Historia de un desencuentro: los 'vetos' de Madrid a la Policía catalana

Tras los atentados de Barcelona, la coordinación entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central está siendo fluida, pese a la polémica que generó que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, diese por "desarticulada" la célula yihadista autora del ataque el sábado cuando la investigación aún seguía abierta y el autor material del atropello de las Ramblas estaba huido. Fuentes conocedoras del asunto se atreven incluso a calificar de "perfecta" la colaboración entre Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra durante estos días. Pero, en los últimos años, la tónica habitual ha sido la contraria: hasta el pasado julio, el órgano entre el Estado y la Generalitat para cuestiones policiales llevaba ocho años sin convocarse, y hasta la misma fecha los Mossos d'Esquadra no han tenido presencia en el principal órgano de coordinación antiterrorista estatal.

Tuvieron que pasar un total de 8 años, 4 meses y 7 días para que el Estado y la Generalitat consiguieran ponerse de acuerdo y celebrar, el pasado 10 de julio, la Junta de Seguridad de Cataluña, un órgano pensado para coordinar el papel de los Gobiernos autonómico y central con respecto a los asuntos policiales. La reunión, además, se celebró tras un tenso tira y afloja, ya que desde un principio las repetidas peticiones de la Generalitat recibieron la negativa de Zoido, que aseguró que no se daba el "clima de confianza" necesario entre ambas administraciones para convocar la mesa. Tras este choque, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fijó unilateralmente la fecha de la reunión y Zoido se avino finalmente a asistir.

En esa Junta de Seguridad del pasado julio, Estado y Generalitat acordaron que los Mossos d'Esquadra tuvieran presencia tanto en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (Citco) como en la Mesa de Evaluación del riesgo terrorista. El primero de estos órganos, según explica Interior –de quien depende–, fue creado en 2014 y se dedica a la "recepción, integración y análisis de toda la información estratégica disponible referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos", y en él se establecen las "estrategias" para combatirlos y se coordinan "los criterios de actuación" entre los diferentes organismos, tanto españoles como europeos. La segunda de las entidades sirve para fijar el nivel de alerta antiterrorista en España, y tuvo su última reunión el pasado sábado.

Hasta julio, los Mossos no tenían una presencia fija en estas instituciones y sólo acudían a sus reuniones cuando eran invitados expresamente. Su inclusión en ambos organismos vino precedida de la de la Ertzaintza, que se unió en junio tras una reunión de Zoido con la consejera de Interior vasca, Estefanía Beltrán de Heredia. En ese encuentro, Zoido y Beltrán de Heredia también acordaron que la Ertzaintza tendría acceso a las bases de datos policiales y de inteligencia antiterrorista europeas.

Pero, pese a que Interior y la Generalitat se reunieron apenas un mes después, el Gobierno catalán no consiguió que el Estado diera inmediata luz verde a que los Mossos también se integraran en estas redes de información, aunque sí a estudiar el tema. Acceder a las bases de datos europeas es una reivindicación clásica de las fuerzas policiales catalanas, y en la Junta de Seguridad de julio el entonces consejero de Interior, Jordi Jané, aseguró que se había alcanzado un "compromiso político" para que así fuera. No obstante, de la reunión únicamente salieron constituidas dos grupos de trabajo para "atar" los "flecos" pendientes, según señaló Zoido.

La posibilidad de poder continuar una persecución policial a un sospechoso pese a que este traspase la frontera del territorio catalán con Francia también es una petición de los Mossos que viene de antiguo, si bien en la reunión de la Junta de Seguridad únicamente se acordó constituir un grupo de trabajo para estudiar la inclusión del cuerpo policial catalán en el convenio que regula esta facultad. No obstante, fuentes nacionalistas aseguraron a infoLibre que, en la reunión del pacto antiyihadista celebrada este lunes, Zoido se comprometió a dar cumplimiento a estas dos reivindicaciones "en un plazo corto, unas semanas". PDeCAT y ERC, que acudían por primera vez a este órgano, tenían este asunto entre sus peticiones.

¿Significa esto que la policía catalana no tienen acceso ahora mismo a las bases de datos europeas para combatir el terrorismo y el crimen organizado? No, pero lo cierto es que para hacer uso de ellas deben seguir un procedimiento farragoso. Según explican las fuentes consultadas por este diario, "se trabaja en salas de coordinación en las que hay un policía nacional o un guardia civil" con acceso a estas redes y un mosso, que recibe las peticiones de sus compañeros y puede solicitar la consulta de la información. "Pero por ejemplo, en asuntos de crimen organizado, cuando se para un coche en la carretera" y se tiene que consultar la información sobre él "cada minuto es precioso", recalcan estas fuentes.

Este diario se puso en contacto con el Ministerio del Interior para conocer su punto de vista sobre la coordinación entre las fuerzas policiales del Estado, así como para obtener detalles sobre el tipo de información que se comparte en el Citco y para conocer la vía por la cuál las policías autonómicas pueden intercambiar información con cuerpos policiales extranjeros. Interior no ofreció ninguna respuesta. 

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Choque por el número de efectivos

El Estado y la Generalitat –y también entre el Estado y el Gobierno vasco– también han mantenido desencuentros relativos al aumento de efectivos en los Mossos y la Ertzaintza, un asunto que también se discute y se acuerda en las Juntas de Seguridad que estuvieron años sin reunirse. El pasado mes de junio, el diputado de ERC Gabriel Rufián tachó de "miserable" a Zoido por "vetar la convocatoria" de 500 plazas para el cuerpo policial catalán, a lo que el ministro del Interior respondió que Cataluña había "superado con creces la tasa de reposición fijada" para los funcionarios.

De la misma forma, en junio de 2015, el diputado del PNV Aitor Esteban criticó que el Gobierno, a su juicio, torpedeaba a la Ertzaintza "recurriendo insistentemente sus convocatorias de oferta pública de empleo" y asegurando que el Gobierno vasco únicamente quería mantener estable el personal de la policía autonómica. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respondió entonces que el Ejecutivo no tenía "ningún ánimo de conflicto" con Euskadi y criticó que el PNV estaba "buscando un conflicto" dada la cercanía de las elecciones generales.