La hoja de ruta del Gobierno para sacar a Franco del Valle de los Caídos antes de fin de año

En un primer momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que lo haría en el mes de julio. Después, la vicepresidenta, Carmen Calvo, afirmó que se retrasaría, pero que la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos sería una realidad "antes de final de año". La medida fue anunciada a mediados del pasado mes de junio, cuando el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, afirmó que su partido estaba trabajando para convertir en realidad lo que antes de la llegada de los socialistas a la Moncloa era sólo una propuesta: modificar la Ley de Memoria Histórica para que el cadáver del dictador salga del mausoleo fascista en el que lleva enterrado 43 años. 

Y así lo hicieron. Casi un mes y medio después, el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley que reforma la normativa aprobada en el año 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por el cual se permite proceder a la exhumación. Esta fórmula, precisamente, fue la que levantó las críticas de PP y Ciudadanos, que criticaron duramente el carácter de urgencia que el Ejecutivo estaba dando a la medida. "Es urgente hacerlo porque vamos tarde, es urgente escuchar lo que han dicho las Cortes en dos ocasiones, es urgente escuchar a la ONU y a los expertos", contestó Calvo. Se refería así al informe elaborado en 2014 por el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff. En él, el experto vinculó la presencia del dictador en el Valle de los Caídos con la exaltación del franquismo y con las dificultades de consagrarlo como lugar en favor de la paz y la reconciliación. 

Esta situación está ahora más cerca que nunca de revertirse. Pero, ¿cuándo exactamente? El Gobierno afirma ahora que antes de la llegada de 2019. El motivo del retraso de la fecha inicial anunciada por el Ejecutivo tiene que ver con los pasos previos necesarios para llevar a cabo la exhumación. Por un lado, los puramente políticos –prácticamente resueltos– y, por otro, los administrativos. Según ha comprobado infoLibre, si todos ellos se llevaran a cabo en el plazo establecido a priori por los socialistas, los restos del dictador podrían estar fuera del Valle de los Caídos en el mes de noviembre. 

  Vía política

Los pasos previos políticos y administrativos son paralelos, por lo que no dependen unos de otros. Pero, eso sí, son igual de vitales para hacer efectivo el decreto ley aprobado por el Gobierno. En primer lugar, será el Congreso de los Diputados el que tendrá que ratificarlo. En principio, y salvo sorpresa, saldrá adelante, pues Sánchez cuenta con los mismos apoyos que le valieron para aprobar la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa.

El único grupo que faltaba por confirmar era ERC que, finalmente, dará un sí al Ejecutivo. Los republicanos catalanes anunciaron en un primer momento que su voto dependería de que el Gobierno estuviera dispuesto o no a anular las sentencias de muerte de los tribunales franquistas. En este sentido, el decreto aprobado aborda específicamente la necesidad de que el Gobierno se comprometa a "constatar la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos", y por ende a estudiar "la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana". Por tanto, y según anunció el portavoz de la formación en la Cámara Baja, Joan Tardà, votarán a favor. 

PP y Ciudadanos, por su parte, optan por la abstención. Los de Rivera continúan en el argumento de que su posición se debe a su discrepancia con el carácter de urgencia. Los de Casado, por su parte, también critican la fórmula –acusan a los socialistas de "abusar" del decreto ley–, aunque también apuntan a que la medida es tan solo una cortina de humo que pretende tapar la "incapacidad para gobernar" de Sánchez.

En cualquier caso, todo apunta a que el decreto no se encontrará con ningún obstáculo político. El plazo para el debate y votación del decreto en la Cámara Baja es, según el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de 30 días desde su promulgación, es decir, 30 días desde el pasado 26 de agosto, un día después de su publicación en el BOE, que es cuando entró en vigor. Por tanto, el decreto estará aprobado en la última semana de este mes de septiembre. 

  Vía administrativa

La vía administrativa es la vía más costosa y la que, si no se cumplen los plazos, podría retrasar la exhumación. Según anunció Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el decreto, la familia Franco tiene 15 días para decidir cuál será el destino de los restos del dictador. "En dicho plazo, los familiares podrán comunicar el destino que desean para los restos mortales, indicando el lugar de reinhumación. Para ello, deberán aportar dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias", explica el Ministerio de la Presidencia. Si no lo hacen, será el Gobierno el que acuerde a dónde se trasladará el cadáver. 

Los 15 días comenzaron el pasado viernes 31 de agosto con un Acuerdo de incoación aprobado por el Consejo de Ministros. Desde ese momento, comenzó a correr el reloj. Si se cumple este plazo, el próximo 14 de septiembre tendría que conocerse el destino de los restos. No obstante, Francisco Franco y Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco, anunció este lunes que la familia del dictador recurrirá al Defensor del Pueblo para impugnar el real decreto ley que aprobó el Gobierno para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos, por lo que su colaboración no parece asegurada. Aun así, el procedimiento seguirá en marcha, pues la institución, según ha informado a este diario, por el momento no actuará.

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En cualquier caso, según afirma el Ministerio de la Presidencia, una vez transcurra el plazo de los 15 días previstos, el Consejo de Ministros ordenará la continuación del procedimiento. Es en este momento cuando entrará en juego el Ministerio de Justicia. Llevará a cabo dos trámites: remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el proyecto para llevar a cabo la exhumación y solicitar un informe "no vinculante al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad mortuoria". Como muy tarde, este documento tendría que estar listo en el plazo de un mes. Es decir, en el caso de que los plazos se cumplan de forma escrupulosa, el 14 de octubre. 

"Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar traslado a los interesados (incluidos los familiares) antes de la resolución, para que aleguen lo que estimen oportuno en el plazo improrrogable de 10 días", informan en Presidencia. Pero el propio Ministerio informa a infoLibre de que, en el caso de que se produzca algún tipo de alegación, el tiempo seguirá corriendo. Esto supone que, de nuevo si se da la situación de que todos los tiempos se cumplen, lleguemos al 24 de octubre con el dictador aún enterrado en el mausoleo franquista. 

Será en este momento en el que, según lo previsto por el Gobierno, se convocará un nuevo Consejo de Ministros que tendrá por objeto resolver "sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que vaya a darse a los restos mortales afectados". Por tanto, la exhumación podría hacerse efectiva a principios del mes de noviembre. No obstante, la fecha definitiva dependerá de lo ajustados que se produzcan todos estos pasos previos de obligado cumplimiento antes de ejecutar lo aprobado en el decreto ley del Gobierno.