El imputado Viera se siente “totalmente” respaldado por Pedro Sánchez

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, exsecretario general del PSOE de Sevilla y actual diputado por el PSOE-A en el Congreso, José Antonio Viera, aseguró este martes que el hecho de ser aforado, "indudablemente", le ha "perjudicado" porque le ha "mantenido tres años en una indefensión absoluta".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Viera, preguntado por si durante estos tres años se ha sentido solo, dijo que aprendió "hace ya algún tiempo lo de la soledad" porque también se ha movido en "otros sectores donde un día eres un héroe y al otro un villlano". "Cuando las cosas se complican, al final queda la familia y los amigos de siempre", resumió. A la cuestión de si se ha sentido apoyado por el partido, se limitó a decir que tiene "todos los apoyos" que le pueden dar tanto de la Ejecutiva federal, como regional y provincial, que "nunca se han pronunciado en contra".

Viera también ha admitido que ha hablado con el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien le ha mostrado su "total" confianza. "Le he dicho que a lo largo de estos meses se demostrará que siempre actué con honestidad en todos los actos", afirmó.

El diputado –que es uno de los nueve aforados citados en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya– lamentó que a lo largo de estos tres últimos años tanto haya visto su nombre "en numerosos escritos" de la Guardia Civil o de la propia juez en los que "se afirma, se rumorea y se hacen conjeturas" sobre su posible actuación y que eso se ha convertido en una "imputación camuflada y una acusación y condena mediática" de la que no se ha podido "defender".

"Esto es una especie de muerte civil", sentenció el socialista, que también criticó la filtración a los medios de comunicación de la parte razonada que Alaya elevó al Supremo y que apareció en "un serial de radios, televisiones y medios escritos con pelos y señales" sin que lo tuvieran ni las partes ni los aforados afectados.

Por ello, deseó que "alguna de las instituciones que deben de velar por las garantías procesales investigue lo ocurrido y pida responsabilidades al respecto". Sobre todo, según añadió, porque él entró en la política "con honor y con honra", no para "servirse" de ella, y no se "ha encontrado nada ni legal ni inmoral" en su actuación aunque, con la instrucción realizada del caso y la repercusión mediática, le "han destrozado el itinerario de más de 20 años dedicados al servicio público" y le han hecho un "daño desde el punto de vista moral y de prestigio irrecuperable".

En este contexto, y cuestionado sobre si sigue siendo diputado del PSOE-A en el Congreso para mantener el aforamiento, Viera nego este extremo y ha pedido "hacer pedagogía" de esta figura porque, en su opinión, "no es ningún privilegio que quite responsabilidad a las personas aforadas". "Yo diría que le quita incluso instancias para poder recurrir porque cuando el Tribunal Supremo se pronuncia ya no hay posibilidad de recurrir a ninguna otra instancia", dijo tras asegurar que, "indudablemente", en su caso a él le ha perjudicado tener esta condición porque ha pasado "tres años en indefensión absoluta".

A la pregunta de por qué no ha renunciado entonces a su acta de diputado, Viera señaló que "cuando uno está en una estructura como el PSOE-A, esas situaciones no se resuelven de manera individual". Respecto a si la dejará si finalmente es imputado por el Supremo, se limitó a decir que en caso de que llegue ese momento, el PSOE-A "tiene un código de conducta en el que se dice que el periodo de imputación es un periodo de defensa de un militante y que, si hay acusación firme, es el momento en que se tomará esa decisión".

Defiende su comportamiento legal y ético

A lo largo de toda la entrevista, el exconsejero de la Junta defendió que todas las acciones que llevó a cabo en la Consejería de Empleo entre el año 2000 y 2004 en los que la dirigió fueron "legales" desde el punto de vista jurídico y "éticas" desde el punto de vista moral.

Por ello, y porque tiene "muy claro" que para explicar "todo lo ocurrido" entre esos años en su Consejería hay "argumentos y documentación que acredita que nunca participé en ninguna acción ilegal y mucho menos amoral", expresó su deseo de acudir también voluntariamente a declarar ante el Supremo para evitar seguir en un "limbo jurídico", tal y como ya hicieron los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Viera recalcó que "no es posible que la ley de presupuestos del Gobierno andaluz, que pasa por el Parlamento, que entra en todas comisiones de la Cámara andaluza, pueda escapar justamente a esos controles jurídicos", por lo que insiste en que todos los que han trabajado en la Junta en esos años creían "firmemente" que sus acciones eran "legales".

En este sentido, criticó que la juez Alaya señalase al Parlamento en alguno de sus autos poniendo "a los parlamentarios en una absoluta situación de ignorancia" y defendió que en la Junta siempre se "ha ido buscando profesionalizar todos los sistemas de uso y gestión de los fondos públicos". Con todo, advirtió de que, por muchos elementos de control que haya, hay "un principio fundamental que es la confianza", la cual, si falla y "se produce una traición", hace que ninguno de esos elementos "sirvan para nada".

Al hilo de esta reflexión y preguntado sobre por qué ratificó en su puesto al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Viera dijo que cuando lo mantuvo en el cargo fue porque, por las opiniones que recabó de él "no tenía motivos para dudar de su capacidad". A la pregunta de si se arrepiente de haberlo tenido en su equipo, indicó que no sabe "el resultado del proceso" pero que, si se "llega a una realidad que se pueda constatar, sin duda alguna, los comportamientos que no son éticos son repudiables".

Respecto a si nunca tuvo noticias de los supuestos comportamientos de Guerrero –cuyo chófer declaró ante la Policía Judicial que destinó a cocaína, "fiesta y copas" la mayor parte de ayudas que el propio Guerrero concedió a empresas de su propiedad–, Viera explicó entre "un director general y un consejero hay al menos tres o cuatro cargos subordinados" y que "nunca" le llegó "ningún informe ni comentario negativo de su conducta desde el punto de vista legal ni moral" ni por parte de la Intervención General ni del viceconsejero o secretario general técnico de presupuestos.

Niega la trama de la Sierra Norte

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Cuestionado sobre la denominada 'trama de la Sierra Norte', zona de la provincia de Sevilla a la que fueron a parar en torno al 60 por ciento de las ayudas públicas concedidas entre 2001 y 2010, Viera negó con "rotundidad" que utilizara dinero de la Junta para beneficiar a sus amigos, familiares o conocidos. "Entre 2000 y 2004 jamás he tomado ninguna decisión que favorezca ni a sindicatos ni al entorno del PSOE-A ni a ningún familiar ni conocido. Jamás por ninguna decisión política mía", aseveró.

Viera también negó que conociera a los empresarios Rosendo y Sayago, con quienes ni se ha reunido nunca ni tiene amistad como "conjetura", en su opinión, la juez Alaya. Además, negó que supiera que una de sus hijas estuviera trabajando para una de estas empresas porque, al ser mayor de edad, "entró voluntariamente de la empresa y se fue de ella sin contar con mi opinión". "Lo conocí después cuando esto ya había saltado", explicó.

El socialista negó, igualmente, que diera orden a su sucesor en la Consejería de Empleo de completar el planing de las ayudas para la Sierra Norte. "Eso es absolutamente falso, no he vuelto a tener contacto con la consejería desde que me fui", zanjó.