Imputado por seis nuevos delitos el líder del PSOE gallego un día después de que Sánchez lo apoyara

El líder del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido imputado –investigado, de acuerdo con la terminología de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– en el marco de la denominada operación Pulpo como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos.

Gómez Besteiro deberá prestar declaración el próximo 11 de mayo a las 10.30 horas en el marco de esta causa, iniciada en junio de 2013 y en la que se investigan irregularidades en la gestión del programa KM0 de la Diputación de Lugo. En concreto, unas trabajadoras denunciaron posibles adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos Monbus. Las empleadas también denunciaron por acoso al jefe del servicio de Protocolo.

Horas después de conocerse la investigación, Gómez Besteiro convocó de urgencia a la ejecutiva de su partido este sábado a las 17.00 horas. En el orden del día que se adjunta con la convocatoria, suscrita por la responsable de Organización, Pilar Cancela, hay un único asunto a tratar: "Informe político del secretario xeral".

Este mismo jueves, durante una visita a Galicia, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, respaldó a Besteiro. Sánchez contestó con un escueto "sí" a la pregunta de un periodista sobre si la situación del PSdeG y de Besteiro es la adecuada para liderar el cambio en Galicia. El líder socialista agregó que "2016 puede ser el año del cambio en Moncloa y también en la Xunta" y que el número uno del partido en Galicia es un "extraordinario político" y un "amigo". "Confío en su inocencia", remató.

Adjudicaciones bajo sospecha

Según se desprende de los autos de la jueza, la investigación abordará posibles "adjudicaciones ilícitas" en el citado programa KM0 que podrían haberse efectuado con "claro quebranto de los principios de objetividad, competencia e igualdad que debe imperar en la contratación administrativa" durante el periodo de Besteiro al frente de la Diputación de Lugo (2007-2015). La jueza sostiene que algunos contratos pudieron ser "amañados" para "favorecer" al grupo Monbus, que se hizo con "la mayoría" de los encargos de este programa por un valor superior a los 800.000 euros.

Además, la magistrada vincula a Besteiro a "un entramado" para financiar "cuantiosos gastos de dudosa legalidad" tanto a trabajadores de la Diputación como a sus familiares con una partida denominada "gasto social". Entre los objetos subvencionados figurarían gafas, prótesis, audífonos, ortodoncias, acupuntura, operaciones láser de ojos, ozonoterapia y un DIU, así como ayudas para vivienda y premios para jubilación, natalidad y nupcialidad. Asimismo, "parece que algunos de sus empleados podrían haber disfrutado de vacaciones subvencionadas", apostilla en el auto. 

La Diputación de Lugo, en cambio, emitió un comunicado en el que señala que "se están atribuyendo acciones del Gobierno Provincial de Francisco Cacharro (PP) en la Diputación de Lugo (1983-2007) al Gobierno Provincial de José Ramón Gómez Besteiro" y que bajo la Presidencia del socialista se "anuló la partida de viajes para funcionarios e hijos de funcionarios". Sobre la partida de "gasto social", arguyó que "la mayoría de las administraciones públicas y desde luego todas las Diputaciones de Galicia tienen ayudas de esta naturaleza", de acuerdo con el convenio colectivo de personal laboral.

"Con la entrada del Gobierno Provincial de José Ramón Gómez Besteiro (2007), se inició una política de racionalización del gasto por la que se redujeron progresivamente estos costes. Es decir, desde 2007, sin suprimir ningún derecho, se recortaron gastos superfluos y se redujeron conceptos, como los citadas viajes. Esto supuso que en el 2015, después de 8 años del gobierno provincial de José Ramón Gómez Besteiro, estes costes (gasto social) se redujeron en un 50%", concluye el comunicado.

Besteiro: "Inadmisible indefensión"

Este viernes, tras conocerse la investigación por seis nuevos presuntos delitos al dirigente gallego, un portavoz de la dirección federal del PSOE resaltó a preguntas de infoLibre que Besteiro "no tiene cargo público". "Cuando se le abra juicio oral, veremos", agregó preguntado por las consecuencias de la investigación. De acuerdo con el Código Ético del partido, "cualquier cargo público y orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo".

El político investigado sostuvo, en un comunicado, que está "expuesto a una inadmisible indefensión". Besteiro consideró que "la citación deriva de unas diligencias iniciadas hace tres años" por causas "ajenas" a su persona y agregó que no puede dar "ningún tipo de explicación ni aportar información" porque "está bajo secreto de sumario" y porque "no tiene acceso a los motivos" por los que se le cita como investigado. "Cuando disponga de algún dato más estaré, como siempre, a disposición de la ciudadanía y los medios", concluyó.

El PSOE gallego aplaza las primarias para elegir candidato a la Xunta

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Un líder en la cuerda floja

Gómez Besteiro ha manifestado anteriormente su deseo de concurrir a las primarias que celebrará el PSOE gallego para elegir a su candidato a la Xunta de Galicia, de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo otoño. La pasada semana Besteiro propuso "aplazar" las primarias, aunque no comunicó si se presentará o no. El número uno de los socialistas gallegos arguyó que la "inestabilidad" actual desaconsejaba la celebración de esas elecciones internas, que siguen sin fecha.

Sobre el líder del PSdeG pesa otra investigación por cuatro presuntos ilícitos penales: delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. La magistrada que instruye esa causa, que es la misma que imputó a Besteiro este viernes, sospecha que el político gallego pudo obtener una rebaja en la compra de un piso y una reforma a cambio de dar luz verde definitiva a una operación urbanística. Como puntos oscuros señala que pagó con cinco años de retraso unas obras y que entregó 36.000 euros en efectivo para la compra de un piso.