La Iglesia española promete cambiar las normas 'antipederastia' que ponen la sospecha sobre la víctima

Con la Iglesia mundialmente desbordada por los escándalos de pederastia, la jerarquía española mueve ficha. Está por ver que esté a tiempo de controlar la situación. Reacciona a rebufo del papa Francisco, que ha anunciado un gran encuentro en febrero para intentar atajar un fenómeno que amenaza con arruinar su pontificado. La Conferencia Episcopal Española, representante de las setenta diócesis, anunció este martes la creación de una comisión de trabajo para articular procedimientos de prevención, reparación y castigo. Se trata de preparar la cumbre papal y de cambiar los protocolos antipederastia actuales, que ponen la sospecha en la víctima y parten de la base de que abundan entre las denuncias los montajes para ganar dinero.

El proyecto nace envuelto en la controversia. Su presidente es el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acusado por al menos una de las víctimas del sacerdote abusador José Manuel Ramos Gordón de haber protegido al pederasta y obstaculizado la investigación sobre sus delitos. Menéndez, con el que infoLibre trató sin éxito de contactar este martes, ha negado cualquier encubrimiento.

Los abusos sexuales acreditados de Ramos Gordón se produjeron en la década de los 80 en el Seminario Menor de La Bañeza (León) y en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora). Menéndez llegó en diciembre de 2015 a la Diócesis de Astorga, a la que pertenecía Ramos Gordón. Es decir, Menéndez no tiene nada que ver con los abusos de Ramos Gordón, denunciados en 2014, admitidos por la Iglesia oficialmente al menos desde 2016 y que adquirieron gran relevancia pública al dedicarles Salvados un programa en diciembre de 2017. Víctimas de Ramos Gordón sí cuestionan su forma de proceder desde que llegó. Concretamente, por no expulsar al sacerdote abusador y por adoptar supuestamente medidas tendentes a rebajar el nivel de esclarecimiento de los hechos.

"No es que no colaborase, es que lo protegió. Este señor [Menéndez] lo condenó a un año, pero durante ese año de condena le dio un homenaje, se le permitió oficiar misas. Todo gracias al obispo. Además me dijo que no podían repararme de ninguna forma", explica Francisco Javier, una de las víctimas, que prefiere no desvelar sus apellidos. El obispo ha argumentado que indemnizar una víctima supondría una "malversación", ya que no hay sentencia civil ni penal que establezca un resarcimiento económico. No puede haber sentencia civil ni penal porque los hechos están prescritos. El castigo sobre Ramos Gordón ha sido sólo canónico. En 2016 fue suspendido de sus funciones por la diócesis por sus abusos en La Bañeza en 1998 y 1989, que afectaron a Francisco Javier y su hermano. Más de dos años después, en septiembre de 2018, el Vaticano anunció su suspensión durante diez años por los abusos en Puebla de Sanabria. Una vez pasados los diez años, en los que estará desterrado de la diócesis astorgana, el sacerdote podrá volver para residir en la casa sacerdotal.

Francisco Javier, que denunció el caso en 2014 a través de una carta al papa, se muestra indignado al recordar que Menéndez lo culpaba a él de no haber recibido reparación "por no haberla pedido". "Básicamente se han limitado a pedirme perdón, pero sin sentimiento, sin nada. Mi caso se conoce porque yo lo hice público. Si no, él [Menéndez] lo habría tapado y no se sabría nada", afirma. Sobre la elección del obispo para presidir la comisión, Francisco Javier señala: "No sé si son muy poco inteligentes o es que hay algo que se nos escapa. Es increíble".

Denuncias tardías "con olor a montaje"

El comité tiene ante sí una tarea más que delicada. En primer lugar, tiene que preparar los materiales con los que se presentará en la reunión papal de febrero Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, tenido por próximo a Francisco. En segundo lugar, debe actualizar sus dos protocolos de actuación ante posibles casos de abusos a menores, ambos de 2010. Dichos protocolos ya vienen sufriendo incumplimientos, como el desvelado por el medio Vida Nueva, según el cual sólo dos de las setenta diócesis, Alcalá y Bilbao, ofrecen atención integral a las víctimas.

Pero además están obsoletos en relación con el modelo de directivas redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Ni los protocolos tal y como están escrito, ni tampoco el modelo de directivas siguen las recomendaciones de la ONU en su informe de 2014 sobre la pederastia en la Iglesia, que reclamaba "retirar inmediatamente a todos los abusadores de niños conocidos y sospechosos y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales" y "asegurar un intercambio transparente de todos los archivos que se pueden utilizar para responsabilizar a los abusadores, así como todos aquellos que ocultaron sus crímenes y que deliberadamente colocaron abusadores en contacto con niños". También pedía "establecer reglas claras, mecanismos y procedimientos para la denuncia obligatoria".

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Los protocolos actuales de la Iglesia española obligan a acudir a la autoridad judicial en cumplimiento de la ley civil. La asociación internacional de víctimas Ending Clergy Abuse denuncia que así se queda fuera la denuncia de todo lo que afecte a mayores de 18 años, que pueden haber sufrido abusos durante la infancia y adolescencia, y cuyos abusadores pueden seguir en contacto con niños. "Hasta hoy ha habido más astronautas que han pisado la luna que obispos españoles que han denunciado a un pederasta ante la justicia civil", señala Miguel Hurtado, cofundador de Ending Clergy Abuse, víctima de abusos y psiquiatra infantil. En contraste con las dimensiones colosales que está alcanzando el fenómeno de la pederastia en el seno de la Iglesia, la normativa de la CEE invita a la jerarquía a "no ceder al clima de sospecha, de acusaciones con frecuencia infundadas, de denuncias muy tardías con sabor a montaje, de aprovechamiento con objetivos económicos, de la confusión y del nerviosismo, que con frecuencia acompañan estas oleadas de escándalos públicos".

"Los obispos, muchas veces sin formación psicológica ni jurídica, se arrogan el derecho de hacer una criba y decidir qué es creíble y qué no", señala Hurtado.

El comité está compuesto, según la Conferencia Episcopal, por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de Confer; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales. Su tarea será fundamentalmente jurídica.