El historial poco ejemplar del empresario a quien investigaba la jueza Victoria Rosell

Quince minutos después de que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, inaugurara las jornadas, Miguel Ángel Ramírez, presidente y fundador de Seguridad Integral Canaria, tomaba la palabra para explicar a un centenar de alumnos del instituto de FP Cruz de Piedra de Las Palmas cómo se forja un emprendedor. Ramírez, en efecto, empezó de lavacoches y hoy dirige una veintena de empresas con 7.000 empleados repartidos por toda España. La charla era una más de las programadas en la Semana del Emprendimiento, donde el presidente del grupo Ralons y de Seguridad Integral Canaria compartió público el pasado noviembre con el alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo (PSOE), la consejera de Educación canaria, Soledad Monzón (CC), el presidente de la patronal canaria, Agustín Manrique de Lara, y el director general del Servicio Canario de Empleo, Alejandro Martín.

Ramírez es el empresario al que investigaba por fraude fiscal y a la Seguridad Social la jueza Victoria Rosell, en excedencia desde el pasado octubre para presentarse en las listas de Podemos. Y fue Ramírez quien firmó un contrato de 300.000 euros con la pareja sentimental de la jueza, Carlos Sosa, para alquilar una frecuencia de radio de Clan de Medios, empresa propiedad de este periodista. Con ella pretendía que siguiera en el aire UD Radio, la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas, que preside desde 2005. La Fiscalía debe dilucidar ahora si Victoria Rosell debió abstenerse de instruir la causa contra Miguel Ángel Ramírez porque su pareja estaba negociando un contrato con el empresario mientras ella le investigaba. Ya antes el Ministerio Público se había quejado de los retrasos en la instrucción del caso, que comenzó en enero de 2014.

Rosell niega que haya cometido delito alguno –alega que el contrato se firmó 13 días después de que pidiera la excedencia– y ha acusado al ministro de Industria de estar “detrás” de las acusaciones contra ella. José Manuel Soria ha respondido presentando una querella por injurias y calumnias contra la jueza. A lo largo de los últimos años, Carlos Sosa, que es director de Canarias Ahora, un medio asociado a eldiario.es, se ha cruzado varios pleitos judiciales con el ministro canario. Para cerrar el círculo, Soria, alcalde de Las Palmas durante ocho años antes de presidir el Gobierno insular, también se cuenta entre las numerosas relaciones políticas de Miguel Ángel Ramírez.

Pues bien, a los alumnos del instituto de FP Cruz de Piedra dueño de Ralons les aseguró que lo más valioso para un emprendedor no es el dinero, sino “tener una idea y la valentía necesaria para arriesgar todo por hacerla realidad”. También les detalló sus progresos desde que fundó su primera empresa, Canarymundi, en 1991. Pero lo que no les contó fue su historial judicial, que incluye imputaciones por cohecho, estafa, apropiación indebida y fraude fiscal y a la Seguridad Social. También una condena a tres años de cárcel por delito urbanístico y un indulto parcial del Gobierno posteriormente anulado por el Tribunal Supremo.

Conflictos laborales

Tampoco les explicó los variados conflictos que mantiene con sus trabajadores. El Tribunal Supremo está a punto de dictaminar la validez del convenio colectivo de Seguridad Integral Canaria, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en 2013. El fiscal ya ha emitido un informe que confirma la sentencia del TSJC. El empresario pretendió descolgarse del convenio estatal del sector y convertir en un convenio de empresa el acuerdo que firmó para ello con sólo una parte del comité –una Plataforma Independiente–. Ese convenio eliminaba pluses de nocturnidad, festividad, Nochebuena, Fin de Año, transpote, vestuario… congelaba el salario y difería su pago a los 10 primeros días de cada mes, entre otros recortes. Los vigilantes de Seguridad Integral Canaria cobran menos que los de las empresas amparadas por el convenio estatal del sector: unos 890 euros netos al mes. El TSJC, y el fiscal del Supremo coincide con él, dictaminó que ese acuerdo ni era un convenio ni la negociación había sido tal ni la empresa había actuado de buena fe en ella.

Además, si Miguel Ángel Ramírez está imputado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social se debe a que, según el sindicato USO, que le denunció, pagaba a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evitaba tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social por las primeras. Las segundas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones.

El rey del concurso público

Con este ahorro en costes salariales, Ramírez conseguía presentar las ofertas más bajas en los numerosos concursos públicos a los que se presentaba. Y ganarlos. Porque el catálogo de las adjudicaciones que han caído en sus manos, tanto en Canarias como en la Península es largo. Ni su condena por delito urbanístico a tres años de cárcel – ni el resto de sus imputaciones– le han impedido ganar contratos públicos. En Canarias se encarga de la vigilancia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y acaba de conseguir la construcción y posterior explotación, durante 35 años, de una nueva residencia universitaria en Las Palmas por ocho millones de euros.

En la Península, se encarga desde 2011 de la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios de Madrid, así como de los 127 edificios del Ministerio de Defensa –32 millones de euros en dos años prorrogables por otros tantos–. También son suyos buena parte de los vigilantes del Metro de Madrid, a quienes estuvo a punto de aplicarles un despido colectivo en septiembre de 2014. Además, vigila edificios propiedad de Patrimonio del Estado como el Palacio Real o el Palacio de El Pardo, instalaciones de AENA, la Tesorería de la Seguridad Social o la Delegación del Gobierno en Madrid.

Precisamente, Seguridad Integral Canaria es una de las 13 empresas imputadas por cohecho en el llamado caso Kpanda, los supuestos pagos de esos contratistas a dos tenientes coroneles a cambio de información sobre las licitaciones abiertas por el Ministerio de Defensa. Un juez canario también lo ha imputado por estafa y apropiación indebida, por falsear las facturas que expedía a AENA por la seguridad del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur: le acusa de aumentar el número real de vigilantes para facturar más horas de las que realmente se trabajaban.

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De Soria a Rato

Cuando Ramírez fue indultado por el Gobierno, pese a los informes en contra del fiscal y del juez, salieron a la luz sus relaciones con el PP. Una empresa en la que figuraba como apoderado y propietario del 0,5% del capital, Gestiones y Asesoramientos 3000, apareció como donante del partido de Mariano Rajoy: 100.000 en 2010 y 50.000 euros en 2011. Pero ya antes sabía cómo manejar sus conexiones políticas. El Cabildo de Gran Canaria firmó un acuerdo de patrocinio con la Unión Deportiva Las Palmas en 2006 por el que se comprometía a pagar al club de fútbol de Ramírez 1,6 millones de euros anuales durante 20 años. Entonces presidía el cabildo José Manuel Soria.

En julio de 2011, cuando salió a Bolsa Bankia, se publicitó en los medios canarios que el dueño de Ralons se había convertido en sólo tres días en “el máximo accionista canario” de la entidad financiera. Quizá por un motivo sentimental: la Caja Insular de Ahorros de Canarias era una de las cajas integradas en el ahora banco nacionalizado. O quizá no tanto: Miguel Ángel Ramírez fue el primero en fotografiarse con el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato.