los que pueden aplicarse. Asimismo, se plantea la "restricción del ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial, las que se realizan en la vía pública".

La ley electoral también se modificará, aunque únicamente para hacer retoques en la misma. "El objetivo", afirma el texto, es "acabar con las trabas del voto rogado de las españolas y españoles en el exterior", y en la reforma también se planteará la posibilidad de establecer "listas cremallera" y de realizar en cada convocatoria electoral un buzoneo conjunto para ahorrar recursos al erario público. Y, además, "se modificarán los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona".